Por Osmaro Villanueva
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El Perú atraviesa una de las mayores tensiones sociales del año, marcada por el enfrentamiento entre el Estado y sectores de la minería informal. La decisión del Ejecutivo de excluir a más de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha desatado una ola de bloqueos en diversas regiones del país, paralizando carreteras estratégicas y afectando gravemente el transporte, el abastecimiento y la economía nacional.
“Esta depuración es definitiva”, aseguró el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, en referencia a los miles de mineros informales que fueron retirados del Reinfo por inactividad o incumplimiento de requisitos.
Según indicó, el 90 % de esos registros datan de hace más de cuatro años y no hay certeza de que sigan en actividad minera. Si bien dejó abierta la posibilidad de que otro poder del Estado habilite mecanismos distintos, desde el Ejecutivo se ratifica la postura de no retroceder.
La raíz del conflicto: una ley rechazada y un sistema bajo fuego
El detonante de la escalada de protestas fue el rechazo del predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La iniciativa buscaba sustituir el Reinfo por el Renapma (Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal), manteniendo sin mayores cambios las condiciones actuales del proceso de formalización.
Sin embargo, el predictamen fue archivado tras una votación dividida (5 a favor, 12 en contra), en la que varios legisladores consideraron que mantener el sistema vigente perpetuaría la informalidad sin exigir compromisos reales en fiscalización ambiental ni responsabilidad penal.
Pese al revés, representantes de bancadas de izquierda han anunciado proyectos de ley para extender indefinidamente el Reinfo y reincorporar a los mineros excluidos, demandas que han sido fuertemente respaldadas por dirigentes de base y líderes del sector.
Reinfo: entre la necesidad y el abuso
El Reinfo fue concebido como un mecanismo transitorio para incorporar a la formalidad a quienes ejercen la minería de manera artesanal o a pequeña escala. No obstante, desde su creación ha sido objeto de controversia por su laxa fiscalización y la alta tasa de incumplimiento entre sus inscritos.
Según Ibarra, uno de los errores más graves del predictamen fue plantear la exención de responsabilidad penal para los mineros en proceso de formalización. “Eso ya ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, recordó, y lo comparó con alguien que, mientras tramita su brevete, no queda libre de sanción si comete una infracción.
Otro punto observado por el Ejecutivo fue la asignación de competencias ambientales. Aunque la rectoría de formalización recae en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la fiscalización ambiental sigue siendo competencia de los gobiernos regionales, lo que ha generado confusión y tensiones entre distintas instancias.
Paralización en marcha: bloqueos, pérdidas y tensión nacional
Frustrados por la falta de avances, diversos colectivos mineros decidieron tomar las calles. Desde el 8 de julio, se han reportado bloqueos en al menos ocho regiones, incluyendo tramos clave de la Panamericana Sur, la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte y vías estratégicas de Cusco, Arequipa, Ica, La Libertad, Pasco, Lima y Junín.
Los reportes más recientes del sistema de Alerta del Estado de Vía de Sutran dan cuenta de siete puntos críticos, con filas de vehículos que superan los 25 kilómetros en zonas como Chala y Ocoña (Arequipa). En esta región, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) advirtió que ya se registra escasez de balones de gas y aumento de precios en productos de primera necesidad.
La Cámara Internacional de la Industria del Transporte estimó las pérdidas diarias en S/ 280 millones, señalando que el 90 % de la economía peruana depende del transporte terrestre. “No podemos permitir que intereses particulares tomen como rehén a un sector que es columna vertebral del país”, expresaron en un comunicado.
Llamado a radicalización y temor a infiltración
Desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), su presidente Máximo Franco ha convocado a ronderos y comunidades a movilizarse hacia Lima. En sus palabras: “No retrocederemos”. Diversas asociaciones del sector han declarado el fin de la tregua, y han advertido que las acciones se extenderán hasta que el Reinfo se amplíe sin restricciones.
Paralelamente, fuentes policiales y analistas de seguridad han alertado sobre la posible infiltración de bandas criminales en zonas de minería informal, lo que podría agravar el panorama de conflictividad social. Algunas regiones —como Madre de Dios y Pataz— ya han sido identificadas como territorios donde el crimen organizado tiene vínculos directos con la minería ilegal.
El Estado busca diálogo, pero sin claudicar
Pese a la tensión creciente, el Ministerio de Energía y Minas ha reiterado su voluntad de diálogo. El viceministro Ibarra señaló que el Ejecutivo está dispuesto a “conversar sobre aspectos puntuales” de la normativa, pero no a retroceder en el objetivo de formalizar con estándares ambientales y penales.
Uno de los caminos que se plantea es facilitar la suscripción de contratos entre titulares mineros y mineros en formalización, un punto que permitiría otorgar licencias bajo compromisos claros y sancionables. “Queremos que los concesionarios no teman ser responsables por actos que no controlan, pero sí exigimos responsabilidad directa a quien opera en el territorio”, remarcó.
Mientras tanto, el país asiste a un conflicto que pone en juego no solo el modelo de formalización minera, sino también la gobernabilidad y el equilibrio entre el desarrollo económico, el orden público y la protección del medioambiente.
