Por Stakeholders
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En 2024, el Estado peruano registró una reducción por segundo año consecutivo en la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca: 89,755 hectáreas en producción a nivel nacional, lo que representa un descenso del 3% respecto al año anterior. Así lo informó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), durante la presentación del «Informe del Monitoreo de Cultivos de Coca 2024«.
El dato cobra relevancia frente al pico alcanzado en 2022, cuando se reportaron más de 92 mil hectáreas, y sugiere un efecto positivo de las medidas integradas en la Política Nacional contra las Drogas (PNCD) al 2030. Sin embargo, la tendencia decreciente convive con un fenómeno inquietante: la consolidación y expansión de cultivos de coca en 15 áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento (ZA).
Si bien los datos oficiales solo registran la superficie de hoja de coca en producción, diversos estudios advierten que más del 90% de estos cultivos no están registrados en el circuito legal de comercialización, lo que refuerza su vinculación con economías ilícitas. ENACO, la única empresa estatal autorizada para acopiar hoja de coca con fines lícitos, absorbe apenas una fracción del total producido en el país.
Reducciones en zonas críticas y alerta por resiembra
La disminución se observó en 7 de las 14 zonas monitoreadas de forma continua desde 2018. Destacan Callería (-13.2%), Contamana (-5.5%), Pichis-Palcazú-Pachitea (-31.6%) y Putumayo (-27.9%), esta última situada en una zona de frontera estratégica. El VRAEM, tradicional epicentro de la producción cocalera, también registró una caída del 5%, reduciendo su participación en el total nacional de 45% (2020) a 40% (2024). Aun así, esta región concentra 36,345 hectáreas de coca, más de un tercio del total nacional.
En contraste, 7 zonas registraron alzas, con Aguaytía como caso paradigmático: pasó de 1,364 hectáreas en 2020 a 4,364 en 2024, un incremento acumulado del 220%. Esta zona, ubicada en Ucayali, es hoy la quinta con mayor superficie cocalera.
Según el monitoreo satelital, buena parte de los cultivos en 2024 reaparecieron en áreas que ya habían sido erradicadas previamente, lo que evidencia procesos activos de resiembra. En el distrito de Curimaná se identifican nuevas zonas de posible expansión.
Cultivos de coca avanzan sobre territorios protegidos
La presencia de coca en áreas naturales protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento ha crecido de forma sostenida en los últimos cinco años, alcanzando su pico en 2022. En 2024, pese a una ligera reducción, 15 ANP reportaron presencia de cultivos, totalizando 328 hectáreas en el interior de estos espacios y 14,102 hectáreas en sus zonas de amortiguamiento, es decir, el 16% del total nacional.
De las ANP afectadas, el Parque Nacional Bahuaja Sonene concentra el 80% del área cocalera al interior de estos espacios (264 ha). Le siguen la Reserva Comunal Huimeki (35 ha), el Bosque de Protección San Matías-San Carlos y la Reserva Comunal El Sira (13 ha cada una).
En las zonas de amortiguamiento, las mayores afectaciones están en el Bahuaja Sonene (5,580 ha), Cordillera Azul (2,916 ha), la Reserva Asháninka (1,528 ha) y el Parque Nacional del Manu (1,004 ha). Estas cinco zonas concentran el 85% de toda la coca registrada en ANP y ZA.
Estrategia integral del Estado y logros operativos
En el marco de la PNCD, el Estado intensificó sus acciones de control, erradicación y fiscalización. La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP decomisó 75 toneladas de pasta básica de cocaína (+74%) y 41 toneladas de clorhidrato de cocaína (+83%), destruyó 95 pistas de aterrizaje clandestinas (+30%) y eliminó más de 77 mil toneladas de insumos químicos.
El Proyecto Especial CORAH erradicó 26,475 hectáreas de cultivos ilícitos (+17%), previniendo la elaboración de 1,226 millones de dosis de clorhidrato de cocaína. Al mismo tiempo, el enfoque de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) avanzó con la promoción de medios de vida lícitos: se implementaron 11,809 hectáreas de cultivos alternativos (+29%) y se fortalecieron capacidades productivas, organizativas y de acceso a mercados.
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La producción potencial de cocaína se estimó en 822 toneladas para el 2024, cifra inferior a las 870 toneladas alcanzadas en 2022. Según Devida, el Estado evitó que 313 toneladas llegaran al mercado internacional. A pesar de esta mejora, el volumen sigue siendo alto y exige redoblar esfuerzos de prevención, fiscalización y desarrollo.
Perspectivas y llamado a la vigilancia ambiental
Carlos Figueroa, director ejecutivo de Devida, destacó que el retroceso de los cultivos en algunas zonas se debe también a la «decisión firme de las comunidades campesinas y nativas de no permitir que el narcotráfico avance».
Sin embargo, el crecimiento de cultivos en territorios protegidos plantea una paradoja: aunque se frena la expansión nacional, se concentran nuevas amenazas en zonas de alto valor ecológico y cultural.
El caso de Bahuaja Sonene es emblemático: mientras se reduce la superficie nacional, se convierte en el nuevo foco de presión cocalera. Proteger estos espacios debería ser una prioridad transversal para el Estado.
El éxito de la lucha contra las drogas no solo se mide en hectáreas erradicadas, sino también en la capacidad de preservar el patrimonio natural del país.
