Por Stakeholders
Lectura de:
por Chriss Ríos
LOS AVANCES: ¿MITO O REALIDAD?
La consulta previa es y será siempre un tema bastante polémico y debatible. Debido a las recientes propuestas presidenciales a favor y en contra de esta medida, se ha puesto sobre el tapete su verdadera efectividad y viabilidad. Señalada como la principal causa de los conflictos sociales que aquejan al Perú, hoy en día nos preguntamos cómo camina realmente este complicado proceso y cuáles son las mejoras o cambios que quedan pendientes para el gobierno entrante.
Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) que ha seguido muy de cerca este proceso desde que entró en vigencia en el año 2012, afirmó que se han alcanzado algunas metas, pero que aún existen demasiadas falencias. “Se produjo una carencia total de información acerca de los impactos ambientales, sobretodo en el tema de proyectos hidrocarburíferos; por ende, no se ha consultado en absoluto sobre cuál va a ser el instrumento de gestión ambiental”, enfatizó.
Sumado a esto, el abogado consideró que los funcionarios responsables de la aplicación de la consulta previa pertenecen a un solo sector, cuando estos son multisectoriales y deben abarcar también el rubro de salud, educación y vivienda. Con respecto a este mismo tema, Ángela Acevedo, Directora General de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, manifestó que los 24 procesos de consulta previa que se han dado en los últimos tres años han sido de gran provecho, puesto que han dejado un importante aprendizaje para el Estado.
“Hemos consultado tanto en temas de minería, como de hidrocarburos y de áreas naturales protegidas; ahí hemos avanzado de forma considerable en cuanto a normativa y lineamientos, además ya contamos con un equipo especializado en este proceso”, aseveró Acevedo. “Ahora existe una estructura armada; ya tenemos un piso, un inicio, lo que queda por hacer es continuar con la mejora y su respectiva implementación”, acotó.
Sin embargo, según el abogado, no es suficiente con que el gobierno afirme que existen 24 procesos culminados. “Aquí la cuestión está en llegar hasta el final, en formalizar y verificar el cumplimiento”, puntualizó. La Directora de los Derechos de los Pueblos Indígenas admitió que aún quedan muchas cosas por hacer. “El gobierno debe fortalecerse en el tema de identificación de pueblos indígenas, con información actualizada y confiable. La metodología ya está establecida, pero falta dotarla de las herramientas necesarias como por ejemplo un buen presupuesto”.
Hay un gran paso que tiene que darse y que está pendiente, según lo que nos cuenta, “está claro que tiene que realizarse un seguimiento, una exhaustiva verificación del cumplimiento de todos los acuerdos llevados a cabo en la consulta previa. Acto seguido, esto debe informarse y difundirse, pues al no hacerse va a generarse mucho malestar y desconfianza”, determinó.
EL DIÁLOGO INTERCULTURAL: OBSTÁCULOS
Como bien lo han indicado los especialistas, existen retos grandes por cumplir de cara al próximo gobierno. Uno de ellos, expresó Acevedo, consiste en esperar un auténtico proceso comunicacional entre Estado y comunidades indígenas, sobretodo en el rubro de hidrocarburos y minería, dado que el lenguaje resulta ser demasiado técnico y complejo. “¿Cómo expresarlo en un lenguaje sencillo y traducirlo a las lenguas nativas?”, cuestiona Acevedo, quien agregó que se debe trabajar muy duro y a profundidad.
En relación a ello, Karina Vargas, coordinadora del Proyecto “Consulta Previa” de la cooperación alemana en el Perú, manifestó que el tema de la traducción en los distintos idiomas indígenas complejiza los procesos de diálogo, pero es totalmente necesaria. “Para entablar un verdadero diálogo, no basta solo con la traducción, sino que los funcionarios deben desarrollar competencias interculturales para relacionarse con los pueblos indígenas y que exista respeto y valoración mutua entre las partes que dialogan”, declaró.
SOBRE LAS CRÍTICAS
Son muchas las críticas que se han dado en torno a esta medida, personajes de la política como Carlos Del Solar, ex Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la han calificado incluso como “una pérdida total de tiempo y una estupidez innecesaria que lo único que logra es ponerle trabas a la inversión minera”. “Es injusto que algunos digan que la consulta previa no funciona. Como nueva política de gobierno con solo 3 años en vigencia aún está en proceso de mejorarse, fortalecerse e ir perfeccionándose.
Evidentemente, hay cambios que tienen que hacerse, pero no es posible decir que no se ha hecho nada”, aseveró Acevedo. “La base ya está puesta. Ese derecho que tienen todos los pueblos indígenas ya está implementado y su respectiva normativa ya forma parte de la estructura del poder ejecutivo. Ahora es cuestión del nuevo gobierno darle continuidad a este proceso y generar las mejoras convenientes. Ya no hay vuelta atrás”, finalizó.
