
Pese a los avances en materia de electrificación rural, el acceso a fuentes de energía moderna aún es una deuda pendiente para más de 1.7 millones de hogares en el país. Esta fue una de las principales conclusiones del evento “Pobreza Energética: retos y soluciones para un desarrollo sostenible”, organizado por Solgas y Stakeholders en el hotel Hyatt Centric de San Isidro.
La jornada reunió a representantes del Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), organismos multilaterales, gremios del sector hidrocarburos y empresas comprometidas con cerrar las brechas de acceso energético.
El evento inició con las palabras de bienvenida de Mario Matuk, gerente general de Solgas, quien destacó que “cerrar la brecha de la pobreza energética es clave para reducir desigualdades, proteger la salud y avanzar hacia un desarrollo más humano”. Posteriormente, Rodrigo Perera, gerente de Administración, Finanzas y Abastecimiento de Solgas, presentó el informe técnico de MacroConsult sobre el dimensionamiento de la pobreza energética y el rol clave que juega el GLP.
Entre los datos más relevantes se resaltó que el 46% de peruanos aún cocina con leña u otros combustibles contaminantes. En las zonas rurales, esa cifra supera el 70%, generando consecuencias nocivas en la salud, especialmente en mujeres y niños, y afectando el bienestar de millones de familias.
El GLP como solución de corto plazo
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) fue presentado como una alternativa viable, limpia, eficiente y asequible. Actualmente, existen más de 6,000 puntos de venta a nivel nacional, lo que permite su distribución en zonas rurales y de difícil acceso. Su facilidad de transporte, almacenamiento y uso convierte al GLP en una herramienta esencial para combatir la pobreza energética.
Durante el conversatorio, Diana Gonzáles, congresista de la República, señaló la necesidad de incluir este tema en la agenda legislativa con mayor urgencia. Por su parte, Carlos Barreda, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, enfatizó que “el problema es mucho más sistémico y abarca la educación, la salud y la equidad de género, ya que son las mujeres quienes más sufren por no contar con una fuente de energía limpia”.
Javier Perla, gerente de servicios de sostenibilidad de SGS, visibilizó las afectaciones reales en comunidades que aún cocinan con leña, mientras que Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del Minem, hizo un llamado a articular esfuerzos multisectoriales para ampliar el alcance de políticas y programas como FISE.
LEA TAMBIÉN: Demanda mundial de energía creció un 2,2% durante 2024: aumento impulsa transición sostenible en Perú
Por su parte, el el Dr. Francisco Torres Madrid, Director Ejecutivo del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) presentó los avances logrados en sus programas de incentivo, destacando la entrega de vales de descuento para la compra de GLP en poblaciones vulnerables y el impulso de proyectos piloto orientados a reducir la dependencia de combustibles contaminantes en zonas rurales y periurbanas.
Asimismo, Fabricio Duarte, director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), compartió experiencias regionales sobre cómo el GLP ha sido clave para cerrar brechas energéticas en países con realidades similares a la peruana, subrayando la importancia de políticas públicas estables y alianzas con el sector privado para acelerar la transición hacia energías más limpias y seguras.
La pobreza energética no solo limita el desarrollo individual, sino que obstaculiza la equidad territorial y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, los actores coincidieron en que cerrar esta brecha requiere alianzas público-privadas, políticas integradas y una narrativa más clara sobre los beneficios del acceso a energía moderna para el desarrollo nacional.