Uso de los recursos del Estado contra el propio Estado, en las zonas rurales

Por: Rafael Valencia – Dongo Cárdenas
Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia


Los destapes del caso Lava Jato, vinculados a la corrupción generalizada, han puesto de manifiesto que la corrupción no es exclusividad de algún sistema de gobierno en particular, ya sea democrático o dictatorial, o en el que esté involucrado ideologías de derecha o izquierda.

Sin embargo, hay que señalar que los últimos destapes acerca de corrupción que ligan a una exalcaldesa, algunos parlamentarios de izquierda, momentos antes del descubrimiento se habían estado rasgando las vestiduras para mostrar que solo en la izquierda se podía confiar en cuanto a la honestidad y limpieza de sus acciones con los recursos públicos; además aseveraban que podrían acusarlos de ser deficientes administradores de la “cosa pública” (o bien común), pero nunca deshonestos administradores. La cruda realidad terminó envolviendo a políticos de derecha e izquierda dentro del mismo saco.

Quizás por ello los ciudadanos han pasado de estar resignados –roba pero hace obra- a estar más bien indignados, ahora no soportan que el sistema no permita filtrar previamente a los candidatos que esperan representar a los ciudadanos en la administración de los recursos del país y que tampoco pueda desincentivar o detener la tentación por usar los recursos públicos para beneficios personales. El sistema –perciben- no sirve de filtro o de cernidor de candidatos, ni después de fiscalizador y castigador. Entonces ¿para qué sirve? Al sistema se le pasaron los elefantes o quizás mamuts delante suyo; los descubrimientos de las inconductas funcionales no se han dado debido a la investigación de las autoridades peruanas, sino más bien a las delaciones en otros países que terminaron rebotando en el Perú.

En una intervención pública el 16 de noviembre de 2017 en el Instituto de Estudios Social Cristianos, el nuevo Contralor General de la República Nelson Shack Yalta, presentó la siguiente cifra: son más de 50,000 casos en los que la Contraloría ha construido un expediente donde pretende demostrar que algún funcionario del Estado ha incurrido en una deshonestidad o inconducta; sin embargo, también se puede apreciar que escasamente menos del 1% terminan en carcelería. Obviamente esta cifra no solo es desalentadora para el ciudadano, sino que además el ciudadano ve desde el balcón que el esfuerzo de los organismos de control se parecen más a una
gran coladera.

Las instituciones del Estado, tales como las municipalidades, gobiernos regionales, etc. ahora cuentan con recursos que los procesos industriales extractivos, como la minería, han incrementado significativamente en la última década debido al canon, regalías y otros que ahora gozan directamente las instituciones públicas de dichas zonas. Pese a que estos ingresos se han multiplicado, el personal y la presencia de los órganos de control brillan por su ausencia.

Además, en lo que se configura como esquizofrenia, en muchos casos las autoridades usan los recursos del Estado provenientes del sector extractivo, para luchar contra el propio rubro; así es bastante común apreciar que las mismas autoridades financian movilizaciones, paros, logística de los opositores, medios de comunicación, personal dedicado, etc. Se escucha decir “canon sí, mina
no”, esquizofrenia política.

A todo esto, el ciudadano sigue mirando impávido desde el balcón que no se puede luchar contra la corrupción; así que mejor resignarse. El ciudadano de las zonas rurales ve en su entorno que se están haciendo obras pero no sabe a qué precio, lo que sabe es que la autoridad y su par de amigos se han comprado nuevos vehículos y han mejorado sustancialmente sus propiedades; ve que la vecina ahora cobra de la municipalidad, no sabe qué hace ni cuánto le pagan. Ve que se ejecuta el canal de regadío, pero no sabe si este debe tener compuertas de acero o de lata; ve que se construye el colegio de la zona, pero no sabe si incluye el cerco perimétrico. Lo que sí observa es que todos los días el ejecutor de la obra y el supervisor de la misma se toman sus cervecitas.

