“En IPT, la inclusión digital va más allá de proporcionar acceso a internet”

¿Cuál es el propósito de Internet Para Todos en el Perú al querer contribuir con la inclusión digital?

Internet Para Todos (IPT) tiene como propósito fundamental reducir la brecha digital en el Perú, conectando a las comunidades rurales y vulnerables con acceso a internet 4G. Su modelo innovador y sostenible ha logrado que más de 3.8 millones de peruanos en más 19 000 centros poblados puedan disfrutar de la conectividad, impulsando el desarrollo social y económico en zonas históricamente excluidas de estos servicios. Esta conectividad es la base para mejorar la calidad de vida de estas comunidades, desde el acceso a la educación y la salud hasta la creación de nuevas oportunidades económicas.

¿Cómo definen el concepto de “inclusión digital” en el marco de su trabajo a favor de comunidades alejadas?

En IPT, la inclusión digital va más allá de proporcionar acceso a internet. Se trata de garantizar que todas las personas, especialmente aquellas en áreas rurales y vulnerables, puedan usar la tecnología como una herramienta transformadora. Esto incluye la capacidad de acceder a recursos educativos, servicios de salud en línea, oportunidades de empleo, y el desarrollo de habilidades digitales que faciliten la integración plena de estas comunidades en la sociedad digital y el mercado laboral.

¿Qué brechas digitales identifican como más urgentes en las zonas rurales y comunidades vulnerables del país?

Las principales brechas digitales en las zonas rurales incluyen la falta de infraestructura adecuada para la conectividad, el acceso limitado a dispositivos tecnológicos y la escasa formación digital. Estas barreras impiden que las comunidades aprovechen el potencial de la conectividad. IPT trabaja para superar estos obstáculos con un modelo sostenible que integra tecnología innovadora y soluciones de infraestructura compartida, proporcionando acceso incluso en los territorios más remotos

Integratel, BID, CAF y Meta forman parte de los inversionistas. ¿Qué rol cumple la colaboración público-privada en el éxito de esta iniciativa?

La colaboración público-privada ha sido clave para el éxito de IPT. Integratel, BID, CAF y Meta, han aportado recursos y experiencias cruciales para desarrollar un modelo de conectividad que sea sostenible y escalable. Esta colaboración facilita la expansión la conectividad, reduciendo costos y aprovechando la infraestructura pública existente, logrando un mayor impacto con menos recursos. Además, contribuye a la implementación de políticas y marcos regulatorios que favorecen el cierre de la brecha digital en el país.

“La conectividad desplegada en comunidades rurales ha transformado de manera tangible la vida de miles de personas”.

¿Cuáles son los principales avances logrados hasta ahora en cobertura y acceso a internet en comunidades rurales? ¿En dónde radica la clave al respecto?

En 2019, la brecha de acceso a internet móvil entre zonas urbanas y rurales alcanzaba el 43 %, según la encuesta ERESTEL de Osiptel. Esta desigualdad digital limitaba significativamente el acceso a servicios esenciales como educación, salud, información y oportunidades de desarrollo económico.

Ese mismo año nació Internet para Todos (IPT), con el propósito de reducir la brecha digital que afectaba el desarrollo de las comunidades rurales del país.

Hoy, seis años después, esa brecha se ha reducido a 19 %, lo que representa una mejora de 24 puntos porcentuales. Este avance evidencia que la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para lograr una inclusión digital efectiva.

Desde el inicio de sus operaciones, IPT ha llevado conectividad móvil 4G a más de 3.8 millones de peruanos en más de 19 000 comunidades distribuidas en la costa, sierra y selva del país, mediante la instalación de más de 2700 estaciones base 4G.

Este esfuerzo ha sido clave para democratizar el acceso a internet y generar nuevas oportunidades para miles de familias en zonas históricamente excluidas.

¿Qué impacto concreto ha tenido la conectividad en áreas como educación o salud?

La conectividad desplegada en comunidades rurales ha transformado de manera tangible la vida de miles de personas. En el ámbito educativo, estudiantes y docentes ahora acceden a contenidos digitales gracias a iniciativas como la plataforma SAMI —que opera a través de WhatsApp— y el programa “Reimagina”, implementado en colegios rurales, ampliando las posibilidades de aprendizaje más allá del aula tradicional.

En salud, la llegada del internet ha permitido implementar servicios de telemedicina como Vive Salud, acercando atención médica especializada a familias que antes debían recorrer largas distancias para ser atendidas. Hoy, pueden recibir orientación médica desde sus propias comunidades, con mayor rapidez y eficiencia.

