Por Stakeholders
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El Rol de las relaciones públicas comunitarias, última publicación del Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, examina las estrategias de relacionamiento de las empresas mineras, del Estado y de las organizaciones sociales en doce conflictos ocurridos entre el 2004 y el 2014, buscando patrones comunes entre los sucesos.
Casos como Tambogrande, Cerro Quilish, Conga, Tía María, Tintaya, Río Blanco, Las Bambas, Cañariaco, Santa Ana y otros son analizados por el autor, Luis Urquizo, quien pone en discusión el rol social de las empresas mineras y los derechos indígenas frente al boom de los recursos naturales, sin dejar de hacer referencia al problema de desigualdad social en el Perú y su relación con los patrones de distribución del canon minero en los gobiernos subnacionales.
Para esto Urquizo realizó, por medio de un software especializado, un análisis de minería textual que le permitió procesar cinco bases de datos, utilizando reportes de la Defensoría del Pueblo, notas de prensa, informes del Ministerio de Energía y Minas y otros. Esta base llegó a abarcar más de 1900 documentos y permitió desarrollar un Índice de Conflictividad Documentada (ICD).
Este ranking, dividido por categorías (empresas, organizaciones y ubicación geográfica), es una muestra de 10 años de experiencias que identifica a los frentes de defensa, distritos, empresas y comunidades con mayores antecedentes de conflictos. De esta manera, resaltan por ejemplo las mineras Antamina y Yanacocha, que son mencionadas más de dos mil veces, cada una, en los documentos estudiados.
Desde el lado de la sociedad civil, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, el Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero (Puno), y la comunidad campesina de Concepción Ingenio (Puno) son los que han tenido mayor presencia en los conflictos de la última década.
Geográficamente, se muestra a Ancash, Puno, Cusco y Cajamarca como los departamentos con mayor conflictividad. Aquí el autor resalta una paradoja, pues Ancash y Cajamarca fueron los departamentos que recibieron un mayor Canon Minero entre el 2009 y 2014. Los 3,843 millones de soles que recibió Ancash no evitaron que sea el lugar de mayor conflicto en el país.
En esta línea el estudio sostiene que existen factores externos a la relación empresa-comunidad que han generado nuevas dinámicas y estrategias para prevenir los conflictos. Estos factores o variables coexisten en el plano informal. Es decir, el oportunismo radical, los intereses económicos ocultos o las fragmentaciones sociopolíticas son dinámicas sociales, culturales o económicas que carecen de cualidades tangibles pero de un impacto innegable en el desarrollo de un conflicto. Además concluye que las manifestaciones públicas han sido ventanas de oportunidad para operadores políticos no comprometidos con el desarrollo sostenible de las comunidades o el medioambiente.