El ciudadano de la zona rural no tiene a mano al funcionario de la Contraloría para expresarle sus preocupaciones sobre la obra, la fuente de financiamiento, el pago de servicios; además no conoce cómo es que se puede hacer una denuncia, dado que tiene una sospecha o un pálpito, por cuanto tampoco tiene a su mano los expedientes técnicos o la relación de servicios que se han concursado
para proveer a la institución pública de servicios de comunicaciones, movilidades, alojamientos, etc.

El ciudadano sabe que el alcalde es buena gente, pero no tiene conocimiento de dónde saca los recursos con los que se le da al poblador pan, circo y huelgas.

Si el ciudadano decidiese actuar ante una sospecha fundada, no tiene dónde hacerlo, dado que la Contraloría no está presente en la institución pública; aunque sí existe una persona encargada del control, pero es un empleado del alcalde.

Si el ciudadano sospecha de alguna intervención dolosa con los recursos públicos, no tiene forma de comprobarlo por cuanto no tiene acceso fácil y amigable a las cuentas de la institución pública.

Si el ciudadano decide poner finalmente una denuncia en la capital de la región, deberá primero ser consciente de que será sujeto a la intimidación de la autoridad (llámese alcalde, presidente de la comunidad o de la junta de regantes). La intimidación, generalmente física, se la harán a él o a sus familiares.

En consecuencia, el ciudadano decide resignarse a que se usen los recursos del canon, lo mejor que se pueda. Se instala el clásico “no importa que robe, pero hace obras”, la autoridad deshonesta sabe que la mejor forma de robar es hacer obras y entonces se instala una relación perversa, casi como entre una pareja de sádico y masoquista: mientras más sufren, más gozan. Peor aún, es que se instala en el ciudadano el síndrome de la desesperanza y la indefensión: “haga lo que haga, nada puedo lograr”, lo que tiene tremendas consecuencias cuando se trata de ver el futuro con optimismo a los cambios que genera el desarrollo. Todos sabemos que sin optimismo, el ciudadano está mucho menos propenso a aceptar cualquier cambio, inclusive los que redundarán en su propio beneficio.

Es por esa razón que en la versión 33 de Perumín del 18 de setiembre de 2017, tuve el honor de proponer en una conferencia denominada “Cómo estamos en Permisología: Permisos legales, tramitología y Permisos sociales, aceptación ciudadana”, donde entre uno de los acápites para lograr que no se usen los recursos del Estado en actos de corrupción o incluso en actos contra el propio Estado -como financiar manifestaciones violentas y paros que atentan contra las autorizaciones del propio Estado aunque del nivel del Gobierno Central – plantee que se constituya en todas aquellas provincias en que se autoricen inversiones significativas, quizás por encima de los 100 millones de dólares -que luego producirán ingentes recursos, vía canon, sobrecanon, regalías, vigencias, etc.- un sistema amigable para el ciudadano que permita al mismo gozar de la siguiente experiencia:

