Por Denisse Torrico
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La reciente propuesta del Gobierno de construir un penal de alta seguridad en la isla El Frontón ha generado un intenso debate público. El anuncio no solo involucra temas de seguridad y capacidad carcelaria, sino que abre un dilema mayor.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao 2040 (PDM 2040), aprobado hace apenas unos meses, las islas El Frontón y San Lorenzo están clasificadas como áreas de conservación. Esta designación tiene un fundamento legal en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley 31333), aprobada por el Congreso. En ese marco, las islas solo pueden destinarse a usos recreativos, turísticos o científicos.
Para el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), el anuncio del nuevo penal contradice directamente este plan, debilitando la institucionalidad de la planificación urbana en el país. “No podemos exigir que el Perú planifique sus ciudades y al mismo tiempo desconocer los propios planes aprobados por ley. Esto es un retroceso que afectará no solo al Callao, sino a la confianza en el Estado”, afirmó Manuel Zubiate, director nacional del CAP.
Un proyecto inviable y costoso
La idea de levantar un penal en una isla puede parecer atractiva desde el punto de vista de seguridad, pero en la práctica resulta económicamente inviable, según explicó Zubiate. El traslado de materiales de construcción, las dificultades logísticas derivadas de la topografía del terreno y la necesidad de tecnologías especializadas dispararían los costos.
El arquitecto estima que el proyecto podría superar los 500 millones de soles, un monto que califica como “desproporcionado” considerando las alternativas ya existentes en tierra firme. “Hoy tenemos proyectos penitenciarios como el de Ica que están paralizados o avanzados parcialmente. Retomarlos sería más barato, más rápido y más sostenible”, señaló.
Además, el mantenimiento del penal en una isla representaría un gasto permanente para el Estado. Se requeriría desalinizar agua de mar para el consumo humano, instalar plantas de tratamiento de residuos sólidos y garantizar energía eléctrica constante, procesos todos altamente costosos. Incluso si se apuesta por energía solar, las horas de radiación en la zona no son suficientes para abastecer la demanda.
En paralelo, la logística de visitas familiares, traslados de internos y movilidad del personal penitenciario incrementaría los gastos y generaría nuevas presiones en la dinámica del Callao. “Estamos frente a una decisión que no solo es cara de construir, sino cara de mantener. Sería hipotecar recursos públicos en un proyecto insostenible desde el inicio”, advirtió Zubiate.
Peligro para especies en extinción y el turismo
El aspecto ambiental también se presenta como una de las mayores preocupaciones. Las islas El Frontón y San Lorenzo forman parte de un ecosistema marino-costero que alberga especies en peligro de extinción, incluyendo aves, peces y mamíferos marinos. Instalar una infraestructura de gran escala, como un penal, alteraría gravemente ese equilibrio ecológico.
Zubiate recordó que la clasificación de las islas como áreas de conservación responde precisamente a este valor natural. “El Frontón tiene un potencial turístico y científico único. Desarrollar allí un penal es matar de raíz ese potencial, y con él las oportunidades de empleo e inversión que se podrían generar en el Callao”, sostuvo.
Además, las normativas internacionales como la Convención del Mar exigen zonas de seguridad de al menos 500 metros alrededor de las instalaciones de alta peligrosidad. En la práctica, esto bloquearía rutas de navegación recreacional y actividades turísticas en la zona, limitando cualquier proyecto de turismo sostenible en el litoral chalaco.
El turismo marítimo, con visitas de un día a las islas o circuitos desde Miraflores, la Costa Verde y Pucusana, representa una de las oportunidades más claras de desarrollo económico local. “Si se apuesta por un penal, se elimina la posibilidad de un turismo marino en expansión, que ya es tendencia global y que podría convertir al Callao en un polo turístico y cultural”, concluyó el arquitecto.
Opiniones divididas
Si bien algunos sectores defienden la idea de un penal en El Frontón como una alternativa para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el debate evidencia profundas divisiones. Para los arquitectos y urbanistas, el impacto social, cultural y simbólico del proyecto es tan negativo como el económico y ambiental.
Zubiate explicó que la imagen de Lima como capital costera se vería directamente afectada. “Somos la única ciudad de Sudamérica con una vista privilegiada al mar. Instalar un penal de alta peligrosidad frente a la bahía nos convertiría en una suerte de Alcatraz, pero con un impacto aún más fuerte en el imaginario colectivo de los limeños y los turistas”, apuntó.
El Callao, que viene desarrollando iniciativas para posicionarse como destino cultural e histórico, también sufriría un golpe. El crecimiento del turismo en su centro histórico, el atractivo de La Punta y la conexión con proyectos de transporte como el Metro de Lima se verían opacados por la presencia de un penal de máxima seguridad en su bahía.
La contradicción es aún mayor cuando se considera que el propio Gobierno Regional del Callao está impulsando iniciativas de seguridad ciudadana y turismo sostenible. “Mientras el Callao busca mejorar su imagen, se plantea traer a su costa a la población penal más peligrosa del país. Eso no tiene sentido desde ningún ángulo”, señaló Zubiate.
Posibles soluciones: alternativas más viables
Lejos de rechazar la necesidad de nuevos centros penitenciarios, el Colegio de Arquitectos propone alternativas más viables y coherentes con la planificación nacional. Una de ellas es retomar proyectos como el penal de Ica, que ya cuentan con avances en infraestructura y ubicación adecuada en tierra firme.
Asimismo, los especialistas recomiendan que los futuros penales se diseñen en concursos públicos de arquitectura, que garanticen calidad técnica, eficiencia y transparencia. “Los concursos son herramientas que permiten comparar propuestas y elegir la mejor, no solo la más barata. Ese es el camino para proyectos que realmente sirvan al país”, subrayó Zubiate.
Finalmente, el arquitecto planteó convertir El Frontón en un espacio de turismo sostenible y navegación recreativa. “El Gobierno tiene la oportunidad de transformar este debate en un proyecto positivo. Si en lugar de un penal promovemos un centro turístico y ecológico, se generará empleo, inversión y una imagen renovada para Lima y el Callao. Eso sería un verdadero éxito”, concluyó.
De centro carcelario a área de conservación
El penal de El Frontón, ubicado frente al Callao, funcionó durante décadas como centro penitenciario de alta seguridad, hasta ser clausurado tras el motín de presos ocurrido en 1986. Desde entonces, la isla ha permanecido deshabitada y, en los últimos años, fue incorporada dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao 2040 como área de conservación, compatible únicamente con usos recreativos, turísticos y científicos. Esta clasificación técnica respondía a su valor ecológico y paisajístico, así como a su potencial para el desarrollo sostenible de la región, lo que contrasta con la actual propuesta de levantar allí un nuevo penal de máxima seguridad.
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