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Cifras preocupantes. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de las 2,269 personas que…
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Cifras preocupantes. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de las 2,269 personas que en su momento fueron detenidas por desmanes y revueltas provocados durante conflictos sociales entre el año 2006 y lo que va del 2010, sólo 34 permanecen recluidas en cárceles del país, es decir, apenas el 1.5%.
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De esta cifra, la mayor cantidad de detenidos se produjo a raíz de los trágicos sucesos que en junio del año pasado se dieron en Bagua (Amazonas), donde una protesta nativa (que incluyó el secuestro de policías, bloqueo de vías y la destrucción de locales públicos) causó la muerte de 23 efectivos y 10 civiles.
Los detenidos por los desmanes durante el llamado "Baguazo" suman hoy 18 y se encuentran recluidos en el penal de Huancas (Chachapoyas) procesados por varios delitos, entre los que figuran la alteración del orden público. Asimismo, un segundo grupo de detenidos -por otros casos- está recluido en cárceles de Lima (Lurigancho), Callao y Cañete por delitos como robo agravado y extorsión. Dos de ellos, identificados como Enrique Malca Lazo y Humberto Guere Cordero, tenían por costumbre infiltrarse en movilizaciones convocadas por transportistas y construcción civil para provocar desmanes. Pero llama la atención también, según las estadísticas del Digimin actualizadas a la primera semana de abril -a las cuales accedió Correo, que de la huelga de mineros informales en Chala (Arequipa) donde fallecieron seis personas, sólo exista un detenido: Ángel Fabio Lazarte Vilca, quien fue apresado al tener en su poder una carga de dinamita. Cabe recordar que en dicha huelga y tras el enfrentamiento que los informales protagonizaron con la Policía para evitar el desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, un juez de Caravelí concedió increíblemente la comparecencia -llevar el proceso en libertad- a 27 detenidos. IMPUNIDAD. El ex magistrado antiterrorista Marcos Ibazeta calificó de "inexplicable" que pese a la gran cantidad de conflictos sociales ocurridos en los últimos cinco años en el país (muchos con trágicas consecuencias), sólo exista una cifra menor de detenidos en las cárceles. "O está fallando el sistema de justicia, que ante los desmanes de una turba exige a la Policía una prueba directa del acto delictivo, y como ésta no lo tiene resuelve detener sólo a los más comprometidos; o está fallando la Policía y su inteligencia para identificar a quiénes están detrás de los desmanes y los actos violentos", dijo a este diario. Para Ibazeta, "se está provocando una situación de impunidad, y cuanto más impunidad se logre (por parte de los revoltosos) más se masifica como método el ejercicio de la violencia". El ex magistrado lamentó además que en los últimos conflictos sociales la Policía sólo se haya dedicado a "controlar el restablecimiento del orden y que no se causen mayores daños", y que el Poder Judicial abdique por "costumbre" su tarea sancionadora bajo el criterio de que "lesionaría la paz social tener mil personas encarceladas o procesadas". LEY NO SE CUMPLE. Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio estimó que se debía tener en cuenta que si bien el Código Penal establece sanciones severas para los que provocan desmanes con violencia (por ejemplo, hasta diez años de carcelería por la obstrucción de servicios públicos), muchas veces estos castigos no se cumplen por desidia del sistema de justicia o porque los condenados logran acogerse a beneficios. "Aun cuando se haya aumentado la sanción y se haya detenido a muchas personas, en última instancia, los que terminan encarcelados son un número reducido, con lo cual la pena privativa no cumple un rol protagónico como se alardea políticamente (…) Se pone en evidencia que existe una discordancia entre el Código Penal y lo que se hace en la práctica", agregó. Fuente: |
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