Mucho más útil que criticar resulta aportar. Justamente en eso consiste la labor que viene realizando Karina Vargas dentro de su organización. “Parte de nuestras iniciativas están enfocadas en fortalecer las capacidades de los actores del proceso de consulta, tales como la Defensoría del Pueblo, así se podrá supervisar de manera óptima el funcionamiento de este proceso por parte del gobierno”, manifestó Vargas.
FACTORES ELEMENTALES DEL PROCESO
Karina Vargas explicó que un factor fundamental para el buen desempeño de la consulta previa es fortalecer el enfoque intercultural en los procesos y seguir desarrollando competencias referidas al comportamiento y la interacción de los funcionarios con los pueblos indígenas. “Esto puede parecer algo simple y de poca importancia, pero en una acción donde se busca generar participación y sobretodo confianza esto se vuelve básico”, puntualizó Vargas.
No tener un adecuado acercamiento a los pueblos indígenas puede llegar incluso, a frenar toda iniciativa de diálogo y consenso. “Entendemos por enfoque intercultural el reconocimiento y valoración positiva de las diferencias culturales, con el objetivo de construir relaciones recíprocas y equitativas entre los diferentes grupos culturales, lo cual es clave para nuestro trabajo diario” explicó. Cabe recalcar, que las habilidades interculturales no son innatas, sino que deben ser desarrolladas mediante procesos de sensibilización, educación y talleres vivenciales.
Otro de los factores considerado trascendental para Vargas es la traducción. “Todo proceso de consulta con comunidades nativas debe contar con intérpretes acreditados por el Viceministerio de Interculturalidad (VMI). Lo que ha pasado en ocasiones es que los ponentes explicaban sus ideas sin pausas y por largos períodos de tiempo, lo que hacía muy complicado para el traductor captar todo el mensaje”, contó. Además, es totalmente necesario que exista un trabajo previo con los traductores para informarles los temas a debatir.
La flexibilidad en los plazos también debe tenerse muy en cuenta, pues en la actualidad el proceso de consulta previa en sí es bastante formal y se enfoca de manera exagerada en no exceder los plazos máximos de la consulta (120 días). Por ende, agregó la coordinadora del Proyecto Consulta Previa de la Cooperación Alemana -GIZ, el tiempo establecido por la ley no debe significar una limitación para las comunidades y su adecuado desenvolvimiento en el proceso.
De acuerdo al principio de flexibilidad e interculturalidad, se debe considerar el contexto geográfico de los pueblos, así como aspectos culturales y sociales: lenguaje, dificultad para entender tecnicismos, bajos índices de escolaridad o que simplemente muchas veces no se consulta a un solo pueblo, sino a varios. Esto requiere definitivamente la existencia de plazos flexibles.
Sin embargo, para echar a andar adecuadamente un plan de acción hay un factor esencial que nunca puede faltar: el presupuesto. “El gobierno no ha asignado los recursos suficientes para este tema, en otras ocasiones se desconoce la cantidad exacta de procesos de consulta que se van a llevar a cabo, por lo que no hay dinero suficiente. Es ahí cuando se suscitan los grandes problemas, pues las entidades promotoras son las que tienen que improvisar y ver cómo se soluciona el tema”, comentó.
Por esa razón, Karina Vargas reiteró la importancia de una buena planificación del presupuesto para el número real de consultas previas que se estima realizar anualmente. “También es necesario destinar dinero para eventos de contingencia”, finalizó Vargas.
OTRA VISIÓN DEL TEMA
En la opinión del abogado y profesor de la PUCP, Alejandro Falla Jara, el concepto de “consulta previa” está completamente mal entendido. “El Estado debe notificar previamente cualquier tipo de regulación o normativa que afecte a la ciudadanía. Esto no solo con las comunidades nativas originarias sino con todos.
Es inadmisible que en el Perú eso signifique más una gracia que una obligación” sentenció Falla Jara. También afirma que el gran error ha sido focalizar el tema solo en lo que respecta a los grupos indígenas, cuando lo acertado hubiese sido darle un enfoque global. “La denominada consulta previa ha debido plantearse desde un inicio como una regla general de la actividad regulatoria del Estado. Este tipo de principios se aplican en todos los rubros, si esto no se hace estaríamos ante la existencia de ciudadanos de primera y segunda clase.
¿Acaso solo determinados sectores del país merecen ser consultados sobre los temas que les competen?”, determinó. El abogado puso de manifiesto que, a su modo de ver las cosas, esta visión del tema podría reducir considerablemente los conflictos, dado que “comunicar, sustentar, discutir y pactar antes de ejecutar algo pasaría a formar parte de un proceso completamente cotidiano y natural ante cualquier acción normativa y/o regulativa”.
De este modo, la complejidad que amerita no solo el estudio o implementación de la consulta previa, sino analizar el contexto o comunidad en donde será implementado representa un reto para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que hace falta un mayor análisis del contexto en donde están involucrados los tres actores: Estado, sector privado y comunidad.
