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Una economía de mercado para todos: Retrospectivas y avances de cara al Bicentenario

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La Economía Social de Mercado (ESM)  es un sistema económico que combina la necesidad de libertad económica, con la justicia social. Este sistema reconoce que un mercado altamente eficiente, que satisface todas las necesidades de una sociedad no es suficiente. Le atribuye al Estado el derecho y la obligación de intervenir cuando se  produzca una pérdida de intereses sociales legítimos reconocidos.

POR NOREYMA PAZ
npaz@stakeholders.com.pe

Acerca de la Economía Social de Mercado

La Constitución Política del Perú del año 1993, en el Titulo III: Del régimen Económico, Capítulo I, Principios Generales, en su artículo 58, reza que: “Economía Social de Mercado. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.”

El Artículo 59.- Rol Económico del Estado. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Ambos artículos refieren como el sistema denominado Economía Social de Mercado (ESM) y  las condiciones necesarias para su funcionamiento, tienen rango y fuerza constitucional en el país. Siendo este su basamento legal,  nuestro vocero, el Doctor Alberto Cruces Burga -asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional- considera al respecto de su reconocimiento legal: “El Perú es muy particular en ese sentido pues se recoge la ESM directamente en la Constitución por lo que esta funciona más bien como un régimen económico del cual se desprenden una serie de principios que obligan a poderes públicos y privados, y que, en general, regulan la vida económica del país”.  Lo conceptualiza como una opción política económica, que en el caso peruano ha sido asumida por el Estado. Cuyo rango constitucional implica que los demás ordenamientos jurídicos, deben adaptarse a ella.

Diego Macera,
Economista y Gerente del Instituto Peruano de Economía IPE

Por su parte, el economista y gerente del Instituto Peruano de Economía IPE Diego Macera, refiere que el término Economía Social de Mercado, puede tener varias interpretaciones de acuerdo al enfoque que se le dé, sin embargo, considera que para poder entenderlo es necesario focalizarse en sus dos apellidos: El social y el  de mercado. La parte social apunta hacia un conjunto de reglas en el que esta economía de mercado se tiene que basar para salvaguardar los derechos de los trabajadores, para estructurar los incentivos de modo que lleguen el mayor beneficio a la mayor cantidad de gente, para que los excedentes sean redistribuidos para garantizar igualdad de oportunidades. Por su parte el segundo apellido que es el de mercado “apunta  a una libertad económica, para contratar, para emprender, para comprar, libertad de iniciativa económica privada, libertad de precios.“

Ambas definiciones soportan  la propuesta  por MüllerArmack -considerado el padre fundador de este término, en su obra Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (Dirección económica de mercado de 1946) la ESM debe ser entendida como la “combinación del principio de la libertad del mercado con el principio de la equidad social.

Las conceptualizaciones de los autores apuntan al hecho que el Estado debe garantizar las libertades de los medios de producción, dentro del marco de su responsabilidad social y favorecer un alto grado de apertura de los mercados en los ámbitos interno y externo. Está obligado a evitar intervenciones innecesarias que limiten la acción del mercado, a no ser que se produzcan situaciones que sean necesario corregir. Lo más importante es que el Estado debe fijar un conjunto de normas jurídicas, que delimiten el ámbito dentro del cual pueden desarrollarse las actividades económicas.

La Economía Social de Mercado señala que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción, constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política. En conclusión, el Estado debe velar por el buen funcionamiento del mercado lo cual significa, que le confiere al mercado un margen de acción necesario y que por principio no interfiere en el juego de la oferta y de la demanda.

Beneficios de la Economía Social de Mercado

Este sistema de gobierno apunta al crecimiento económico del país, y por ende a conseguir mayor bienestar y oportunidades para la población. Se fundamenta en la organización de mercados como un sistema óptimo de asignación de recursos que  busca corregir los posibles excesos o desbalances que se ocasionen en los sistemas económicos de libre mercado. Sobre este tema Alberto Cruces Burga, considera que la gran ventaja de este sistema radica en la flexibilidad que lo caracteriza, que promueve principios como el de la subsidiariedad y solidaridad.

“El principio de subsidiariedad funciona en ambos sentidos: el Estado debe abstenerse en favor del mercado, pero también debe intervenir cuando sea necesario”. En tal sentido que  “Una comprensión razonable del rol del Estado a partir de la Economía Social de Mercado permite justamente enfocarse en objetivos sociales de gran impacto en la población. En particular, creo que esta perspectiva es importante para superar la brecha de servicios públicos que sigue siendo un problema grave en nuestro país”.

El principio de la responsabilidad personal por su parte,  establece que la política estatal debe afectar en el menor grado posible la libertad y la auto-responsabilidad. Dicha responsabilidad requiere autonomía, la cual se relaciona con el desarrollo de la persona y de su relacionamiento con sus diferentes pares.

La solidaridad se basa en la responsabilidad mutua, éticamente fundada, entre los integrantes de diferentes grupos sociales. Esto contiene un componente ético, como el respeto y la responsabilidad por los demás, en especial con aquellos que cuentan con menos posibilidades. Y por otra parte tiene una serie de componentes económicos como la mejora de la convivencia.

Sobre el aporte al crecimiento económico, Diego Macera, considera que lo fundamental radica en la necesidad de generar los excedentes necesarios que permitan cerrar las brechas de la población más vulnerable, y esto se logra con el crecimiento empresarial propio de la economía de mercado. “Si no se tiene una economía libre con los incentivos económicos correctos, simplemente no hay crecimiento económico y eso se demuestra a nivel global y no solo en el Perú”. Macera opina que los incentivos para emprender y para trabajar, son la columna vertebral de cualquier economía; porque si no hay generación de riqueza no se tiene nada. No es posible cerrar esas brechas comprometiendo los incentivos económicos que generan los excedentes.

