Por Osmaro Villanueva
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El Perú cuenta con un marco normativo ambiental que, en el papel, resulta robusto en la región. La Constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente sano, y existen leyes como la Ley General del Ambiente que aplican a toda actividad con potencial impacto. Además, sectores estratégicos como minería, pesca, hidrocarburos y energía tienen normativas específicas.
Sin embargo, como alerta Andrés Dulanto, el problema no es normativo, sino de aplicación. “Tenemos una legislación avanzada, pero instituciones débiles. Ahí radica la falla”, explica el decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur. Ejemplos recientes como la tragedia en Pataz, que dejó 13 muertos por colapsos ambientales, muestran la distancia entre la letra de la ley y su aplicación en el territorio.
Peor aún, se observa un avance sistemático de intereses ilegales que buscan desmantelar o debilitar los estándares ambientales. «Lo vimos con la ley antiforestal, que pretendía flexibilizar la zonificación de bosques; lo vemos con los intentos de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y con la extensión del REINFO para proteger a mineros ilegales», advierte el especialista y ex funcionario del Ministerio del Ambiente.
Entre la informalidad y la ilegalidad: el REINFO como escudo
Uno de los puntos más críticos del actual entramado ambiental es la minería informal e ilegal. El REINFO, creado en 2016 como un puente hacia la formalización, ha resultado ser más un refugio que una solución. A marzo de 2025, apenas el 2.4% de los más de 87 mil inscritos logró formalizarse, mientras que el 79% ha sido suspendido por incumplir requisitos mínimos como presentar su declaración de producción o un instrumento ambiental.
Dulanto es tajante: «Ya no podemos seguir hablando de informalidad cuando hablamos de actividades que durante años no han hecho nada por cumplir. Eso es ilegalidad». Y advierte sobre los riesgos que trae la nueva propuesta de Ley MAPE, la cual, según diversos gremios, perpetuaría ese manto protector sin exigir plazos claros ni herramientas de fiscalización efectivas.
Fiscalización ambiental: un modelo bien diseñado, pero sin dientes
El Perú tiene cerca de 2,000 entidades con competencias de evaluación y fiscalización ambiental, lo que en teoría sugiere una arquitectura sólida. Pero en la práctica, como indica Dulanto, «no hay incentivos reales para aplicar la ley», especialmente en regiones donde las autoridades tienen vínculos con actividades ilegales.
Casos como el de Madre de Dios, donde las redes criminales ligadas a la minería ilegal han cooptado partes del aparato estatal, ilustran este riesgo. «Incluso algunos congresistas tienen nexos con estos sectores», afirma. La solución, sostiene, no pasa solo por la OEFA o el SERFOR, sino por articular esfuerzos con el Ministerio Público, la Policía Nacional y unidades de inteligencia.
En zonas críticas como la Reserva Allpahuayo Mishana (Loreto), ya se implementan estrategias como la rotación mensual de policías para evitar vínculos con mafias ambientales. «Esa es una señal de que, cuando se quiere, se puede hacer bien», comenta Dulanto.
La triple crisis ambiental también es jurídica
Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación: las tres crisis planetarias que las Naciones Unidas han declarado prioritarias, están todas presentes en el Perú. Pero el marco jurídico para enfrentarlas requiere más que leyes. «Necesitamos hacer cumplir los compromisos, monitorear los indicadores y responsabilizar a quienes incumplen», dice Dulanto.
Algunas cifras son preocupantes. Según el último balance disponible, de 2019, sobre los planes regionales frente al cambio climático, no existe un mapeo actualizado que permita evaluar si las regiones están cumpliendo con implementar sus planes de adaptación. «No se trata solo de tener políticas en papel. Hay que medir y exigir su cumplimiento», insiste.
Educación ambiental: la llave del cambio estructural
Dulanto destaca que el rol de la educación ambiental, tanto formal como comunitaria, es clave para transformar el enfoque ciudadano. “El 100% de las municipalidades provinciales ya cuenta con un programa de educación ambiental, pero ahora debemos asegurar su ejecución”, remarca.
Desde las universidades, propone una conexión más directa entre la investigación académica y las prioridades del país, siguiendo la Agenda Nacional de Investigación Ambiental.
Reformas urgentes: cerrar puertas a la ilegalidad y fortalecer el sistema
Para enfrentar los desafíos ambientales con mayor eficacia, el decano propone una serie de reformas legislativas clave:
- Cerrar el REINFO: si ya no cumple su propósito de formalización, debe eliminarse para evitar que sea usado como refugio de actividades ilegales.
- Revisar y revertir normas regresivas: como la ley antiforestal o los intentos por debilitar áreas protegidas.
- Control y rendición de cuentas: activar el rol de la Contraloría para sancionar a funcionarios que no cumplen con sus deberes ambientales.
- Instrumentos adaptados: diseñar evaluaciones ambientales diferenciadas y realistas según el tipo y escala de operación, especialmente en minería artesanal.
- Impulso a nivel local y regional: acelerar la aprobación e implementación de los planes climáticos mediante ordenanzas, hoy aún estancadas.
Una llamada a la acción ciudadana y política
En este Día Mundial del Medio Ambiente, Dulanto lanza un mensaje claro: «No basta con tener buenas leyes si las instituciones no están preparadas para aplicarlas, si no hay vigilancia ciudadana y si seguimos permitiendo que intereses ilegales dicten la agenda legislativa«.
El reto es enorme, pero no imposible. El Perú cuenta con las bases jurídicas para defender su riqueza natural. Lo que falta, como él lo resume, es decisión política, control social y una institucionalidad que esté a la altura de la emergencia climática y ambiental que ya vivimos.
