Por Stakeholders
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Por: Silvana Fumega
Directora de Investigación y Políticas de la Iniciativa Latinoamérica por los Datos Abiertos (ILDA)
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han modificado la forma en que nos relacionamos e interactuamos. De la misma manera, han modificado la forma en que las personas acceden e interactúan con la información, así como con los diferentes poderes del Estado.
Las leyes de acceso a la información pública regulan el derecho que la ciudadanía tiene para acceder a la información en poder de los gobiernos (principalmente a través de una solicitud). Asimismo, en la última década, las políticas de datos abiertos, proactivamente, proporcionan datos (el componente necesario para producir información) en formatos reutilizables, es decir, publicados digitalmente y sin barreras técnicas o legales para que puedan ser utilizados, reutilizados y distribuidos.
Las leyes de acceso a la información se han masificado hacia comienzos de este nuevo siglo. Para el 2010, más de noventa países habían aprobado leyes de acceso a la información pública, aunque actualmente son más de 110. Las TIC han permitido que ese acceso se facilite por medio del desarrollo de plataformas (desde el Gobierno y/o desde la sociedad civil) que permiten hacer pedidos online y, por lo tanto, reducen las barreras que imponía el tener que dirigirse a una sede gubernamental en forma presencial. Unos años más tarde, la agenda de datos abiertos comenzó a popularizarse y los gobiernos comenzaron a desarrollar portales, adoptando políticas que promueven la publicación de datos en formatos abiertos.
En todos los casos, el valor reside en la utilización que hacemos de la información y datos obtenidos. Si bien la publicación es necesaria, es solo el primer paso de la cadena de valor. En particular en el área de datos abiertos, la posibilidad de reutilizar los datos abre un abanico de posibilidades en términos de generación de valor en una diversidad de áreas. Por ello, es clave la apertura de los datos públicos, siempre que no contengan información personal sobre individuos específicos que pongan en riesgo su privacidad.
Si bien se presume que, en muchos casos, la información y los datos obtenidos sirven para una mayor transparencia, el uso de los datos se extiende a otras áreas que van más allá de colaborar en la rendición de cuentas gubernamental. El uso de los datos no solo puede ayudar a resolver o visibilizar problemas de interés público, sino que también pueden colaborar con la mejora de la prestación de servicios públicos o en la generación de recursos económicos. De esa manera, emprendimientos como Properati, los informes de LNData y Ojo Público, o incluso los usos que los propios gobiernos hacen de sus datos como el «Mapa de Oportunidades Comerciales», todos nos demuestran que los usos y beneficios son tan diversos y numerosos como la imaginación de los usuarios.
En este contexto, la tarea de los que trabajamos para promover la agenda para un mayor acceso a la información pública y una mayor apertura de los datos es no solo exigir su publicación, sino también pensar en cómo podemos agregar valor a esos recursos. Sigamos exigiendo apertura, pero también continuemos añadiendo valor para que la mayor cantidad de personas puedan beneficiarse.
