Por Carmen Correa, CEO de Pro Mujer
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Las mujeres agricultoras cumplen un rol esencial en la producción de alimentos y en la continuidad de prácticas comunitarias, pero aún enfrentan desigualdades que limitan su acceso a oportunidades económicas, no solo en Perú, sino en toda la región. Esta realidad se agrava en territorios andinos y amazónicos donde la discriminación histórica, la falta de acceso a servicios y la ausencia de políticas diferenciales profundizan la brecha de género.
Los datos lo demuestran con crudeza. Entre el 38,9% y el 40,8% de las mujeres rurales no tiene ingresos propios, frente a apenas el 13% de los hombres (Cámara de Comercio de Cusco 2024. Aún cuando participan activamente en actividades productivas, sus ingresos son significativamente menores: las mujeres rurales perciben en promedio 592,4 soles al mes, apenas el 62,3% del ingreso masculino. En comparación con las mujeres urbanas, la desigualdad es aún más evidente: ellas ganan un 56,5% menos. La autonomía económica, indispensable para ejercer derechos, permanece fuera del alcance de millones de peruanas.
La desigualdad en el acceso a activos productivos reproduce estas brechas. Si bien más de 930 mil mujeres figuran como productoras agrarias, sólo un 35,5% es titular de una parcela (Midagri 2024). La diferencia en propiedad de tierras continúa siendo uno de los factores que más limita el acceso a crédito, la toma de decisiones productivas y la capacidad de invertir en mejoras. A esto se suma una brecha educativa persistente: el analfabetismo en mujeres rurales es cuatro veces mayor que en áreas urbanas, un obstáculo estructural para vincularse a los mercados y aprovechar oportunidades económicas.
Esta realidad exige que las políticas públicas incorporen una mirada territorial e interseccional. No basta con reconocer el rol de las mujeres en la agricultura; es indispensable transformar las condiciones que restringen su autonomía. En Pro Mujer trabajamos para que la autonomía económica de las mujeres deje de ser un objetivo pendiente y se convierta en un pilar del desarrollo sostenible.
Parte de este desafío implica movilizar capital hacia iniciativas que integren tecnología, territorio y poder colectivo. Por ello, espacios como el Foro GLI LATAM (Gender Lens Investing) son esenciales para impulsar inversiones con perspectiva de género. En su edición 2025, efectuada en México, se enfatizó la urgencia de orientar recursos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible como vía para reducir las brechas que enfrentan las mujeres rurales. La séptima edición del foro, que se celebrará en Lima en 2026, será una oportunidad estratégica para profundizar este debate y alinear al ecosistema inversor con las transformaciones que la región necesita.
El futuro de las mujeres agricultoras en Perú depende de decisiones que se tomen hoy. Avanzar hacia su autonomía económica no solo es un acto de justicia; es una apuesta inteligente para fortalecer la productividad, revitalizar los territorios y construir un país más equitativo. Allí donde las mujeres tienen acceso a ingresos, tierra, educación y financiamiento, las comunidades prosperan. Y allí donde persisten las brechas, también persisten la pobreza y la desigualdad. Revertir esta historia es posible, pero requiere convicción, inversión y un compromiso sostenido con quienes desde el campo sostienen buena parte del desarrollo del país.
