Por Stakeholders
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A un año de aprobada la Ley 30230 (la denominada del paquetazo ambiental), organizaciones de la sociedad civil respaldadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aclararon no estar en contra de las inversiones, pero exigieron se respeten sus derechos. En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.
“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.
Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.
“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.
A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.
Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.
En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.
