Por Osmaro Villanueva
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La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa un eslabón esencial en la economía peruana, no solo por su contribución al suministro de minerales como el oro, sino también por ser la fuente de sustento para más de 400,000 personas en el país. Sin embargo, su formalización sigue siendo uno de los mayores desafíos. A pesar de la creación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en 2016, apenas el 2.4% de los inscritos han logrado regularizarse, lo que expone serias deficiencias en el proceso y un impacto significativo en las comunidades locales y el medio ambiente.
Según el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), de los más de 87,000 mineros inscritos en el REINFO, solo 2,032 han cumplido con todos los requisitos para formalizarse. Mientras tanto, 79% de los registrados han sido suspendidos por incumplir con alguna de las condiciones, como presentar un instrumento de gestión ambiental, contar con un contrato de explotación o declarar la producción semestralmente. «Esta cifra revela un sistema ineficaz y desarticulado que requiere reformas urgentes», señaló Ramón Escobar, vocero del GDMDS, en entrevista para Stakeholders.
El problema no solo radica en los registrados que no logran formalizarse. Existe un universo paralelo de entre 300,000 y 500,000 personas que operan fuera de la ley, según datos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Estas cifras evidencian una actividad minera mayoritariamente informal que genera conflictos sociales, depredación ambiental y, en algunos casos, actividades delictivas.
«Uno de los mayores obstáculos para la formalización es el contrato de explotación. Según nuestras estimaciones, el 95% de los mineros artesanales trabajan en concesiones de terceros. Esto genera tensiones entre la pequeña minería y la gran minería», afirmó Escobar. Además, detalló que el 70% de estas concesiones pertenecen a otros pequeños mineros, lo que agrava la situación y subraya la necesidad de mediadores que faciliten acuerdos justos y transparentes.
El GDMDS, una organización que lleva más de 24 años promoviendo el diálogo en el sector extractivo, ha propuesto una serie de recomendaciones clave para mejorar el proceso de formalización. Estas incluyen filtrar y actualizar el padrón del REINFO para eliminar a los inscritos inactivos o fallecidos, y establecer parámetros técnicos claros que permitan diferenciar entre mineros artesanales, pequeños mineros y actores ilegales.
El precio del oro: un incentivo para la informalidad
Uno de los principales factores que impulsa la minería artesanal es el precio del oro, que se mantiene al alza en los mercados internacionales. Sin embargo, esta situación también representa un incentivo para que más personas incursionen en actividades informales. «El Estado debe ser cuidadoso al tomar decisiones sobre la reapertura del REINFO o la creación de nuevos mecanismos de registro. De lo contrario, podría fomentar la proliferación de actores informales», advirtió Escobar.
A finales de 2024, el gobierno extendió la vigencia del REINFO por seis meses más, con la posibilidad de alcanzar el año. Si bien esta medida podría facilitar que algunos mineros avancen hacia la formalización, los expertos consideran que no es suficiente sin un acompañamiento adecuado y recursos adicionales para fortalecer el proceso.
Minería artesanal y gran minería: una convivencia compleja
Otro aspecto crucial es la relación entre la minería artesanal y la gran minería, especialmente en áreas donde ambas actividades coexisten. En muchas comunidades campesinas, la minería artesanal ha desplazado actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería. Esto genera una dicotomía entre la necesidad de sustento inmediato y la sostenibilidad a largo plazo.
«Las grandes empresas mineras deben dejar de ver a los mineros artesanales como competidores o ilegales y empezar a considerarlos socios estratégicos. Es vital establecer programas de capacitación y colaboración que permitan encauzar estas actividades hacia la legalidad y sostenibilidad», destacó Escobar.
Un marco normativo desfasado
Según el Banco Mundial, la MAPE aporta actualmente el 25% del abastecimiento mundial de oro, un aumento significativo en comparación con el 4% registrado en 1992. Esta realidad exige un marco normativo que responda a las necesidades y dinámicas del sector. «Necesitamos regulaciones que reflejen esta nueva realidad y permitan una gestión adecuada de los recursos. Esto incluye no solo la formalización, sino también medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar social de las comunidades», puntualizó Escobar.
El GDMDS propone priorizar la inversión en programas de formalización sobre la erradicación de actividades informales, considerando que estas son una fuente crucial de ingresos para miles de familias. Además, se plantea la necesidad de un enfoque multisectorial que incluya capacitación técnica, acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades en las comunidades mineras.
A pesar de los desafíos, Escobar señala que la minería artesanal puede ser sostenible si se implementan las medidas adecuadas. «El futuro de la minería en el Perú depende de la capacidad del Estado, las empresas y las comunidades de trabajar en conjunto para construir un modelo inclusivo y sostenible que beneficie a todos los actores involucrados».
