Por Stakeholders
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Recientemente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) publicó un estudio sobre las barreras que se imponen en municipalidades de Lima y provincias para la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo a este informe las trabas burocráticas retrasan, y en muchos de los casos frenan las inversiones en telecomunicaciones, perjudicando la calidad del servicio que recibe el usuario.
En el informe también se recomienda a los municipios asegurar procedimientos administrativos ágiles y cobros que no superen los costos reales para este tipo de trámites. En consecuencia de ello, los operadores de telecomunicaciones podrán desarrollar acciones que permitan mejorar su calidad.
“Algunos municipios restringen o prohíben la instalación de antenas pretendiendo imponer ordenanzas con procedimientos y requisitos diferentes a lo que establece la Ley 29022 -Ley para la expansión de las telecomunicaciones. Esto ha ocasionado un déficit de al menos 14 mil antenas a nivel nacional, de acuerdo a cifras estimadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, señaló sobre el particular Ami Dannon, gerente general de AFIN.
“Cabe señalar que la Ley, dispone el procedimiento y requisitos que los municipios deben observar para otorgar las autorizaciones de instalación. Lamentablemente, en muchos casos, las autoridades locales no la cumplen”.
“Nos enfrentamos así a la contradicción del Estado contra el Estado: mientras el organismo regulador exige a las empresas operadoras realizar las inversiones que requiere el sector para garantizar los niveles de calidad y cobertura que demandan los usuarios, las municipalidades no permiten la instalación de antenas”, añadió.
Para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura y estándares de calidad que impone el organismo regulador, así como la implementación de nuevas tecnologías, se necesita al menos triplicar el número de antenas existente. En ese sentido, “las empresas operadoras requieren de un marco legal que garantice los altos niveles de inversión que demanda el sector”, finalizó Dannon.
