Hacia una mayor flexibilidad y seguridad en el mercado laboral peruano

A todo esto se suma la desaceleración que va a experimentar la economía peruana en los próximos meses, lo cual repercutirá en la reducción significativa de la generación de empleos formales.

Se plantea aplicar el enfoque de la flexi-seguridad laboral para el país, modelo que busca adaptarse al nuevo patrón de producción y competencia del actual mundo laboral en el que los trabajadores ya no tienen un solo empleo sino tendrán varios trabajos a lo largo de su vida. Este modelo consta de tres componentes: flexibilidad de contratación y despido, políticas activas en el mercado laboral y red de protección social adecuada.

El primer componente plantea que debe haber políticas que den mayor flexibilidad a los procesos de contratación y despido. En el Perú, las leyes sobre el despido arbitrario, así como las indemnizaciones involucradas no facilitan la dimensión de contratación y despido flexible de este modelo. Por otro lado, existe una renuencia de los empleadores por contratar a plazo indefinido en el Perú. Asimismo, una comparación internacional como el ranking Doing Business del Banco Mundial establece que el Perú está en el puesto 158 en sus facilidades para la contratación laboral, situándose entre los 20 países con mayor rigidez laboral en el mundo.

El segundo componente plantea la necesidad de un sistema de protección al trabajador durante el periodo de desempleo. Este seguro no ha podido implementarse, debido a los elevados niveles de informalidad laboral en el país. El sistema actual de compensación por tiempo de servicios, en el sector formal de la economía, y programas como "A Trabajar Urbano – Construyendo Perú", en el sector informal urbano, funcionan como una suerte de protección durante el desempleo. Sin embargo, ninguno de estos programas ayuda a una mejor reinserción laboral, puesto que el castigo salarial promedio encontrado fluctúa entre 9 y 20 por ciento, siendo las mujeres las que sufren de mayor castigo salarial.

El tercer componente se refiere a políticas activas en el mercado que favorezcan la capacitación continua que facilite la colocación laboral. La acción estatal en ese aspecto debe ser muy activa en países como en nuestro, en los que la situación de desigualdad haría muy difícil que grupos vulnerables y pobres puedan financiar por sí mismos la capacitación laboral. En el Perú han existido programas más que políticas para atender a grupos concretos como los jóvenes (por ejemplo: Projoven y las becas PROPOLI), pero las acciones dirigidas a adultos son muy reducidas y se implementan a muy pequeña escala. Según un estudio de Juan Chacaltana, se estima que el monto invertido por el sector público y privado del país suma unos 300 millones de dólares (0,2% del PBI), el cual es invertido en capacitación de calidad muy heterogénea.

A fin de lograr construir un sistema laboral más flexible, perdurable en el tiempo, competitivo y equitativo a la vez, se propone una serie de políticas tales como la reforma constitucional para definir claramente las causales de despido e indemnización económica, la disminución de la indemnización por despido arbitrario a un sueldo mensual por año de servicio, franquicias tributarias para la capacitación laboral permanente, cofinanciamiento de esquemas de capacitación, alianzas con empresas de colocación laboral del sector privado y ONG, etc.