La provincia de Satipo, en la región Junín, aprobó una ordenanza sin precedentes en el país al reconocer a las abejas amazónicas sin aguijón como sujetos de derechos y declarar la protección legal de su hábitat natural. La norma se aplica en la Reserva de Biósfera Avireri Vraem y convierte a este territorio en el primero del Perú en otorgar reconocimiento jurídico a un insecto, en línea con la expansión de los derechos de la naturaleza.
La iniciativa fue impulsada y aprobada por unanimidad por las autoridades locales, con el objetivo de frenar el deterioro ambiental acelerado en la Amazonía y fortalecer un enfoque que vincula biodiversidad, justicia ambiental y gobernanza territorial.
¿Qué establece la ordenanza a favor de las abejas amazónicas en Perú?
La ordenanza establece que las abejas amazónicas sin aguijón tienen derecho a existir, a vivir en ambientes sanos y climáticamente equilibrados, y a mantener poblaciones viables. Asimismo, protege su acceso a la flora nativa y a ciclos vitales completos, e incorpora la posibilidad de representación legal ante daños ambientales, lo que permitiría activar respuestas institucionales rápidas.
El texto también fija prohibiciones claras dentro de las zonas protegidas, como la restricción del uso de pesticidas de alto impacto y la prohibición de la destrucción deliberada de colmenas.
La municipalidad priorizará la reubicación de colmenas en lugar de su eliminación ante conflictos con actividades humanas. Además, la norma prevé una reducción progresiva de insecticidas, la preservación obligatoria de flora nativa y la supervisión ambiental técnica del cumplimiento de las medidas.
La ordenanza incorpora programas de educación ambiental en comunidades amazónicas, reconociendo el rol del conocimiento local y promoviendo prácticas productivas sostenibles.
Abejas sin aguijón: clave para la Amazonía
Estas abejas nativas, consideradas entre las más antiguas del planeta, cumplen un rol esencial en la polinización amazónica. En el Vraem, sostienen la regeneración del bosque, la diversidad genética y la seguridad alimentaria, además de respaldar economías locales como la meliponicultura tradicional, practicada por comunidades indígenas desde hace generaciones.
El reconocimiento legal de un insecto como sujeto de derechos abre un debate innovador sobre nuevas formas de protección ecológica en regiones megadiversas. Con esta medida, Satipo se posiciona como referente en justicia ambiental, y su modelo podría replicarse en otras zonas del país, integrando conservación, desarrollo local y derechos de la naturaleza.









