Por Stakeholders
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En el marco de la reciente audiencia pública sobre la delegación de facultades al Ejecutivo, expertos de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas expresaron su profundo rechazo ante propuestas normativas que vulnerarían la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los territorios indígenas y aplicarían el “silencio administrativo positivo”; a los procesos de certificación ambiental.
Entre las medidas planteadas se encuentran modificaciones relacionadas con el Parque Nacional Bahuaja Sonene y con la Ley N.º 28736, que protege a los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Las organizaciones participantes han señalado que, por sus potenciales consecuencias ambientales y sociales de largo plazo, estas materias requieren un amplio análisis técnico y debate público.
El riesgo sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene
El Ejecutivo plantea modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la reducción física o legal de estos ecosistemas bajo el argumento de “necesidad pública”, habilitando la exploración de hidrocarburos.
Denisse Linares, líder del programa de Sostenibilidad de DAR, alertó sobre el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene (sector Candamo): “El proyecto ignora que un Parque Nacional es de protección estricta e intangible, existiendo incluso ya un fallo judicial en segunda instancia que prohíbe las actividades extractivas en dicha zona”.
Los especialistas señalaron que una modificación de este tipo tendría implicancias para todo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incluyendo ecosistemas marinos.
Bahuaja Sonene, con más de 1 millón de hectáreas, alberga especies en peligro de extinción como guacamayos, águilas arpía, jaguares, tapires y lobos de río.
Amenaza a pueblos indígenas en aislamiento
Rocío Trujillo, en representación de AIDESEP comentó que uno de los principales puntos de preocupación del pedido de facultades legislativas se encuentra en su propia Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N.º 00098/2026, donde se plantea modificar la Ley N.º 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Las organizaciones indígenas han planteado preocupaciones sobre las posibles implicancias de estas modificaciones para los derechos de los pueblos en aislamiento y el principio de intangibilidad de las Reservas Indígenas.
Los PIACI se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y se desplazan por territorios que incluyen Reservas Indígenas y Áreas Naturales Protegidas. Cualquier modificación que permita ampliar o mantener actividades extractivas en estos espacios podría incrementar los riesgos para su vida e integridad reconocidos en el marco de protección nacional e internacional.
Otro tema planteado es la consulta previa. El Convenio 169 de la OIT establece que las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas deben ser consultadas. En ese contexto, las organizaciones indígenas han señalado la necesidad de analizar las posibles implicancias de las modificaciones propuestas sobre este derecho y otros reconocidos en instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Seguridad energética: ¿cómo planificar el abastecimiento de gas de largo plazo?
DAR también cuestionó la falta de planificación energética de largo plazo. Recordó que el único proyecto de gas que abastece al Perú es el Lote 88 en Cusco, y que decisiones sobre otros lotes como el 58 requieren sustento técnico y transparencia sobre reservas certificadas y proyecciones de demanda para los próximos 40 años.
Respecto al silencio administrativo positivo, las organizaciones alertaron que aplicarlo a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) permitiría aprobar automáticamente expedientes deficientes. Según DAR, el 82 % de las observaciones en certificaciones se debe a fallas técnicas de las empresas en la descripción de proyectos, líneas base e identificación de impactos.
Rechazo nacional e internacional
Más de 400 organizaciones sociales, gremios y sindicatos firmaron un pronunciamiento contra la delegación de facultades. Además, nueve relatores especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Gobierno peruano expresando preocupación por los efectos de estas medidas sobre el ambiente y los derechos humanos.
Los especialistas coincidieron en que el debate debe centrarse en la defensa de los pueblos indígenas y territorios PIACI, la protección de las ANP y cabeceras de cuenca, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la transparencia en la planificación energética.
