Por Stakeholders
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En su primera gran decisión como jefe de Estado, el presidente interino de Perú, José Jerí, decretó la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, con el fin de frenar el avance de la delincuencia organizada. La medida regirá desde la medianoche de este miércoles 22 de octubre y permitirá la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en toda la zona metropolitana.
En un mensaje a la nación, Jerí reconoció que «la delincuencia ha crecido de manera desmesurada, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional». Sin embargo, aseguró que su gestión marcará un punto de inflexión: «Hoy empezamos a cambiar la historia. La lucha contra el crimen permitirá recuperar la paz y la tranquilidad. Las guerras se ganan con acciones y no palabras».
¿Qué medidas regirán durante el estado de emergencia en Lima y Callao?
A través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
«La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, especialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos», detalla el documento.
Mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
En las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé «un apagón eléctrico en las celdas permitiendo únicamente la iluminación», así como «desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento de las Fuerzas Armadas».
A nivel de transporte estará prohibido el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular.
La policía y militares custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
El financiamiento de estas acciones provendrá de los presupuestos institucionales ya asignados y de recursos extraordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El decreto es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Transportes y Comunicaciones.
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