Permisos sociales para la convivencia armoniosa

Por: Rafael Valencia – Dongo Cárdenas
Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia


Muchas veces los trámites para el inicio de las operaciones de un proyecto, se realizan como meros checks de cumplimiento que sirven de poco en la práctica para sacar adelante el proyecto, que requiere de un “permiso social” para que pueda tener libertad de acción en su zona de influencia.

Los actores y sus roles en el proceso de aceptación social son:

  • El Estado, que establece las reglas de juego formales para la sociedad y que, además, usa los impuestos para generar igualdad de oportunidades y justicia social.
  • La empresa, que a través de un proyecto y mediante una serie de mecanismos formales explora y explota los recursos naturales, en conformidad con la reglamentación actual y la aceptación social.
  • La sociedad civil, ciudadanos que son beneficiados o afectados por el proyecto y que buscan evitar la contaminación ambiental, se preocupan por la buena administración de los recursos generados y por la transparencia en las condiciones de explotación, así como por la mejora en la calidad de vida.
  • Los opositores al proyecto, personas empeñadas en detener la inversión minera, con argumentos válidos o inválidos y, usualmente, con fines ideológicos o pecuniarios. Se está dejando de lado en este análisis a los personajes negociadores, por cuanto ellos no se oponen al proyecto, sino que tratan de conseguir las mejores condiciones para la comunidad.

Ante este escenario, el Estado permanece inactivo y, en el mejor de los casos, reactivo. La sensación común es la percepción de la carencia de poder para ejercer su autoridad y generar legitimidad a los permisos que otorga. Los principales rasgos de este comportamiento son:

  • Desorientación sobre cómo hacer para que sus decisiones sean respetadas.
  • Tiene instituciones desprestigiadas por la corrupción.
  • Se ve obligado a “negociar” con personas que no pertenecen a ningún partido político, institución o agrupación y con “frentes de defensa” legalmente inexistentes.
  • Tiene jueces, fiscales, alcaldes y otros actores del orden establecido, que están atemorizados o intimidados.

Por su parte, los colaboradores de las empresas tienen el comportamiento de quien se enfrenta a un entorno hostil para las inversiones. Ellos poseen la sensación común de que los permisos o consentimientos oficiales no les sirven en la práctica para iniciar la operación autorizada. Las principales características relacionadas con esta mentalidad son:

  • Sus líderes y empleados están desorientados y jaloneados por el ambiente político/pecuniario.
  • Sienten frustración porque quienes les dieron las autorizaciones los apoyan intermitentemente y son incapaces de generar el consentimiento para lo que se les autorizó.
  • No tienen la habilidad para “marketear” el proyecto, que les permita la aceptación del pueblo (las empresas extractivas no están acostumbradas a llevar adelante programas de marketing). Así, los ciudadanos los ignoran, los ven con recelo y perciben que no necesitan a la empresa.

El comportamiento de la población se caracteriza por “negociar” su consentimiento a cambio de supuestos beneficios, como trabajo y seguridad. Dicho grupo humano es, generalmente, presa de manipulación por las personas opositoras a la inversión. Los principales rasgos de esta mentalidad son:

  • La población está harta del establishment, es pesimista y está desesperada porque el Estado no le da soluciones.
  • Tiene un enorme deseo de cambio de la realidad (no necesariamente del sistema).
  • Ha migrado a las ciudades y abandonado a sus ancestros, regresa solo para las fiestas.
  • Quien permanece en su pueblo natal, suele tener una sensación de frustración.
  • Vive con ciertas frustraciones, desesperanzas e indefensión, lo cual anula la razón y les limita la posibilidad de ver la realidad que les conviene para mejorar su calidad de vida.
  • Vive con “desesperanza aprendida”[1].

Es un hecho el aumento del número de conflictos sociales en los últimos años, a medida que ha aumentado la inversión en minería, pero más que este aumento cuantitativo es notable el incremento en intensidad de dichos conflictos. Estos reflejan que los ciudadanos no han otorgado legitimidad a los proyectos de inversión minera.

El problema de los conflictos sociales tiene varias aristas desde donde puede ser aprehendido. En ellos hay pocas personas que manipulan a muchas otras, un gobierno ausente, un policía que muchas veces no cumple con su deber, la fiscalía y el poder legal atemorizados y que no actúan como corresponde, la empresa que demora demasiado en establecer relaciones positivas con la comunidad, entre otros.

Al analizar esta situación de antagonismo social, se evidencia que en el Perú y en muchos países del mundo la democracia representativa, tal como fue concebida, se encuentra en grave crisis[2]. En pocos términos, la democracia representativa implica que se elija a un representante, alcalde, congresista o presidente de la República, para que actúe por cuenta de la ciudadanía bajo determinados parámetros (leyes). Así, quien es elegido se convierte en el “representante de los intereses del ciudadano”.