Para consolidar este sistema y generar riquezas y poder redistribuir a la población, es fundamental  contar con instituciones públicas solidas que funcionen como su soporte; solo contando con poderes públicos autónomos y eficientes se garantiza contar con los mecanismos políticos y jurídicos necesarios para que la economía de Libre Mercado funcione correctamente.  Macera señala sobre esto, que este modelo solo funciona cuando se tiene instituciones públicas, competentes, confiables y eficaces, “la contraparte de creer que este modelo es malo porque está a favor de los más poderosos y está comprometido con la corrupción es un error, la verdad la falta de institucionalidad y la corrupción terminan siendo un cáncer para los incentivos del modelo, no se tiene un sistema económico funcional sino está anclado en instituciones que puedan garantizar un acceso a la justicia eficiente y predecible” . Es necesario según su consideración un sector público que de confianza y predictibilidad sobre las regla de juego.

Economía Social Mercado con los ejes estratégicos del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional basado en el Acuerdo Nacional y en las 31 Políticas de Estado que suscribieron las fuerzas políticas y sociales en el año 2002. Dicho plan contiene las políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el país. Se han de­finido seis ejes estratégicos: 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 2. Oportunidades y acceso a los servicios 3. Estado y gobernabilidad 4. Economía, competitividad y empleo 5. Desarrollo regional e infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente.

Alberto Cruces Burga opina al respecto, que la Economía Social de Mercado ha sido incorporada expresamente en el Plan Bicentenario en el cuarto eje estratégico referido a economía, competitividad y empleo. Este eje el plan sustenta una política económica estable y previsora que aliente el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleos dignos. Todas estas son condiciones indispensables para este objetivo la reducción del subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión y la presión tributaria, y la mayor estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, al respecto consideró que “esta es una incorporación limitada y que restringe el ámbito de proyección del régimen económico, el cual también se vincula estrechamente con el segundo eje relacionado a los servicios públicos y la inversión social”. El segundo eje contempla el crecimiento con democratización de los servicios públicos, se compromete a lograr para el 2021 el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad, como la educación, la salud, el agua, el saneamiento, la electricidad, las  telecomunicaciones, la vivienda y la seguridad ciudadana.

Según su consideración el enfoque utilizado no es errado, la ESM funciona como un puente entre los principios constitucionales y las políticas de crecimiento económ

Alberto Cruces Burga,
Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional

ico, la apertura de mercados, la estabilidad monetaria, la competitividad, lo que la vez también son principios económicos de la ESM. Considera que el problema pudo haber estado en desvincular este sistema de sus demás interacciones, tanto en el segundo eje, donde la educación es vital, como en los referidos a gobernabilidad, en el que el indicador de calidad regulatoria se vincula estrechamente al principio de subsidiariedad.

Economía Social de Mercado y  Desarrollo Sostenible

La referencia más relevante de la este sistema, es que la misma, es una forma de actividad económica que debe alcanzar un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales. Es un modelo de desarrollo que está definitivamente en contraste con los enfoques de maximización de beneficio y promueve la protección medioambiental y el empoderamiento económico y político de las personas desfavorecidas y de otras personas implicadas en la justicia social y medioambiental.

El especialista consultado Cruces Burga indicó que sobre esta temática, que tradicionalmente se concebía la ESM como una fórmula de balance de elementos sociales y de mercado, pero a ese binomio se ha agregado ya desde hace unos años una dimensión ambiental, “Que incluye una serie de principios que atienden a la preocupación por la satisfacción de necesidades y calidad de vida de las generaciones futuras. En nuestro país esto ha tenido un correlato incluso constitucional pues a pesar de encontrarse expresamente en la Constitución, ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre las Regalías Mineras (00048-2004-AI/TC)”. A su juicio  no se pueden entender las libertades económicas como derechos intocables, sino que deben ser ejercidos en armonía con los derechos “no solo de quienes estamos hoy aquí sino de quienes vienen tras nosotros”.

Para Diego Macera, la única manera de tener un crecimiento sostenido de las empresas es manteniendo  una visión integral entre lo ambiental y lo social, y de hecho refiere como varios países han intentado probar esta ruta alterna y se les hizo difícil continuar con éxito. Sin embargo,  señala que hay aspectos importantes a destacar cuando se habla de sostenibilidad y uno de esos  es el tener las necesidades básicas cubiertas, porque  no es lo mismo pensar en sostenibilidad cuando se tiene un ingreso per cápita suficiente, como es el caso de muchos países europeos desarrollados, pero justamente esto no es lo que se tiene en el Perú  donde el ingreso per cápita es mucho menor. “Tenemos una serie de vulnerabilidades sociales (porcentaje de pobreza, carencia en nutrición, entre otras) que hacen entender las consideraciones de la sostenibilidad de forma distinta. Las prioridades van de la mano de cerrar las brechas de oportunidades de población más vulnerable.  Y ese es punto central de una economía social de mercado”.

Es tal la magnitud del Desarrollo Sostenible en un sistema de Economía Social de Mercado, que quedan plasmado en el ya mencionado Plan Bicentenario, en el eje número 6  sobre los Recursos Naturales y Ambiente, según el cual, los recursos naturales tienen un papel estratégico, ya que son fundamentales para el sostenimiento de la economía del país porque contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades  productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como externo.

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