¿La llegada del internet también ha impulsado la productividad de los territorios?

En el terreno productivo, la historia de la Asociación de Mujeres Chocolateras de Nolbert, en Alto Uruya, ilustra cómo la conectividad impulsa el emprendimiento local. Gracias al acceso a internet, estas mujeres han logrado comercializar sus productos en nuevos mercados, generando mayores ingresos y fortaleciendo su autonomía económica.

Y en Santa Fe, en plena Amazonía, un grupo de jóvenes de secundaria participa en talleres virtuales de habilidades STEM, donde aprenden a utilizar la tecnología como herramienta para su formación y su futuro profesional. Estos ejemplos demuestran que la inclusión digital va mucho más allá del acceso a internet: es una verdadera palanca de transformación social, educativa y económica para las zonas más alejadas del país.

“Uno de los principales desafíos tecnológicos para ampliar la red en territorios de difícil acceso es la geografía compleja del Perú”.

¿Cómo aseguran que la conectividad no sea solo acceso técnico, sino también una herramienta real de desarrollo social y económico?

La conectividad por sí sola no transforma realidades; por eso, trabajamos con diversas herramientas y alianzas estratégicas que permiten convertir el acceso a internet en una verdadera palanca de desarrollo para las comunidades rurales. Uno de nuestros principales esfuerzos es el programa “Juntos Conectamos”, enfocado en localidades rurales dentro de las zonas de influencia de nuestros aliados. A través de una articulación multiactor —que involucra al sector público, privado y a las propias comunidades— no solo se despliega infraestructura tecnológica, sino que se impulsa el acompañamiento social y la capacitación en el uso responsable y productivo del internet.

Este enfoque integral permite que la conectividad tenga un impacto real y sostenido en áreas clave como educación, salud, emprendimiento y participación ciudadana, fortaleciendo el tejido social y económico de las zonas más alejadas del país.

¿Qué experiencias exitosas o casos emblemáticos de comunidades beneficiadas podrían compartir?

Entre las alianzas comerciales con empresas privadas resaltan Anglo American, Minera Buenaventura, ALAC Newmont, CELEPSA, Antamina, entre otras. Además, entre las alianzas con sociedad civil resaltan USAID, EHAS, CEDRO y Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Qué principales desafíos tecnológicos y financieros han identificado para ampliar la red en territorios de difícil acceso?

Uno de los principales desafíos tecnológicos para ampliar la red en territorios de difícil acceso es la geografía compleja del Perú, que exige soluciones adaptadas a selva, montañas y zonas aisladas. Esto implica superar barreras como la falta de energía eléctrica estable, la dispersión de comunidades y la alta inversión en infraestructura. Frente a ello, hemos apostado por modelos innovadores, combinando tecnologías como energía solar, transporte satelital y arquitectura abierta de red móvil, lo que nos permite llevar conectividad donde antes parecía imposible.

Por otro lado, los principales desafíos financieros para ampliar la red en territorios rurales de difícil acceso están asociados a condiciones estructurales que impactan negativamente en la rentabilidad de los proyectos. Entre los factores más relevantes se encuentran la baja densidad poblacional, la dispersión geográfica de los centros poblados y la limitada infraestructura de redes de transporte de telecomunicaciones y sistemas de energía eléctrica, lo que incrementa significativamente los costos de despliegue y operación.

En este contexto, resulta clave focalizar las inversiones en modelos de negocio sostenibles que maximicen el retorno sobre los activos y generen valor tanto para los clientes como para la empresa, además de constituirse en un vehículo de integración que cree oportunidades para mejorar la calidad de vida de las poblaciones a conectar. Esto implica una estrategia basada en la compartición de infraestructura, la optimización de los costos operativos y de mantenimiento, y la revalorización de los activos desplegados mediante su aprovechamiento en negocios complementarios. Adicionalmente, la escalabilidad del modelo debe permitir el desarrollo de alianzas con actores del entorno rural que contribuyan a diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la sostenibilidad financiera a largo plazo.

¿Cómo evalúan el rol del Estado en materia regulatoria y de incentivos para acelerar la inclusión digital?

El Estado ha jugado un papel crucial y proactivo: desde el diseño del marco legal que hizo viable a los OIMR, hasta la articulación de fondos públicos (como Canon por Cobertura) y apoyo en coinversiones. Estos mecanismos han permitido a IPT demostrar que el modelo de infraestructura compartida es eficiente y socialmente transformador.