Un aspecto fundamental de la democracia representativa es la confianza que uno debe tener en la persona que ha elegido. Sin embargo, aquí se percibe un problema: la ciudadanía no tiene confianza ni en el Congreso, ni en el presidente de la República, ni en ninguna autoridad o institución. Una democracia representativa no puede funcionar si los ciudadanos no confían en sus representantes, agrupados en instituciones.

Cuando existe esta falta de confianza surgen fenómenos sociales que buscan apoyarse en actitudes y prácticas que están fuera del sistema o de lo establecido. La campaña mediática que se hizo viral “chapa tu choro y déjalo paralítico” es un buen ejemplo, a pesar de promover un crimen. Su impulsora se convirtió en breve tiempo en un personaje más poderoso que el Ministro del Interior. Esto demuestra que la población no confía en la Policía, en la Fiscalía ni en el Poder Judicial, sino en una fuerza que está al margen del estado de derecho.

En este contexto de falta de confianza y crisis institucional, la comunidad es fácilmente conducida a levantarse enardecidamente contra el “enemigo” de turno, ya sea el Estado o la empresa minera. Para los ciudadanos cuyo territorio es susceptible de explotación minera, el Estado y sus instituciones no son una opción para exigir garantías de protección medioambiental y de salud. Ellos mismos, liderados por quien se arroga el rol de caudillo, se alzan para defender sus derechos.

Las posiciones políticas respecto al orden social del país están bastante analizadas y estudiadas. Así, frente a una economía social de mercado —que es la política que establece la constitución actual— se opone el socialismo del siglo XXI. Una, propugna el desarrollo desde el respeto y crecimiento de la propiedad privada; y la otra, desde la cosa pública. Los políticos de la segunda propuesta —la que no está vigente— realizan denodados esfuerzos por dirigir los comportamientos de la población de acuerdo con lo que piensan, utilizando todas las herramientas sociales, políticas y económicas de las que puedan disponer, y no siempre de manera “santa”.

En esta dinámica de oposición a la inversión, la manipulación es una característica común que se evidencia en diversas prácticas:

  • Uso del miedo (el miedo afecta la razón).
  • Uso de la intimidación (involucra el uso de la fuerza).
  • Uso de propaganda intensiva en medios locales.
  • Uso ilegal de recursos del Estado.
  • Uso de redes electrónicas nacionales e internacionales.
  • Aparición de falsos expertos ambientales (que usan la superstición y el engaño).
  • Uso de recursos de actividades ilegales (droga, tala, minería ilegal y actividades informales).

Además de estas prácticas, se debe tomar en cuenta que la población ya tiene un comportamiento con desesperanza aprendida que facilita que el temor se apodere de los ciudadanos.

La característica común y usual de este tipo de líder que se opone a la inversión, es que no tiene mayor preparación profesional y prácticamente no tiene nada que perder. Son personas que en muchos casos no tienen un historial de trabajo o desarrollo de obras por la comunidad; por el contrario, suelen tener un prontuario que incluye muertes y actividades ilegales. Muchas veces no tienen verbo florido; cuentan con capacidad de ofrecer un discurso elemental pero incendiario. Además, tienen la capacidad de reconocer cuando la ciudadanía está en un estado de indefensión o en un proceso de desesperanza, que los hace fácilmente manipulables y aprovechar la oportunidad.

Además de la falta de confianza y crisis institucional que permiten la reproducción de conflictos sociales, otra de las circunstancias es la falta de integración entre las diversas instituciones del Estado, que tiene un correlato en la desintegración social de un país que se caracteriza por la ausencia de proyectos de desarrollo englobantes y aglutinantes a nivel social, más bien se ve que cada quien jala agua hacia su molino.

Las iniciativas de integración local, regional o nacional, han demostrado ser exitosas pero insuficientes en la realidad local. Se requiere generar un cambio de paradigma para reconocer que el desarrollo de todos implica el progreso y bienestar personal.


[1] Es cuando la población adopta la convicción de que no es posible modificar la realidad y que las cosas se quedarán como están: “no vale la pena hacer algo, porque haga lo que haga nada cambiará”.

[2] Ver Varona Duque Estrada, Francisco, (1969) Crisis de la “democracia representativa” en América Latina, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 31, No. 4, Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Sociología, 1 (Oct. – Dec., 1969), pp. 893-908; además, se puede revisar la propuesta de Eberhardt para formar una democracia participativa, ver Eberhardt, María Laura, (2014). Democracias representativas en crisis. Democracia participativa y mecanismos de participación ciudadana como opción, Universidad de Buenos Aires.

Etiquetas: , ,