La pobreza es inmoral

 

Rafael Valencia – Dongo Cárdenas

Presidente ejecutivo de Grupo Estrategia

La pobreza rural en el Perú es inmoral, la falta de agua que hace que los niños enfermen de disentería y que por lo tanto la cantidad de sus neuronas no sean similares a las de los niños que viven en las ciudades, es inmoral.

Es inmoral también que los niños no tengan acceso a una buena educación -existen locales pero no buenos maestros, nadie quiere ir a 4,000 o 5,000 metros de altura por la remuneración que reciben y las condiciones de habitabilidad- en contraposición con los niños que tienen acceso a buenos colegios, buenas escuelas técnicas y buenas universidades en los centros urbanos.

Es inmoral que los pobladores rurales no tengan acceso a buenas vías de acceso que posibiliten hacer un comercio adecuado de los productos elaborados por ellos o sus comunidades; es inmoral que en muchos casos no tengan acceso a servicios de energía eléctrica o que el servicio que reciben provenga de pequeñas centrales hidroeléctricas o motores que les dan horas diarias de energía, pero que les impide usar la misma para pequeñas industrias de carpintería, así como para transformación de productos agropecuarios como queserías u otros.

Es inmoral que los bolsones de pobreza extrema estén ubicados precisamente donde se tienen los mayores recursos naturales del mundo para desarrollar proyectos mineros, energéticos y de pesca. Es inmoral que se dé la explotación de los recursos naturales de manera informal a la vista y paciencia de nuestras autoridades, dado simplemente que no se tienen las capacidades para articular un desarrollo sostenible de estos.

¿Por qué no se da un cambio drástico de esta lacerante realidad de pobreza, empujado por la acción de los propios pobladores de las zonas rurales? Básicamente porque los que menos se dan cuenta de la pobreza son los pobres.

Además, los pobladores de las grandes urbes están muy ocupados en otros menesteres y el Gobierno posee una institucionalidad deficiente para la gestión sostenible de los recursos naturales y del ambiente.

Así la pobreza se resiste a abandonar un ratio alto para un mundo desarrollado -al que aspiramos ser- del 21.7% y la pobreza extrema tiene un lacerante e inmoral ratio del 4.07 % de la población, según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cómo acabar con la pobreza

La pobreza solo se acaba generando los recursos necesarios, vía crecimiento económico, para que el Estado pueda disponer de los mismos, a fin de combatir las causas de la pobreza de casi un quinto de la población. Se debe considerar a la población vulnerable que podría volver a la pobreza si no hay un pronto crecimiento en el país. Resulta alarmante que el ratio de crecimiento económico del país a mayo del presente haya sido escasamente del 2.4% y si se retira del mismo el crecimiento del sector minero, entonces en el Perú habríamos crecido 0%.

A este ritmo en el corto plazo, no solo se evitará sacar a más gente de la pobreza, sino que el porcentaje de personas pobres podría incrementarse. No hay que olvidar que hace poco menos de 15 años los pobres significaban más del 50% de la población peruana.

Entonces, ¿cómo hacemos para reencender los motores de la economía, para contar con mayores recursos a fin de que el Estado pueda lograr infraestructura para el desarrollo sostenible en las zonas rurales? ¿Cómo hacemos para lograr mayores puestos de trabajo digno, a efectos de reducir los programas sociales que vuelven dependientes del Estado a los ciudadanos? }

¿Cómo hacemos para reducir la violencia, generada por la intención o uso de los recursos naturales? ¿Cómo lograr una convivencia armoniosa entre el Estado, las empresas y las comunidades? ¿Cómo lograr eliminar la pobreza extrema? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y lograr la tan ansiada igualdad de oportunidades?

No debemos dejar de tomar en cuenta que hoy tenemos 12.6 millones de ciudadanos vulnerables susceptibles a ser devueltos a la pobreza y 1.2 millones súper vulnerables, es decir a un paso de ingresar nuevamente a la pobreza.

Sin embargo, todo ello debe considerar que los recursos naturales -que al final son patrimonio de la humanidad- deben ser manejados de forma sostenible de modo que las acciones y

usufructo de los ciudadanos de esta generación, no impida el usufructo de los ciudadanos de las siguientes generaciones en similares condiciones. Usar los recursos naturales para generar riqueza -de lo contrario no hay nada que repartir- debe generar a su vez gran responsabilidad en su uso.

Los recursos naturales, la economía peruana y la sostenibilidad ambiental Los recursos naturales, especialmente la minería, son una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales del Perú. El promedio de ingresos provenientes de sectores vinculados a los recursos naturales en el periodo 2000-2015 fue 18.8%1 del total.

Sin embargo, el último año fue solo 10.4%, ya que desde el 2012 hubo una drástica reducción en la recaudación por minería e hidrocarburos (cuadro 1), y así el aporte de la minería llegó a solo 5.6% en el 2015. Esto se debe, por un lado, a la correlación entre el precio internacional de los metales y el ingreso fiscal del país (Ernst & Young, 2014), y por otro lado, a un entorno desfavorable para las inversiones que incluye el incremento desordenado de procedimientos administrativos, además de una profunda conflictividad social.

Esta situación impacta en la capacidad del Estado para brindar más y mejores servicios a los ciudadanos, además de venir acompañado de menos puestos de trabajo directos e indirectos.

