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El coautor del Incore 2018 del IPE afirma que esta labor requiere de una mejora de la economía, el empleo, la infraestructura, la educación y la salud en el Perú.

Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe

En esta entrevista, Víctor Fuentes, analista económico del Instituto Peruano de Economía (IPE), realiza un diagnóstico de lo que dejó el Índice de Competitividad Regional-Incore 2018, subrayando que el déficit de calidad institucional determina en gran parte el nivel de competitividad de cada región del Perú.

Víctor Fuentes, analista económico del IPE.

—En general, ¿qué balance deja el Incore 2018?

El Incore 2018 ha confirmado una relación directa entre pobreza y competitividad: a mayor pobreza, menor competitividad, y a menor pobreza, mayor competitividad. Igualmente, ha reconfirmado una tendencia: la costa es la zona geográfica más competitiva del Perú. Asimismo, ha revelado que una región que quiere escalar en el largo plazo en este ranking no solo tiene que superarse a sí misma en el corto y mediano plazo, sino que también tiene que hacerlo a una mayor velocidad que el resto. Este panorama de competitividad relativa dificulta la evolución de una región, lo cual no quiere decir que esta debe dejar de mejorar en lo inmediato, porque aunque su esfuerzo en el corto y mediano plazo no le alcanzará para entrar en el top ten del Incore, sí puede alcanzarle para ubicarse en el segundo tercio.

—¿En qué área de evaluación se ha presentado el mayor avance y el mayor retroceso?

Para responderte utilizaré el caso concreto de Apurímac, región que ha experimentado una gran mejora en Economía, Empleo e Institucionalidad. El inicio de operación del proyecto minero Las Bambas en el 2015, hizo que esta región ascienda del puesto 25 al 9 en el PBI per cápita regional y que ahora tenga el mayor presupuesto público per cápita a escala subnacional, desplazando de esta posición a Moquegua. No obstante, Apurímac ha retrocedido en Salud y Educación, aunque esto último tiene que ver con el nivel de eficiencia y efectividad del Gobierno Central, Regional y Local.

—¿Qué grado de variabilidad hay en la tabla posicional del Incore? 

En el Incore hay un tipo de variable que evalúa el comportamiento estructural de la competitividad y otro que mide el esfuerzo específico: el primer tipo se caracteriza por su elevada estabilidad y el segundo por su alta variabilidad. En el primer grupo está el PBI per cápita, que, en el caso de que no haya un gran proyecto de inversión de por medio, tiende a ser estable. En el segundo grupo están el incremento del gasto real por hogar y la creación del empleo formal, que suelen experimentar cierto grado de variabilidad, lo cual hace posible que una región pueda escalar hasta mitad de tabla en el Incore en un corto o mediano intervalo de tiempo.

—Loreto, Puno y Cajamarca ocupan el antepenúltimo, penúltimo y último lugar en el Incore. ¿Por qué esta infeliz proximidad?

Porque tienen un problema en común: una gestión pública ineficaz.  Esto tiene que ver con la capacidad de gestión que tiene una autoridad regional, provincial o local. Para acabar con este problema, la población debe aprender a elegir mejor a su clase gobernante.

—El Incore ha registrado que el Estado peruano tiene una institucionalidad deficitaria. En este sentido, ¿qué impacto tiene el déficit institucional sobre el nivel de competitividad de cada región en el Perú?

La ejecución de la inversión pública constituye una variable esencial para medir el nivel de la calidad institucional. El promedio nacional de ejecución de la inversión pública indica que solo se gasta siete de cada diez soles, pero el promedio regional dice que únicamente se gasta cinco de cada diez soles, es decir, no solamente no hay un alto nivel de ejecución de la inversión pública a nivel nacional, sino también a nivel regional. Esto demuestra en parte cómo el componente institucional influye sobre el nivel de competitividad de cada región.

—El alto nivel de informalidad y la baja recaudación tributaria también influyen en el nivel de competitividad regional.

En efecto, el alto nivel de informalidad y el déficit fiscal también inciden sobre el nivel de competitividad regional; sin embargo, aun en el caso de que el 100 % de la economía peruana se formalice, la recaudación tributaria no aumentaría mucho. La solución de este problema en el Perú no depende tanto de la formalización, sino de la elevación de la productividad. La formalización constituye una condición necesaria importantísima pero no suficiente para elevar la recaudación tributaria, la productividad y la competitividad.

—Por otra parte, el alto grado de percepción de la corrupción y la falta de transparencia en el Perú explican parcialmente el alto nivel de informalidad de su economía, su déficit fiscal y su baja competitividad.

Definitivamente con una mayor recaudación tributaria se trabajaría mejor, pero ¿cómo traducir este mayor ingreso fiscal en un mayor bienestar público? Esto último está ligado a la capacidad institucional que tiene un Estado. Para aterrizar lo que digo, analizaré una pequeña parte de la capacidad institucional de la región Lima. Recientemente, el Congreso de la República ha aprobado la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, pero como en la práctica la ATU todavía no se ha establecido en la región, aún está de manifiesto el enorme déficit de una adecuada conexión vehicular entre la capital y el Primer Puerto del Perú, trayendo como consecuencia una grave pérdida en horas-hombre por la congestión vehicular. Esto explica en parte por qué una mayor recaudación tributaria debe ir de la mano con una mejora de la capacidad institucional regional.

—¿Qué debería hacer el Estado para mejorar la competitividad regional?

La principal tarea del Estado debe ser fortalecer la institucionalidad, una labor fortísima cuyo resultado se vería en el largo plazo. En el corto y mediano plazo, se tiene que confeccionar un Plan Nacional de Infraestructura y cambiar la situación en Educación y Salud, teniendo un horizonte claro en Economía y Empleo, lo que asegurará un mejor nivel de calidad institucional y, con ello, un mejor nivel de competitividad en cada región.







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