Por Dafna Siegert - Socia Líder de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latin America *

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En los últimos años, las energías renovables y su relación con la acción climática han experimentado un notable auge a nivel global, posicionando diferentes agendas y oportunidades de negocio en torno a la transición energética. Según Morningstar, al 2023 los fondos de inversión en el mundo, enfocados en soluciones climáticas y de transición energética, ascendieron a 128 000 millones de dólares de activos, cerca del 40 % del PIB peruano.

Entre 2010 y 2023, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la capacidad mundial de energía solar fotovoltaica se multiplicó por 40, mientras que la capacidad de energía eólica se sextuplicó. Además, en 2023 se alcanzó un récord en la incorporación de energías renovables al sector eléctrico, representando el 86 % de las nuevas adiciones de capacidad instalada a nivel global y logrando una capacidad total de 3870 gigavatios (GW), de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Este crecimiento ha sido impulsado por diversos esfuerzos de política pública liderados por los gobiernos y la comunidad internacional, especialmente desde la COP21 de París en 2015, momento desde el cual 196 países se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo de 2° C, preferiblemente a 1.5° C, en comparación con los niveles preindustriales, esto mediante la reducción de emisiones. A la fecha, solo 145 de estos cuentan con iniciativas concretas, incluyendo en ellas al sector energético. Siguiendo esta tendencia, recientemente se han establecido nuevos objetivos relacionados con energías renovables. En la COP28 adelantada en Dubái en 2023, 198 países fi rmaron un acuerdo al 2030, es decir, en menos de 6 años, para triplicar la capacidad global de energías renovables y duplicar la tasa anual de mejora de la eficiencia energética.

Este contexto global, junto a las diferentes políticas nacionales, ha generado un boom en el mercado, impulsado desde el sector privado, interesado en capitalizar las oportunidades de negocio en torno a la transición energética, conllevando a un mayor desarrollo tecnológico y a la reducción de costos. Desde 2010 al 2023, de acuerdo con lo reportado por la IEA, el costo nivelado de electricidad promedio (LCOE, por sus siglas en inglés) global de proyectos solares fotovoltaicos a escala de servicios públicos recién comisionados, disminuyó 90 %, pasando de USD 0.460/kWh a USD 0.044/kWh. Para los proyectos de energía eólica terrestre, el LCOE promedio global cayó un 70 % en el mismo período y, de manera similar, los proyectos de energía eólica marina tuvieron una reducción del 63 %.

El panorama de Perú en la transición energética

Latinoamérica desempeña un papel fundamental en la transición energética mundial debido a sus recursos naturales y su alto potencial para la generación de energía renovable. En este contexto, múltiples países de la región han mostrado su compromiso con la neutralidad de carbono para 2050, en línea con el Acuerdo de París.

Frente a esto, Perú se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % y a alcanzar un 20 % de producción de energía renovable no convencional para 2030. A pesar de ser avances relevantes, no se han comprometido montos específi cos en el presupuesto público para el logro de estas metas.

Perú cuenta con un alto potencial para el desarrollo de energías renovables. En el sur del país, la radiación solar es una de las más altas del mundo, con un promedio de 5.5 kWh/m² al día en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna, cercanas al lugar con mayor radiación solar del mundo, el desierto de Atacama en Chile. Además, tanto en la costa como en los Andes, las condiciones de viento son ideales para la instalación de parques eólicos. Sin embargo, de acuerdo con el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la generación de energía renovable no convencional en Perú (incluyendo eólica, solar, bagazo y biogás) comenzó en 2010 con una participación del 0,2 %. Catorce años después, esta cifra tan solo ha aumentado a 6,4 %. Así, el progreso de la integración de tecnologías renovables ha sido lento y, a solo cinco años de 2030, el país cumple con apenas un tercio de su meta.

«Perú se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % y a alcanzar un 20 % de producción de energía renovable no convencional para 2030».

Principales retos y oportunidades para el país

Uno de los principales desafíos que enfrenta Perú es la falta de políticas públicas específi cas, en contraste con las tendencias mundiales. A diferencia de países como Brasil, Colombia, Chile y México, que han desarrollado políticas públicas dedicadas a la promoción de la transición energética, Perú aún no ha dado ese paso. La Política Energética Nacional del Perú 2010- 2040, no ha sido actualizada desde su publicación, por lo que no se encuentra ajustada a las necesidades actuales del sector energético del país y a las oportunidades de fi – nanciación globales.

Esta limitante regulatoria le impide a Perú establecerse como un actor relevante en el desarrollo de proyectos de generación que maximicen su potencial, posicionándolo tan solo como un actor crítico en el suministro de materia prima, siendo esta su principal oportunidad. Un aspecto particular que puede impulsar considerablemente la economía nacional es la creciente demanda global de minerales críticos necesarios para la transición energética, como el cobre, mineral del cual Perú es el segundo productor mundial, al igual que de plata y zinc, y el primer productor de oro, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.

Ahora bien, existe una oportunidad latente si el sector privado, a falta de un marco normativo más robusto, adopta un rol más activo orientado a la conversión de Perú desde un rol de socio comercial a uno de líder tecnológico y económico en la región, soportado en su riqueza mineral fomentando la competitividad y la innovación en la industria.

¿Qué rumbo se espera a nivel mundial con las presiones geopolíticas actuales?

La incertidumbre geopolítica, especialmente con la elección de Donald Trump como presidente de una potencia mundial, trae consigo posibles cambios en la política energética mundial. Sin embargo, si bien la administración ha tomado medidas como retirarse del Acuerdo de París o pausar temporalmente los permisos para proyectos eólicos en tierra y offshore, es difícil imaginar que la transición energética en Estados Unidos se detenga. Las fuerzas del mercado, impulsadas por la reducción de costos y la creciente demanda de energía limpia, seguirán favoreciendo las energías renovables. Al ser de producción nacional, las energías renovables reducen la dependencia de importaciones extranjeras y fomentan el empleo local, además, la energía eólica y solar son industrias signifi cativas en estados con gobiernos republicanos, como Texas, Oklahoma y Dakota del Norte. Así, aunque la energía limpia no sea una prioridad para la administración, las fuerzas del mercado seguirán guiando las decisiones empresariales y por tanto seguirá demandando recursos y posicionando esfuerzos para expandirla.

A pesar de los desafíos, el impulso mundial hacia las energías limpias parece lo suficientemente robusto como para soportar cambios geopolíticos. En Europa, la apuesta por las energías limpias sigue firme, con iniciativas como el Pacto Verde Europeo y regulaciones como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Estas políticas están impulsando a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles y a innovar en tecnología verde.

Además, sucesos como la guerra en Ucrania han enfatizado la necesidad de independencia energética, acelerando la transición hacia fuentes renovables. Para Perú y América Latina, este contexto global presenta una oportunidad única. Con su vasto potencial de recursos renovables y minerales críticos, están bien posicionados para aprovechar estas tendencias y jugar un rol significativo en la transición energética global, siempre y cuando se preparen para ello.

*Este texto fue elaborado en colaboración con Betina Cortés y Alejandro Manco, consultores sénior de Deloitte.







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