  • Ubicar con georeferenciación, desde su celular –similar tecnología a la que se usa en la aplicación Waze- las obras de infraestructura que está ejecutando el Estado. Es decir, el ciudadano se para en una calle y aparecerían de inmediato las obras que se están ejecutando, llámese pistas, veredas, canales de regadío, plazas, etc. Para ello, en todas las provincias en las que se espera una inversión superior a 100 millones de dólares, el Estado se preocuparía que, ya sea por iniciativa propia o en colaboración con los privados, que toda la provincia cuente con Internet.
  • Al hacer clic en la obra pública, se pueda abrir el expediente técnico, de modo que los ciudadanos puedan conocer los alcances de la misma. Así, el ciudadano sabría si la obra comprende, por ejemplo, en el colegio que mencionábamos antes, el cerco perimétrico o no.
  • Al hacer clic se pueda revisar el cuaderno de obra (que además no debiera ser escrito a mano como en épocas anteriores), para ver los avances declarados de la misma y por ende las valorizaciones.
  • Al hacer clic, se puedan visualizar los certificados de calidad y de valorización.
  • Al hacer clic, se pueda enviar una alerta a la Contraloría para que evalúe una posible intervención, a través de un portal web confidencial. Así se evitaría que la denuncia pueda ser luego desencadenante de intimidación física, al denunciante y sus familiares. Este portal debiera permitir interacción con el ciudadano, de modo que pueda estar al tanto del avance de las investigaciones, el cronograma de acción, etc.
  • Al hacer un clic, se pueda conocer interactivamente en qué se gastan los recursos del Estado: pago de servicios, pagos por propaganda, pagos por asesorías, pagos por limpieza pública, etc. a efectos de poder detectar pagos por servicios fantasmas.
  • Por último, al hacer un clic se pueda observar cómo evoluciona la ejecución del presupuesto y cuál es la principal fuente de financiamiento del mismo. No vaya a ser como cuando hace algunos años escuché de un ex dos veces alcalde de Tacna, decir en una intervención en el Parlamento -del cual era miembro- que lo peor que le había podido suceder a dicha región eran dos cosas: los chilenos y la minería, quizás ignorando que más del 70% de su PBI provenía precisamente de esas dos fuentes.

De lo que se trataría es que sobre todo aquellos sitios rurales donde están instaladas o pretendan instalarse grandes inversiones, el ciudadano pueda contar con un instrumento app – súper amigable que trabaje desde plataformas elementales como el celular- que le permita vigilar la acción de sus autoridades, en lo que se refiere al uso de los recursos y conocer la fuente de financiamiento de los mismos. Esta vigilancia debiera poder extenderse también a las Juntas y Comisiones de regantes que administran infraestructura pública y otras instituciones similares.

Grande y muy grata fue mi sorpresa cuando en noviembre de 2017, al planteamiento mío de esta herramienta de control que permitiría pasar de 9,000 funcionarios de control a varios millones de veedores ciudadanos, que no solo tendrían la herramienta legal para hacer las denuncias por corrupción en cuanto al uso de los recursos se refiere, sino y por sobre todo, tendrían las herramientas para ejercer presión social que impida que el vecino autoridad se convierta en un delincuente solo porque “en arca abierta, hasta el justo peca”; el Contralor General de la República me indicó que esta iniciativa estaba en plena construcción y que en 2018 sería presentada a la ciudadanía.

Cuando este hecho suceda, creo que todas las instituciones privadas debiéramos apoyar esta iniciativa estatal, aportando para que se instale Internet en los pueblos remotos de su área de influencia, poniendo locutorios públicos y gratuitos para que quienes no tengan un teléfono inteligente puedan acceder a la herramienta, difundiendo a través de cursos el uso de las aplicaciones, en las asociaciones de padres de familia, comités de vigilancia comunal, etc. Creo que todos debemos evitar que el uso de los recursos públicos que la actividad minera y otras actividades extractivas generan, se vea manchada por corrupción, frustrando a los ciudadanos que incrementaron sus expectativas respecto a que con mayores recursos se podría lograr un futuro con mayor calidad de vida. Así también se evitaría que el Estado luche contra el propio Estado, lo que se da por ejemplo cuando las municipalidades financian revueltas populares para oponerse a las actividades autorizadas por el Gobierno Central.

El Perú está atravesando por momentos complicados debido a los actos de corrupción, sin embargo cada momento difícil es también una oportunidad para relanzar nuestra fe de que podemos innovar con herramientas que nos permitan luchar frontalmente contra la corrupción, a través de la acción directa de millones de “veedores ciudadanos” que no solo posibiliten sorprender a las malas autoridades, sino que por sobre todo, la presión ciudadana impida la tentación del uso de los recursos públicos para intereses privados, reiteramos “en arca abierta hasta el justo peca”.

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