Por Stakeholders
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La remediación de pasivos ambientales mineros en Perú ya no se evalúa únicamente por el volumen de material estabilizado o por la inversión ejecutada. Hoy, el foco se encuentra en los resultados que estas intervenciones generan sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la calidad de vida de las comunidades.
Bajo esa premisa, la empresa pública Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) viene impulsando proyectos que combinan recuperación ambiental, participación ciudadana y desarrollo territorial en distintas regiones del país.
“La principal transformación de AMSAC en estos veinte años ha sido entender que remediar un pasivo ambiental significa recuperar un territorio para la gente. Esta visión considera la protección de fuentes de agua, la recuperación de suelos, la reducción de la exposición a contaminantes y la generación de condiciones más seguras para el desarrollo local”, señaló Dante Aguilar Onofre, gerente general de la entidad.
Ancash, Pasco y Junín: las regiones que obtuvieron una recuperación ambiental
Uno de los principales casos destacados por AMSAC es el proyecto Excélsior, ubicado en Pasco.
La intervención permitió estabilizar alrededor de 55 millones de toneladas de desmonte minero y recuperar 69 hectáreas de terreno, beneficiando a miles de habitantes de la zona.
Además, un estudio de Retorno Social de la Inversión (SROI), desarrollado junto con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, concluyó que por cada sol invertido en el proyecto se generan hasta S/ 6,24 en beneficios sociales, económicos y ambientales para la población.
En la misma región, el proyecto Azulmina culminó el cierre de 68 pasivos ambientales mineros, reduciendo fuentes históricas de contaminación y disminuyendo riesgos sanitarios y ecológicos para cerca de 29.000 personas.
La restauración de ecosistemas también avanza en Junín, una de las regiones más impactadas históricamente por actividades metalúrgicas.
El proyecto Calioc-Chacrapuquio logró recuperar 800 hectáreas de terrenos afectados por las emisiones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. La intervención incluyó la siembra masiva de especies nativas como el quenual y el colle, contribuyendo a recuperar la cobertura vegetal y mejorar las condiciones ambientales de la zona.
A esta iniciativa se sumó el proyecto Alto Marcavalle, que permitió restaurar otras 275 hectáreas en la misma región.
En el norte del país, la remediación se ha enfocado en reducir riesgos sobre recursos hídricos estratégicos.
El proyecto Pushaquilca, en Áncash, logró cerrar definitivamente 33 pasivos ambientales mineros catalogados como de alto y muy alto riesgo. Estas estructuras representaban una amenaza para las quebradas Urupay y Pelagatos, fuentes de agua importantes para las poblaciones cercanas.
La intervención busca garantizar una mayor seguridad hídrica y disminuir el riesgo de contaminación en el entorno.
Comunidades participan en la vigilancia y ejecución de proyectos
AMSAC sostiene que el éxito de los procesos de remediación depende de la participación activa de las comunidades.
Durante 2026, la empresa impulsó 23 mesas de sostenibilidad que permitieron alcanzar 157 acuerdos comunitarios. Asimismo, desarrolló más de 280 actividades informativas con la participación de alrededor de 8.000 personas.
El impacto también se refleja en el empleo local. Según la entidad, el 75% de la mano de obra contratada para sus proyectos provino de las propias zonas de intervención, lo que permitió generar 767 puestos de trabajo.
A ello se suman los comités de monitoreo ambiental participativo, mecanismos mediante los cuales los pobladores supervisan y validan los resultados de las acciones ejecutadas en sus territorios.
De cara a los próximos años, la empresa proyecta incorporar herramientas tecnológicas innovadoras en los procesos de cierre de minas y remediación ambiental.
La estrategia busca aprovechar la experiencia acumulada en la recuperación de territorios afectados por la actividad minera y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar desafíos ambientales cada vez más complejos.
Para AMSAC, el objetivo final trasciende la recuperación física de un espacio degradado. La meta es restituir condiciones que permitan a las comunidades desarrollarse en entornos más seguros, productivos y sostenibles.