Para acelerar aún más la inclusión digital, sugerimos avanzar hacia:

• Regulación predictiva y flexible que se adapte a innovaciones tecnológicas.
• Incentivos fiscales o financieros adicionales para zonas de alta complejidad.
• Mayor articulación intersectorial (educación, salud, energía) para maximizar sinergias.
• Promoción de más modelos de coinversión público-privada.

“Nuestra visión hacia el 2030 es consolidar a internet para todos como un motor clave de inclusión digital en el Perú”.

¿De qué manera Internet para Todos se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda climática?

Internet para Todos nace precisamente del ODS 17, que promueve las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos el resultado de la unión entre actores del sector privado y de cooperación internacional que decidieron sumar esfuerzos para conectar a las zonas más alejadas del Perú. Nuestra infraestructura se despliega bajo un modelo mayorista, neutro y abierto, que permite a todos los operadores móviles utilizar la red y llegar de manera sostenible a comunidades rurales donde antes no existía servicio.

En relación con la agenda climática, priorizamos el uso de energías renovables como la solar para alimentar las antenas en lugares sin acceso a la red eléctrica, lo que reduce emisiones y asegura continuidad del servicio en entornos difíciles. De este modo, no solo apoyamos directamente la inclusión digital y la reducción de desigualdades (ODS 10), sino también el desarrollo económico y social (ODS 8) y la construcción de infraestructuras resilientes y sostenibles (ODS 9), contribuyendo a un futuro más conectado y respetuoso con el ambiente.

Por otro lado, sobre la sostenibilidad ambiental, ¿en qué aspectos han trabajado quizá de su huella de carbono o gestión de residuos, por ejemplo?

La sostenibilidad en Internet para Todos no es un componente aislado, sino un principio transversal que permea toda su estrategia operativa y de crecimiento. Desde el diseño de la red hasta la interacción comunitaria, IPT incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza para garantizar que la conectividad genere desarrollo sin comprometer el entorno.

En esa línea, en tanto al ámbito social, ¿qué logros han reportado en el último informe de sostenibilidad, en cuanto a sostenibilidad o integridad de Internet para Todos?

Nuestro último Reporte de Sostenibilidad destaca avances significativos tanto en el plano social como gobierno corporativo. Gracias a la red de Internet para Todos (IPT), más de 3.8 millones de personas en más de 19 000 comunidades rurales hoy cuentan con acceso a internet. Además, hemos evaluado al 100 % de nuestras contratistas de campo bajo criterios de sostenibilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, mejora continua y seguridad que nos permite operar con legitimidad en los territorios.

En el ámbito interno, mantenemos un equipo diverso conformado por un 35 % de mujeres y un 65 % de hombres, con un comité ejecutivo paritario que refleja nuestro compromiso con la equidad de género y el liderazgo inclusivo. Asimismo, trabajamos con aliados estratégicos para que la conectividad se traduzca en impacto real, acercando plataformas de educación, telemedicina e inclusión financiera a las comunidades rurales mediante habilitadores digitales.

¿Cuál ha sido el caso en gobernanza?

En materia de gobernanza, el 98 % de nuestros colaboradores ha sido capacitado en ética y anticorrupción. Evaluamos más de 800 operaciones bajo criterios de compliance, sin registrar ningún caso de corrupción. Publicamos nuestro informe bajo los estándares GRI, renovamos el Sello de Sostenibilidad ICONTEC en la categoría Oro, y en enero de 2025 obtuvimos la certificación ISO 45001, marcando un hito en nuestra gestión de seguridad y salud ocupacional.

Estos esfuerzos han sido reconocidos internacionalmente. Recibimos el premio WSIS 2025 otorgado por Naciones Unidas, en reconocimiento a nuestros avances en el cierre de la brecha digital en el país. Además, la GSMA nos distinguió con el premio M360 Latam en la categoría Proyecto con Impacto Social en América Latina.

¿Cuál es la visión a largo plazo de la iniciativa: cómo imaginan la inclusión digital en el Perú de aquí a 2030?

Nuestra visión hacia el 2030 es consolidar a Internet para Todos como un motor clave de inclusión digital en el Perú, llevando conectividad de calidad a cada vez más comunidades rurales y cerrando de manera sostenida la brecha digital que limita el acceso a oportunidades.

Imaginamos un país donde la conectividad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado, y donde el acceso a internet se traduzca en mejoras concretas en educación, salud, productividad e inclusión financiera.

Para lograrlo, sabemos que el trabajo colaborativo es esencial. Por eso, proyectamos un ecosistema fortalecido por más empresas, organizaciones sociales, gobiernos locales y aliados estratégicos que compartan nuestra misión. Juntos, podemos transformar la conectividad en una herramienta poderosa de desarrollo social y económico.