Por Stakeholders
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La suspensión de las actividades mineras en la provincia de Pataz, anunciada por el Gobierno para restablecer el orden en la zona, no alcanzará a las empresas formalizadas que operan en el lugar.
Así lo precisó el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, tras la publicación del decreto que establece la paralización temporal de estas actividades.
El titular del Minem explicó que en Pataz operan actualmente unas 200 empresas de pequeña minería y minería artesanal que ya han culminado su proceso de formalización. “A esas unidades no les alcanza la suspensión de las actividades mineras”, aseguró. Se trata de operadores que cumplen con los estándares legales, ambientales y de seguridad exigidos por el Estado.
La medida dictada por el Ejecutivo consiste en una suspensión por 30 días calendario, prorrogables, de las actividades mineras en dicha provincia liberteña. El objetivo principal es facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para recuperar el control del orden público y combatir la minería ilegal, que ha estado fuertemente vinculada a la violencia y la inseguridad en la zona.
La problemática de Pataz no es actual
Desde hace años, Pataz ha sido epicentro de diversas problemáticas vinculadas a la minería informal e ilegal. La presencia de bandas criminales que operan alrededor de esta actividad ha generado enfrentamientos, asesinatos y amenazas constantes, tanto a autoridades como a los propios mineros formales.
En ese entorno, el ministro Montero fue enfático al diferenciar entre las operaciones legales e ilegales. Subrayó que las empresas que han cumplido con el proceso de formalización seguirán funcionando con normalidad. “Son actores claves para la economía local y cumplen con sus obligaciones tributarias, sociales y ambientales”, agregó.
Asimismo, el Minem informó que las empresas formalizadas han sido debidamente identificadas en los registros oficiales y no enfrentarán restricciones en su operación mientras dure la intervención militar y policial.
La decisión del Gobierno ha sido respaldada por diversas autoridades regionales y locales que consideran que la única manera de frenar la ola de criminalidad asociada a la minería ilegal es con una presencia sostenida del Estado en el territorio.
Pataz, una de las provincias más importantes del país en términos de producción aurífera, también enfrenta desafíos vinculados a la deforestación, contaminación ambiental y condiciones laborales precarias, problemas que se agravan cuando la actividad minera se realiza fuera del marco legal.
El Minem reiteró que continuará impulsando la formalización minera como una herramienta clave para el desarrollo ordenado del sector. En paralelo, trabaja en coordinación con otros ministerios para reforzar la seguridad, brindar asistencia técnica y promover buenas prácticas en las zonas mineras.
Con esta aclaración, se busca dar tranquilidad a los pequeños productores mineros formalizados, quienes temían que la medida afectara su sustento económico. Además, se refuerza el mensaje de que el Estado distingue entre quienes cumplen con la ley y quienes operan al margen de ella.
La suspensión de actividades se enmarca en una estrategia más amplia para recuperar el control del Estado en zonas vulnerables y sentar las bases para una minería responsable y sostenible en el país.
