Por Stakeholders
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En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y ante la presencia de ministros, congresistas, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y veteranos del comando Chavín de Huántar, la presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles la ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La norma, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso en segunda votación el mes pasado, beneficiará a quienes estén denunciados, investigados o procesados —sin sentencia firme— por delitos vinculados a operaciones contra grupos subversivos, así como a sentenciados mayores de 70 años.
La mandataria calificó la medida como un acto de “justicia y reconocimiento” a los efectivos que participaron en el conflicto armado interno. “Hoy es un día histórico para nuestra patria. El Perú rinde justicia y honra a quienes, con valor y entrega, se enfrentaron a una de las más terribles amenazas de nuestra historia: el terrorismo”, afirmó en su discurso.
Boluarte defendió la decisión de su gobierno frente a las críticas internas y externas, señalando que “el Perú es libre e independiente” y que rechaza “cualquier intromisión” de instituciones nacionales e internacionales. “No podemos permitir que los victimarios se conviertan en víctimas y que los defensores de la patria sean señalados como enemigos de la Nación que juraron proteger”, sostuvo.
Rechazo de la Corte IDH y advertencias ignoradas
La promulgación se produce pese a las objeciones del Ministerio Público, el Poder Judicial y, especialmente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había ordenado al Estado peruano suspender el trámite de la norma.
El 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH dispuso que Perú detuviera de inmediato el proceso legislativo, advirtiendo que la ley podría vulnerar el cumplimiento de sentencias internacionales y abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, calificados como crímenes de lesa humanidad.
No obstante, el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria impulsora de la norma desestimaron la resolución, calificándola de injerencia indebida. “No somos colonia de nadie”, había señalado Boluarte días antes, en alusión directa a las observaciones del tribunal internacional.
La Corte también ordenó que, de promulgarse, no fuera aplicada hasta evaluar su impacto en los derechos de las víctimas, decisión final que recaerá en el Tribunal Constitucional. Además, fjó para el 21 de agosto una audiencia pública en la que escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Paralelismo con el fujimorismo y cuestionamientos por impunidad
Organismos de derechos humanos, juristas y organizaciones civiles han señalado que el contenido de la ley recuerda a la amnistía aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori en los años 90, que fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según sus críticos, la nueva legislación vulnera compromisos internacionales asumidos por el Perú y deja sin justicia a miles de víctimas del conflicto armado interno. En julio de 2024, la Corte IDH ya había ordenado al país no aprobar la llamada “Ley de Impunidad” (Ley N.º 32107), que establecía la prescripción de crímenes de lesa humanidad. En esa ocasión, advirtió que ninguna de las tres ramas del Estado debía impulsar iniciativas con ese objetivo.
Pese a ello, apenas un año después, la Comisión Permanente aprobó la actual ley de amnistía con el voto de 16 congresistas y sin una deliberación parlamentaria amplia, en medio de una fuerte condena internacional.
