Por Stakeholders
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Por Marco Minaya
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Stakeholders estuvo presente en la presentación del primer informe regional «¿Qué están haciendo las empresas por la infancia?», investigación desarrollada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en colaboración con Deloitte, un estudio que analizó a 267 empresas de Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
El informe a nivel regional, así como el informe de Perú, fueron compartidos en el marco del XXII Simposio de Sostenibilidad, organizado por Perú 2021. Estos documentos resumen los resultados de la responsabilidad y las prácticas que asumen las empresas para asegurar los derechos de los niños en el lugar de trabajo, el mercado, la comunidad y el medioambiente.
La representante de Unicef en el Perú, María Luisa Fornara, resaltó que Unicef considera firmemente que el sector privado está llamado a ser un aliado estratégico con un rol fundamental en la realización de los derechos del niño, así como en la promoción de los esfuerzos del Gobierno y la comunidad para protegerlos. Este primer informe nos permite tener datos concretos para articular estos objetivos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la mano con las empresas peruanas. «Si bien se busca realizar una labor en materia de recaudación de fondos, se trata también de considerar este tipo de iniciativas como un trabajo de responsabilidad social».
Resultados revelan avances y desafíos pendientes para las empresas en el Perú y en la región
Marcelo Ber, especialista de Empresas y Derechos del Niño para América Latina y el Caribe de Unicef, comentó sobre los principales hallazgos del informe en los cuatro países. Se concluye, por ejemplo, que solo el 9 % de las empresas ofrece a sus colaboradores el acceso a un centro de desarrollo infantil, lo que provoca que muchos niños no gocen de una adecuada estimulación temprana, lo que a futuro traerá consecuencias en su vida adulta. En la misma línea, únicamente el 37 % de las compañías encuestadas cuenta con una sala de lactancia, lo que impide a muchas madres poder ofrecer a sus niños y niñas los beneficios de la mejor nutrición desde el comienzo de la vida.
De otro lado, solamente el 27 % de las empresas participantes ha incorporado en contratos con sus proveedores cláusulas para prevenir daños morales o físicos en la infancia, a lo largo de la cadena de valor. Esto incluye no solo la prohibición del trabajo infantil, sino también políticas esenciales como el acceso de madres y padres a horarios que les permitan participar en la crianza de sus hijos e hijas.
El informe concluye que el 88 % de las empresas encuestadas se vinculan con diversas ONG y el 83 % apoya a la comunidad en situaciones de emergencia como terremotos o inundaciones, lo que muestra un alto grado de compromiso hacia la infancia. Sin embargo, cuando se analiza la brecha de habilidades que demanda el mercado laboral, se encuentra que solo un 26 % brinda oportunidades laborales a jóvenes de escasos recursos y sin experiencia previa. Esta cifra muestra que las compañías podrían hacer un mayor esfuerzo para potenciar sus programas de pasantías y otras modalidades para que los jóvenes puedan ingresar a la vida laboral. Con esta acción, no tendrían la necesidad de recurrir al sector informal, que está mucho menos protegido y supone un mayor riesgo de abuso, explotación y violencia.
Resultados en el Perú
Uno de los ámbitos donde las empresas pueden incidir en la protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes es dentro del lugar de trabajo. El informe realizado en el país revela que el 73 % de empresas encuestadas cuenta con un servicio de lactancia materna y el 87 % brinda horarios flexibles para temas vinculados a la maternidad o paternidad. Por otro lado, únicamente el 38 % de empresas otorga licencia por maternidad con goce de sueldo y apenas el 6 % cuenta con un servicio de cuna.
Las empresas también pueden tomar acciones cuando incorporan una postura responsable a través de aquello que producen y comercializan. En ese sentido, el 37 % de las encuestadas toma medidas para asegurar que sus productos y/o servicios sean seguros para niños y adolescentes en sus procesos de producción, comercialización y distribución. En esta misma línea, el 26 % ha incorporado en contratos con sus proveedores cláusulas relacionadas con la prohibición del trabajo infantil y los derechos de la niñez.
Otro ámbito donde las empresas pueden movilizarse es mediante la comunidad, en la que pueden llegar a cumplir un papel relevante para su desarrollo. Según las cifras del informe, el 76 % apoya iniciativas vinculadas a la niñez y adolescencia, y el 68 % controla su impacto sobre niñas y mujeres embarazadas por medio del tratamiento de residuos. Fueron cincuenta y cinco empresas peruanas las que contestaron la encuesta. Todas pertenecen al sector privado. En cuanto a la composición del capital, el 57 % son de capital nacional, mientras que el 33 % son de capital extranjero y el resto (9 %) de capital mixto.
