Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Jorge Echeandía
Oficial de Gobierno Corporativo, Corporación Financiera Internacional, IFC
A nivel mundial, las empresas de propiedad del Estado representan el 20% de las inversiones, 5% de los empleos y más del 40% de la producción de algunos países. En el Perú, este perfil de empresas participa de la oferta de los principales servicios públicos, entre los que se destacan los sectores de energía, finanzas e infraestructura. Además, son monopolistas en actividades tan sensibles como la comercialización de la coca y tienen el dominio del mercado de la prestación de salud de acceso masivo. Más allá del debate y decisiones tomadas en los noventas respecto a la decisión de privatizar o no estos servicios (empresas), 35 empresas continúan siendo prácticamente 100% de propiedad estatal, 6 más se encuentran en liquidación y el Estado tiene participación accionaria en otras 18 compañías[1].
Como vemos, el rol del Estado en la actividad empresarial se encuentra muy activo y, en consecuencia, el foco de atención está en procurar el éxito de la dirección y gestión de las personas nominadas por el Estado para representar a los accionistas; es decir, a todos los peruanos, quienes, sin aparecer en el libro de matrícula de acciones, somos titulares de cada una de las empresas que aun están bajo la dirección del sector público.
En materia de Gobierno Corporativo, desde la creación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, en el año 1999, nuestro país se puso un paso adelante, al crear este organismo dedicado a normar y dirigir la actividad empresarial del Estado y a partir de allí, a desarrollar una serie de iniciativas para poner el Gobierno Corporativo como prioridad en su propia agenda institucional y en la de cada una de las empresas que se encuentran bajo su paraguas.
Más allá de la profesionalización y buenas prácticas de gestión que muchas de las compañías del Estado vienen desarrollando, no está de más recordar algunos aspectos de gobernanza a tomar en cuenta: a) Es importante recordar que existe un “tono desde arriba” que hace posible que cualquier persona jurídica funcione adecuadamente; b) identificar los roles de cada uno de los miembros de las empresas y que tengan la debida justificación de su existencia; c) que cada colaborador conozca con exactitud el propósito de su empresa; d) que el manejo responsable de las finanzas sean prioridad de cada área; e) que todos tengan orgullo de la integridad y profesionalismo de su directorio y altos mandos de la compañía, f) que los controles internos y externos no le quiten el sueño a nadie; g) que quienes controlan no empleen su “poder” para solo sancionar, sino para construir soluciones; h) que cualquier ciudadano pueda ingresar a un ‘link’ y tenga toda la información necesaria sobre el desempeño de la empresa; i) que los procesos que vinculen cualquier parte interesada (Stakeholders) se encuentre claramente diseñado, sea absolutamente transparente y de cumplimiento absoluto.
Las empresas públicas deben funcionar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona jurídica de propiedad privada y, en consecuencia, competir con estrategias innovadoras, alto desempeño, personal de primer nivel, atracción laboral para los nuevos jóvenes profesionales y resultados financieros que, sin ampararse de subvenciones, sean de admiración permanente. No estamos lejos de lograr estas metas, solo es cuestión de seguir fortaleciendo las buenas prácticas de gobierno corporativo que tan bien reguladas -y revisadas- se encuentran a nivel de FONAFE y que traerán solo buenas noticias para todos quienes somos accionistas de ellas.
