Por Stakeholders
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La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) volvió a encender el debate nacional, luego de que la Comisión de Energía y Minas aprobara extenderlo hasta diciembre de 2027. La propuesta aún debe pasar por el Pleno, pero ya genera preocupación por la posible reincorporación de miles de mineros previamente excluidos.
Gremios empresariales, organizaciones ambientales y especialistas alertan que la medida constituye un retroceso en la lucha contra las actividades ilegales y debilita la capacidad del Estado para ordenar el sector. También alertan sobre los riesgos legales para el Perú en procesos internacionales en curso.
Congreso peruano aprueba extender el Reinfo hasta diciembre 2027
Con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión de Energías y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027. La decisión avanza pese al rechazo de gremios empresariales, organizaciones civiles y especialistas que advierten que esta prórroga “favorece a la minería ilegal y atenta contra los recursos naturales”.
Las bancadas que respaldaron la medida incluyen a Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Socialista, Honor y Democracia y Renovación Popular. El dictamen aún debe debatirse en el Pleno.
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de reincorporar a mineros previamente excluidos del proceso de formalización. El Ministerio de Energía y Minas había reportado cerca de 50.000 excluidos; de aprobarse, todos podrían retornar.
Organizaciones y gremios rechazan extensión del Reinfo
Antes de la votación, gremios como Adex, Confiep, Comex y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía alertaron que la ampliación “representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país” y contraviene compromisos internacionales asumidos en la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.
El colectivo pidió al Congreso “promover una minería artesanal y de pequeña escala formal y sostenible, con estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad”, además de invocar al Ejecutivo a “involucrarse activamente” en la gobernanza ambiental.
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) expresó su “profunda preocupación”, advirtiendo que la reincorporación de excluidos “eximiría de fiscalización y sanciones”, contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, que en abril ratificó la eliminación de cualquier exención de responsabilidad para actividades ilegales. “La ampliación del Reinfo expone al Perú a procesos internacionales en curso”, señaló la organización.
Preocupación ambiental: dos décadas sin resultados
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) fue tajante: “Tras más de dos décadas de prórrogas, el Reinfo se ha convertido en un mecanismo que no impulsa la formalización, sino que prolonga actividades que generan graves impactos ambientales y sociales”.
La organización alertó que una nueva ampliación “abre la puerta a actores que no están comprometidos con la formalización” y profundiza los daños en comunidades indígenas, defensores ambientales y ecosistemas afectados por contaminación, pérdida de hábitats y violencia asociada a economías ilegales.
La SPDA concluyó que el país necesita una política minera “seria, efectiva y con plazos definitivos” y pidió al Congreso no prolongar más un régimen “excepcional que agrava la crisis ambiental y social”.
