Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
Estos meses hemos visto protestas muy violentas en París, Quito y Santiago, en las que se demandan, sobre todo, modificar el modelo económico inequitativo y la forma en que se relaciona el Estado con los ciudadanos. Son los casos de los chalecos amarillos en Francia, los movimientos indígenas en Ecuador (colectivo particularmente deliberante) que obligaron a los miembros del gobierno a salir de Quito y las protestas en Chile que no logran calmarse, a pesar de haber obtenido reivindicaciones por encima de sus requerimientos iniciales. Vemos entonces que todos exigen derechos, pero, ¿entendemos de dónde provienen esos derechos?
Resulta valioso reflexionar sobre el origen de los derechos ciudadanos para comprender mejor la demanda de los mismos. Empecemos por el Estado, quien es el que los garantiza y que está constituido por los ciudadanos que habitan en su territorio; entender esa composición elemental es indispensable para que todo lo demás tenga sentido. Entonces, la existencia de un mejor o peor Estado se soporta en la fortaleza que tiene la responsabilidad ciudadana en el cuidado de sus instituciones, entre ellas la elección de las autoridades. Si los ciudadanos reconocen que es indispensable cumplir con sus deberes para que funcione mejor el Estado, saben que la respuesta a ello será que consiguen derechos proporcionales a ese cumplimiento y que van a recibir servicios públicos de calidad equivalentes.
Son por tanto las dos caras de una misma moneda, deberes y derechos de las personas los que hacen a un Estado más involucrado con las necesidades de su gente y eso lo hace más justo. Se trata entonces que los individuos se comporten en sociedad, que entiendan que su crecimiento y mejora en la calidad de vida está asociado a su compromiso con la colectividad y eso implica renunciar a ciertas ventajas individuales que no hacen otra cosa que perjudicar a todos, incluyéndolo. Cumplir con la ley resulta en una obligación moral que es cumplir con la sociedad, nadie debe asumir que tiene un status distinto o que es más listo que los demás, lo que en el Perú consideramos “una criollada”, cuando en verdad es corrupción.
Un componente básico de esa ética ciudadana es la de asumir una cultura de fiscalidad, que consiste en entender que el entorno en el que vivimos tiene un costo económico e institucional y hay que pagarlo. El poder comprar, trabajar, movilizarse y una larga lista de actividades ocurren porque existe un hábitat que lo permite y ese es el marco que da el Estado. Por eso es hay Estados que ofrecen un mejor entorno para relacionarse con servicios públicos de calidad; y de otro lado, Estados que no pueden garantizar derechos mínimos y menos ofrecer servicios públicos básicos, porque no cuentan con un buen nivel de soporte ciudadano. En estos países no existe conciencia contributiva para que ese buen entorno funcione y se ofrezca mayores prestaciones para el beneficio propio y del colectivo, esto es la sociedad. No se ha asumido una ética fiscal y se cree que el entorno, ese hábitat, es gratuito.
Los ciudadanos deben tener garantizados sus derechos, así lo señalan los tratados internacionales y legislaciones nacionales, eso es indiscutible. Pero la profundidad de los derechos, la calidad de esos servicios, esos dependen más bien de la implicación de los propios ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes. No es posible exigir servicios públicos como en Canadá sin comprobar cómo se comportan los canadienses frente a la ley y su cultura fiscal. De allí que si somos honestos con nosotros mismos, es entendible que sí merezcamos los servicios públicos deficientes que tenemos.
