Por Stakeholders
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Jamaica, una isla caribeña de más de 10.000 kilómetros cuadrados reconocida por sus selvas tropicales, montañas y playas protegidas por arrecifes, atraviesa una creciente tensión social por la privatización de su litoral. En las últimas décadas, extensos tramos de costa han pasado a manos privadas para el desarrollo de complejos turísticos y residencias exclusivas, lo que ha limitado de forma drástica el acceso de la población local al mar.
Lo que durante generaciones fue parte de la vida cotidiana de pescadores y familias hoy permanece cerrado, cercado o sujeto al pago de entradas. Esta transformación del paisaje costero ha alimentado el malestar social y el debate sobre el derecho al uso de los espacios naturales en una economía cada vez más dependiente del turismo.
Jamaica cierra playas históricas al uso comunitario
Mammee Bay, en la costa norte, ilustra el conflicto. En 2020, una extensa franja de arena fue vendida a un desarrollador privado y poco después se levantó un muro de hormigón que bloqueó el acceso al mar para los habitantes de Steer Town. La medida afectó directamente a los pescadores, que quedaron excluidos de las aguas donde durante décadas botaron sus embarcaciones.
Una situación similar se registró en Roaring River, un tradicional espacio de recreación, cuyo acceso fue clausurado tras la venta de terrenos colindantes por parte del gobierno a una empresa constructora. El objetivo era desarrollar residencias privadas.
“¿Cómo se puede usar una playa o un río durante cientos de años y, en cuestión de días, ya no se tiene acceso a ellos?”, cuestionó Devon Taylor, cofundador del Movimiento Ambiental por el Derecho a la Playa de Jamaica, conocido como JaBBEM.
En destinos altamente turísticos como Montego Bay y Ocho Ríos, hoteles y villas se extienden de forma continua a lo largo de la costa. En algunos casos, a los pescadores solo se les permite cruzar las playas para llegar a sus barcos, pero no permanecer en ellas ni utilizarlas libremente.
Menos del uno por ciento del litoral abierto al público
Jamaica cuenta con alrededor de 358 kilómetros de playas de arena y 278 kilómetros de costas de guijarros. Sin embargo, apenas unos siete kilómetros están abiertos al acceso público.
Esto equivale a menos del uno por ciento del litoral. Según datos citados por JaBBEM, de los 1.022 kilómetros de costa del país, solo el 0,6 por ciento es de libre acceso para los residentes.
La paradoja resulta evidente para una isla que en 2024 recibió un récord de 4,3 millones de turistas, atraídos en gran medida por sus playas. “Nuestros vínculos culturales con los espacios naturales se han visto diezmados”, afirmó Taylor. “Están transfiriendo nuestros recursos naturales a entidades extranjeras”, añadió.
Aunque la privatización de las playas comenzó hace más de 70 años, el proceso se aceleró en el último lustro con el aumento de complejos turísticos y desarrollos inmobiliarios de propiedad extranjera.
Hoy, solo el 40 por ciento de los 4.300 millones de dólares que Jamaica genera por turismo permanece en la economía local. Al mismo tiempo, los resorts todo incluido continúan expandiéndose y se proyecta la construcción de 10.000 nuevas habitaciones en toda la isla para 2030.
La ley de control de playas en Jamaica: la norma colonial en el centro del conflicto
El marco legal que sustenta esta situación se remonta a la Ley de Control de Playas de 1956, una normativa de origen colonial británico que no reconoce el derecho de los jamaicanos al acceso libre a las playas.
Aunque el país obtuvo su independencia en 1962, la legislación se mantuvo vigente y permite al Estado transferir tierras costeras a desarrolladores privados.
Frente al avance de la privatización, la resistencia social ha ganado fuerza. Desde su creación en 2021, JaBBEM ha respaldado acciones legales para defender el acceso público a playas emblemáticas como Mammee Bay y Bob Marley Beach. “En Montego Bay, tal vez solo queden cuatro playas públicas”, advirtió a la BBC, Monique Christie, coordinadora comunitaria del movimiento.
Christie integra el grupo de diez personas que recientemente presentó una demanda contra Sandals Resorts, empresa que busca privatizar Providence Beach. Para las comunidades locales, el conflicto trasciende lo jurídico.
“No se trata solo de una cuestión de derechos. Comunidades como la nuestra están muy ligadas a nuestra tierra y a nuestro entorno natural: nuestros mares, el aire, la costa, la flora y la fauna”, expresó Marcus Goffe, abogado que representa a JaBBEM.
Mientras Jamaica consolida su perfil como destino turístico global, el debate sobre quién puede acceder a sus playas expone una fractura profunda entre el modelo económico dominante y los derechos históricos de sus habitantes.