La realidad de las cifras es contundente, el usufructo de los recursos naturales constituye la principal fuente de sostenibilidad del país, entonces ¿cómo hacemos para que nos puedan sacar de esta encrucijada de parálisis de crecimiento y el Estado pueda aprovechar los recursos generados por este sector? ¿Cómo hacer que los recursos naturales puedan volver a reencender el motor de la economía y no ser una fuente de conflictos sociales?

El Problema: Falta de cooperación interinstitucional

Existen algunas contradicciones que se alojan en el discurso de la conflictividad social en el Perú: minería versus agricultura, capital extranjero versus desarrollo local, crecimiento económico versus sostenibilidad ambiental. En este sentido, un desafío fundamental para el desarrollo sostenible del país es demostrar que estas tensiones son aparentes, haciendo que estas variables encuentren sinergias e integración.

No obstante, existen problemas intrínsecos a la estructura y organización del Estado que reproducen estas contradicciones, en lugar de armonizarlas. Según el Plan Bicentenario, se requiere una gestión integrada de los recursos naturales para su conservación y aprovechamiento, que incorpore un enfoque sistémico para la realización de actividades socioeconómicas (CEPLAN, 2011).

Sin embargo, lamentablemente el Estado divide la naturaleza de sectores como agricultura, pesca, minería e hidrocarburos; asimismo la creación del Ministerio de Ambiente enfatizó esta contradicción. Los diferentes actores vinculados al tema coinciden en la falta de articulación entre los sectores del gobierno que administran los recursos naturales.

Para el Grupo Propuesta Ciudadana, el Estado es “desarticulado en su comunicación horizontal” con sectores como Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, y Economía que no dialogan entre sí (Glave et al, 2015). Asimismo, en su evaluación sobre el desempeño ambiental del Perú, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hace 66 recomendaciones siendo la primera “hacer efectiva la necesaria coordinación institucional, tanto horizontal como vertical, para mejorar la política y la gestión ambiental del país hacia el desarrollo sostenible, integrando visiones parciales y sectorialistas” (OCDE, 2016).

Existen ejemplos muy concretos de conflictos de toda índole causados por esta división. Entre el 35% y 40% de tierras agrícolas del Perú se superpone con algún tipo de concesión minera o de hidrocarburos. Algunas están sobre áreas protegidas, mientras otras se superponen a territorios indígenas titulados (Cuba, Bebbington, Rogan, & Millones, 2014).

Por otro lado, existen lugares donde la superficie ha sido entregada a concesiones forestales, mientras el subsuelo a concesiones mineras. Por ejemplo, esto sucede en el 74% de un territorio de 498,297 hectáreas localizado en Madre de Dios, donde hay hasta siete concesiones y/o petitorios mineros superpuestos (Grupo Estrategia Asociados, 2015).

Esta situación incrementa las tensiones entre minería formal, informal e ilegal con otras actividades como la forestal. La superposición de concesiones, recursos hídricos, tierras agrícolas y territorios indígenas sugiere la ausencia planificación y sinergia entre las distintas entidades responsables de la extracción y otras formas de uso y gestión del suelo.

En resumen, existe un problema en el corazón del Estado peruano: la falta de cooperación interinstitucional entre los sectores responsables de la administración de los recursos naturales. Esto se expresa en una limitada coordinación entre ministerios y niveles de gobierno, información especializada que no es compartida ni entre ellos, y una escasa articulación para la administración el aprovechamiento y la protección de los recursos de la naturaleza.

La Propuesta: El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

Un grupo de profesionales propuso la creación de un ministerio que agrupe a las entidades que regulan el uso sostenible de los recursos naturales; de esta manera se parte de un paradigma que es contrario al problema descrito: la naturaleza peruana es una sola y, por tanto, una sola entidad gubernamental sería capaz de articular los desafíos que la naturaleza enfrenta.

Es decir, utilizar los recursos naturales para el desarrollo integral, sostenible e igualitario del país, así como alcanzar el equilibrio entre las necesidades de la población y el respeto por la naturaleza. Esto debe tener un correlato en la explotación racional de recursos naturales, controlando los impactos negativos a la naturaleza.

Los impactos negativos, como la pérdida de suelos agrícolas y el desplazamiento de personas y animales, deben ser compensados con la generación de activos ambientales; por ejemplo, si una explotación consume agua, que se construya una presa con capacidad de cinco veces lo usado.

La propuesta buscaría simplificar y hacer más eficiente la administración sostenible de los recursos naturales del país, mediante la creación de una nueva entidad que integre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Pesquería y el Ministerio del Ambiente. Esta nueva entidad sería el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MIRNA).

Este ministerio abarcaría la gestión y administración de los recursos energéticos, mineros, hidrocarburos, hidrobiológicos, hídricos, agrícolas, agropecuarios y forestales del país, así como todas las actividades destinadas al manejo de tales recursos en el marco de la sostenibilidad ambiental establecida por la Constitución Política del Perú.

El MIRNA además contaría con una Oficina de Diálogo, Prevención de Conflictos y Participación Ciudadana que estaría subordinada a la hoy llamada Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. Esta oficina técnica respondería directamente al ministro y tendría la responsabilidad no solo de articular el diálogo y la respuesta integral del MIRNA ante las demandas de los actores sociales y económicos, sino también de planificar e implementar los espacios de participación ciudadana.

Con todo lo expuesto, desarrollando ampliamente el problema y proponiendo una propuesta de integración de ministerios, el partido Peruanos Por el Kambio tiene en sus manos una oportunidad de oro: posibilitar que los recursos naturales se conviertan en la mejor forma para eliminar la pobreza extrema y reducir sostensiblemente la pobreza. Veremos si asumen el reto.

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