El presidente interino José María Balcázar evitó fijar una postura clara sobre el futuro de Petroperú y dejó en suspenso la continuidad de la reestructuración impulsada por el MEF.

La falta de definiciones del Ejecutivo, sumada a la presión de Perú Libre y a la posible permanencia de la ministra Denisse Miralles, coloca la reforma de Petroperú en un punto crítico. Foto: Stakeholders.

Por Stakeholders

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En una de sus primeras intervenciones públicas como presidente interino, José María Balcázar optó por postergar decisiones clave sobre Petroperú y evitó fijar una posición concreta frente a la crisis financiera de la petrolera estatal. El mandatario alegó falta de información técnica y anunció que priorizará el diálogo con asesores del Ejecutivo y del Congreso antes de adoptar medidas definitivas.

La cautela presidencial surge en un momento decisivo, marcado por la reorganización patrimonial iniciada tras el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, impulsado por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

PetroPerú en la mira: ¿José María Balcázar evitará su privatizacion?

El jefe de Estado sostuvo que su gestión buscará consensos políticos y técnicos; sin embargo, evitó precisar si continuará el proceso de reestructuración que actualmente divide al escenario político. La bancada oficialista Perú Libre ha calificado la reforma como una “privatización encubierta” y previamente intentó censurar a la ministra, cuestionando el rol asignado a ProInversión, entidad encargada de ejecutar la segmentación por bloques de la empresa estatal, comenzando por la Refinería de Talara.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Balcázar reconoció que el tema aún no forma parte central de su agenda debido al reciente inicio de su mandato, aunque aseguró que será evaluado junto a especialistas del Ejecutivo y del Legislativo.

En contraste, mostró mayor claridad respecto a la conducción económica general del país; convocó a la ministra Miralles y al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para revisar la política económica que regirá durante los cinco meses restantes de gobierno.

El escenario político añade presión adicional; todo el gabinete encabezado por el primer ministro Álvarez presentó su renuncia y permanece a la espera de ratificación, lo que deja la continuidad de la reforma sujeta a negociaciones políticas y a la eventual recomposición ministerial, proceso que también involucra a figuras cercanas al exministro José Jerí.

“Necesitamos sentarnos a dialogar técnicos, políticos y abogados que permitan dar una solución”, afirmó el mandatario, insistiendo en mantener las líneas fundamentales de la economía.

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Desde el ámbito técnico, el exministro de Economía José Salardi señaló en declaraciones a Infobae Perú que el mensaje inicial del presidente transmite cierta calma siempre que se conforme un gabinete sólido y se preserve una visión económica de largo plazo.

Según el economista, la reestructuración ya tomó un rumbo adecuado y debería continuar para evitar que la empresa siga generando presión fiscal sobre el Estado; además, destacó el soporte técnico desarrollado en etapas previas dentro de ProInversión y defendió la convocatoria a operadores internacionales incluso si el proceso no concluye antes del cambio de gobierno.

Una visión más crítica proviene del gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, quien advierte que la llegada de Balcázar al poder incrementa el riesgo político para la reforma. A su juicio, la incertidumbre que se esperaba para el próximo cambio presidencial se adelantó y amenaza con frenar avances destinados a consolidar un plan técnico que sirviera de base para comprometer a futuras autoridades con la continuidad del proceso.

El IPE recuerda que Petroperú acumula pérdidas y rescates financieros superiores a S/24.600 millones entre 2013 y finales de 2025, situación que evidencia la magnitud del desafío fiscal. Gallardo sostiene que la transformación de la empresa requiere al menos tres o cuatro años de acompañamiento institucional para garantizar eficiencia, gobernanza y sostenibilidad; advierte además que los cambios políticos podrían afectar la confianza de acreedores y reactivar riesgos legales contra la estatal.

Así, la falta de definiciones inmediatas del Ejecutivo mantiene abierta la principal interrogante económica del momento; la continuidad de la reestructuración dependerá no solo de decisiones técnicas, sino también del equilibrio político que logre construir el nuevo gobierno en un contexto marcado por tensiones ideológicas y presión fiscal creciente.

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