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En la actualidad, los considerados “antimineros” han ido tomando una mayor notoriedad en los conflictos sociales. En ese sentido, muchas veces, sus intereses han sido determinantes a la hora de indagar las razones que se esconden detrás de los diversos actos de violencia suscitados en los últimos años
Por Marco Minaya
mminaya@stakeholders.com.pe
En el contexto de conflictividad que afronta el país se analiza y reflexiona mucho sobre el rol que deben cumplir los diferentes actores sociales en la intervención y resolución de los conflictos socio ambientales. Asimismo, en el intento por entender las complejas causas o fuentes que están detrás de estos conflictos, en donde, por lo general, alternan elementos ligados a actos de violencia y represión en las comunidades, se visualizan dos posiciones que entran en escena de manera latente: los que están a favor y los que están en contra de la actividad extractiva.
En esa línea, surge una categoría conceptual: los antimineros, que están determinados por su posición en contra de la actividad minera. Para Rodolfo Herrera, Docente de la Universidad de Lima, dicho término resulta ser a nivel de comunicación potente, porque con esto se intenta radicalizar los extremos, tanto pro como antiminero. Entonces, “en términos comunicacionales, el antiminero es la parte opuesta a lo esperable. De esa manera, se le carga de negatividad” expresó.
Asimismo, el docente de la Universidad de Lima agregó que en el escenario nacional el ser antiminero se asocia a un conjunto de prácticas que tienen que ver con la violencia, radicalización, y protesta social. “Sucede que quienes se oponen a la actividad minera terminan su propuesta en la protesta; es decir, no mantienen una propuesta alternativa que podría generar desarrollo a la comunidad”, enfatizó. Siguiendo esta línea de razonamiento, en cuanto a la repercusión que tienen los antimineros en los conflictos sociales ¿Basta con catalogarlos desde una óptica de negatividad y oposición frente a la actividad extractiva?
Según Luis Pineda Blanco, investigador social y especialista en gobernanza, desarrollo territorial y participación ciudadana, es preferible hablar de los grupos que se han organizado detrás de la protesta como sectores que tienen intereses propios, pero que han sido visualizados por las acciones que han emprendido como protestas y actitudes denigrantes que han primado en su accionar.
Frente a ese contexto, “este grupo opuesto a dicha actividad minera deben ser mejor analizados, conocerlos para poder entender cuáles son realmente sus objetivos.”, enfatizó el especialista. Para Pineda, de esta manera, se podrá desarrollar mejores y adecuadas estrategias para enfrentar los procesos de diálogo y negociación frente a las manifestaciones de estos sectores.
Sin embargo, Herrera opinó que en este contexto de conflicto muchas veces resulta ser un escenario bastante pequeño en la discusión para el desarrollo del dialogo; entonces, este sector opuesto termina en el lado de la protesta, afianzando, a veces, su posición en la radicalización de la manifestación social que termina en actos violentos. Asimismo, consideró que, desde la lógica del antiminero, algunos grupos sociales asumen que la radicalización plantea para ellos un mejor escenario para frenar esta “amenaza” y de esta minería “que los destruirá y los acabará”. En palabras del docente, en este escenario es cuando se hacen presentes tanto la empresa que propone un conjunto de beneficios a la comunidad y por el otro lado un sector violentista y radical. “Se vuelve un diálogo de sordos”, agregó.
Ante esto, surge la pregunta ¿qué razones se esconden detrás de sus manifestaciones radicales? Ambos especialistas coinciden en que el asunto pasa por un tema respecto a la visión general del desarrollo de las comunidades vinculados al aspecto ambiental y la repercusión que tiene la actividad extractiva en las zonas de influencia cercanas a tales poblaciones. En ese sentido, “habría que saber a ciencia cierta si existe una amenaza o peligro en torno a los instrumentos que se usan para medir los impactos que podrían producir algún daño ambiental en la zona que afecta los recursos naturales”, enfatizó Pineda.
En palabras de Herrera, esta amenaza permite el desarrollo de un escenario de temor y luego de rechazo, porque la minería, por ejemplo, basa mucho su actividad en el uso del agua y cuando el discurso y la práctica sobre el tratamiento que debe tener dicho recurso natural no es clara, pues se enfrenta ante tal escenario. Asimismo, Pineda destacó que existen evidentemente intereses políticos, porque, en efecto, no solamente podemos reducir el tema del temor a una movilización de agricultores que puedan haberse movilizado en defensa del uso de un recurso natural como el agua.
“¿Cuáles son los intereses de las autoridades a nivel local? ¿Va más allá del mandado del alcalde o es a nivel provincial o del Estado?, son cuestionamientos que habría que hacerles a ellos”, determinó Pineda. Y es que en este contexto, la presencia del Estado se hace más que necesaria para determinar y desarrollar una posible resolución del conflicto. Por ello, Herrera aseguró que el Estado, frente a esta problemática, no ha generado una oportunidad de mejora a los pobladores ni les ha dado las oportunidades necesarias para poder variar su concepción de unidad cortoplacista de desarrollo.
¿Cuál sería el gran problema detrás de los intereses políticos? Según Herrera el problema se evidencia cuando se empieza a partidarizar. Es decir, líderes de partidos políticos empiezan a ser parte de la protesta, porque ellos ven un escenario deseable, ya sea por convicción porque está ligado a sus principios o por puro oportunismo porque vaya a ganar votos. Sobre todo en esto último, “para un político o movilizador de los grupos sociales es un escenario muy importante porque le concederá visibilidad y tribuna en los medios, otorgándole cierta legitimidad o valor a su discurso.”, argumentó.
Por ejemplo, “el estado debería estar ahora en Tía María mejorando los servicios de salud, las escuelas, educando a la comunidad, mejorando sus condiciones de riesgo para las personas”, enfatizó el docente de la Universidad de Lima. Según su lógica, esto permite al Estado que se vuelva en un actor fundamental que educa, capacita y fortalece para el desarrollo del diálogo. Entonces el Estado cumpliría su papel de garantizar los derechos a través de la educación permitiendo el fortalecimiento y generación de un pueblo dialogante y no necesariamente se jueguen intereses que favorezcan a uno u otro grupo o actor social.
Si bien el dialogo como mecanismo de entendimiento para la resolución del conflicto entre los actores sociales es fundamental, ¿es posible, entonces, dialogar con aquellos que se oponen a la actividad extractiva? El especialista en gobernanza, desarrollo territorial y participación ciudadana está convencido que si es posible el dialogo, aunque sea mucho más complejo, pese a que, dependiendo de la coyuntura, se pueda tornar rígido y sabiendo que existen intereses políticos de por medio.
No obstante, para enfrentar al antiminero a través del diálogo, Herrera expresó que habría que delimitar con mayor detenimiento lo concerniente al antiminero en sí. Es decir, desde su análisis, por un lado en el extremo más radical están los antimineros violentistas; mientras que del otro lado están los antimineros que tienen una base más blanda, que mantienen el temor a los cambios que podría suscitar la intervención de las actividades extractivas en sus comunidades. “En estos últimos se tiene que empezar a desarrollar el dialogo, porque es alguien que está más dispuesto a comprender, a dialogar, dado que no es un antiminero radical.”, aseveró.
Para el docente de la Universidad de Lima, es necesario empezar por los que si quieren dialogar, sobre todo porque los extremos radicales siempre terminan siendo una minoría. Entonces, “los radicales terminan siendo acabados y su discurso pierde base. Es atacar el problema por los que estén más dispuestos a escucharte”, agregó.
