Por Stakeholders
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La extorsión se mantiene como uno de los delitos más frecuentes y persistentes en el Perú, con un impacto que ya no se concentra solo en Lima. En 2025, una de cada cuatro personas adultas asegura haber sido víctima de este delito o conocer a alguien que lo sufrió recientemente, una señal de que el problema sigue profundamente arraigado en la vida cotidiana de miles de familias y negocios.
Un nuevo informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que, aunque las cifras generales no han variado frente al año anterior, la extorsión se está expandiendo hacia regiones del interior del país y afecta cada vez más a poblaciones vulnerables. Este desplazamiento territorial y social del delito revela un escenario más complejo para la seguridad ciudadana y plantea nuevos desafíos para la respuesta del Estado.
Extorsiones incrementan como uno de los delitos más frecuentes en el Perú
La cifra se mantiene sin variación frente a 2024, pero el fenómeno revela cambios relevantes en su distribución territorial y social, según el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora.
El informe advierte que el delito se ha desplazado progresivamente de las zonas urbanas de Lima hacia regiones del interior, alcanzando áreas rurales y concentrándose cada vez más en los sectores socioeconómicos D y E. En las regiones del centro del país, la incidencia de la extorsión pasó de 15% en 2024 a 23% en 2025, mientras que en el sur aumentó de 12% a 17%. Estos datos evidencian una expansión territorial del negocio criminal que acompaña la diversificación de economías ilegales fuera de la capital.
A pesar del incremento de denuncias, el reporte subraya la limitada respuesta del sistema de justicia. “En el caso de la extorsión, el aumento de las denuncias no se ha traducido en sanciones efectivas. El número de personas privadas de su libertad por este delito permanece prácticamente estancado desde hace años, dejando a las víctimas sin una respuesta real del Estado y consolidando una peligrosa sensación de impunidad”, señaló Carlos Basombrío, exministro del Interior y uno de los autores del estudio.
En este contexto, el Observatorio identifica la expansión de modalidades específicas de extorsión, como el préstamo ilegal conocido como gota a gota. Este esquema pasó de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025, con incrementos especialmente notorios en ciudades del interior y en regiones asociadas a economías ilícitas. La práctica se consolida como una de las formas más agresivas de presión económica sobre pequeños comerciantes y familias de bajos ingresos.
Por primera vez, el reporte incorpora además un análisis sobre feminicidios, con patrones que se diferencian claramente del crimen callejero. El estudio identifica un predominio del entorno doméstico, un menor uso de armas de fuego y una concentración de víctimas entre los 18 y 40 años.
“Visibilizar estas dinámicas es fundamental para entender que no toda la violencia responde a las mismas lógicas y que, por tanto, no puede enfrentarse de una sola manera”, sostuvo Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.
El Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia incluye también análisis sobre la focalización territorial de los homicidios, los horarios de mayor incidencia del delito, el uso de armas de fuego, la violencia contra transportistas y una evaluación crítica del marco legal y de las capacidades del Estado para enfrentar el avance del crimen organizado.
En conjunto, el documento plantea la urgencia de estrategias diferenciadas y una respuesta institucional más efectiva frente a un fenómeno que continúa expandiéndose y adaptándose en todo el país.
