Para bailar Las Bambas

Hasta ahora, el recrudecimiento del conflicto entre Fuerabamba, MMG y el Gobierno Central ha generado las pérdidas de 300 millones de dólares en perjuicio de la minera, de 8 millones de dólares mensuales por concepto de regalías en detrimento de casi medio millón de personas, 83 municipalidades distritales del departamento de Apurímac y del propio Gobierno Regional, y el congelamiento de 1800 empleos directos y 10 800 indirectos. Por el momento, no hay tu tía.

Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe

El 4 de febrero de 2019, un sector de la población de la comunidad de Fuerabamba inició el bloqueo de un tramo del Corredor Vial Apurímac-Cuzco-Arequipa, ubicado a la altura del fundo Yavi Yavi, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cuzco. ¿La razón? La exigencia del pago de un peaje por cada vehículo de carga de la mina Las Bambas que utilice el corredor.

La declaración como vía nacional por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de una antigua vía comunal que cruzaba Yavi Yavi, de propiedad de la comunidad de Fuerabamba, nuevamente había encendido la mecha de un barril de pólvora que terminó explotándole en la cara a MMG, la compañía minera de origen chino concesionaria de Las Bambas, y al Gobierno Central. Sin duda alguna, la venta de la minera suiza Xstrata había dejado cola.

En efecto, el 13 de abril de 2004 Xstrata vendió Las Bambas a MMG en 5 850 millones de dólares. Para finiquitar la transacción, Xstrata modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina a solicitud de MMG, valiéndose para ello de una figura creada durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala denominada Informe Técnico Sustentatorio (ITS), mediante el cual, cuando se desea modificar un componente considerado como no significativo del EIA, no es necesario seguir un procedimiento de modificación del EIA, sino uno mucho más simplificado que bypasea los espacios de participación ciudadana.

El problema, sin embargo, es que la determinación de qué modificaciones se realizan a través de un ITS es altamente discrecional y, en el caso de Las Bambas, fue utilizado para eliminar la construcción de un mineroducto y, en su lugar, utilizar la vía terrestre para trasladar el mineral, con sus consecuentes impactos ambientales como son las vibraciones y el polvo que causan el paso diario de 300 camiones de carga de 400 toneladas de peso cada uno, a razón de doce por hora y uno por cada cinco minutos.

Precisamente  aquí es cuando el Gobierno, por medio de una intrincada operación de ingeniería legal, hizo realidad esta carretera, convirtiendo una vieja vía comunal adyacente a Yavi Yavi, perteneciente a Fuerabamba, en una vía nacional de uso casi exclusivo de la mina. En ella, el Gobierno invirtió aproximadamente 1 000 millones de soles en su ampliación, mientras que MMG costeó la elaboración del expediente técnico. ¡Una excelente exhibición de cooperación público-privada! Obviamente, la comunidad ni enterada de este cambio significativo. (¿Conflicto enteramente privado, Salvador del Solar? ¡Cuento chino!)

¿Cuál es la consecuencia económica y social de la modificación del EIA, del estatus de la vía comunal y del bloqueo de la carretera? Desde un enfoque microeconómico, las pérdidas de 300 millones de dólares en perjuicio de la minera, de 8 millones de dólares mensuales por concepto de regalías en detrimento de 450 000 personas, ochenta y tres municipalidades distritales de la región Apurímac y del propio Gobierno Regional, y el congelamiento de 1800 empleos directos y 10 800 indirectos. Desde un enfoque macroeconómico, el bloqueo está poniendo en riesgo el 20,7 % de la producción nacional de cobre, el 5 % de las exportaciones totales y el 1,07 % del Producto Bruto Interno (PBI).

En este escenario dramático, Stakeholders conversó con Marlene Anchante, directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Roger Merino, profesor investigador de la Escuela de Gestión Pública (EGP) de la Universidad del Pacífico (UP); Luis Oré, director ejecutivo de ORASI Consulting Group Peru; y Roberto Tello, gerente general de la Agenda 2030 para el Perú, con el objetivo de explicar y ensayar una solución para un conflicto que amenaza con convertirse en el Baguazo o el Conga del gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Daño económico y social

Según Marlene Anchante, directora del CARC de la PUCP, Las Bambas es un proyecto grande e importante para el Perú, que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar diversas situaciones de conflicto, algunos de los cuales han escalado a una situación de crisis y violencia.

«La presencia de conflictos a lo largo de un proyecto es algo que siempre se da y se dará. Lo que tenemos que hacer todos es tratar de evitar que esos conflictos escalen a crisis y a hechos de violencia como los que se está viviendo en Las Bambas, que ha cobrado la vida de algunas personas, aparte del impacto material y económico que está ocasionando», afirmó.

Para Roger Merino, profesor investigador de la EGP de la UP, conflictos socioambientales de gran envergadura como Conga, el Baguazo, Tía María y Las Bambas casi siempre tienen altos costos económicos, sociales y políticos.

«El conflicto en Las Bambas está en plena etapa de escalamiento y si las autoridades persisten en su estrategia de estigmatizar a los comuneros y minimizar la responsabilidad del Estado, entonces la situación puede empeorar trágicamente», advirtió.

Por su parte, Luis Oré, director ejecutivo de ORASI Consulting Group Peru, indicó que el conflicto en Las Bambas es un escenario muy complejo en el cual están perdiendo el Gobierno, la empresa y la comunidad.

«El conflicto en Las Bambas ha paralizado dos grandes obras en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac: el Hospital de Challhuahuacho, que está avanzado en un 70 %, y la segunda etapa de la obra de saneamiento de Challhuahuacho —que comprende la construcción de un reservorio de agua y una planta de tratamiento de aguas residuales—, en donde estaban en pleno movimiento de tierras para empezar el 12 de abril con el vaciado de concreto», relató.

A su turno, Roberto Tello, gerente general de la Agenda 2030 para el Perú,  consideró realmente preocupante la situación que se está experimentando en Las Bambas, en donde hay una inversión de más de 10 000 millones de dólares a la que se le han dado todas las facilidades para desarrollarse.

«Este conflicto pone en riesgo nuestra estabilidad económica y, por ende, nuestra estabilidad de riesgo país, fundamental para poder atraer nueva inversión minera. El Estado y la comunidad deben ver esto con gran preocupación, porque finalmente este problema termina afectando a cada actor involucrado en él. Esto tiene que solucionarse inmediatamente, porque de lo contrario nos va a terminar pasando la factura como país», declaró.

El papel evasivo del Gobierno Central

Marlene Anchante señaló que si nos ubicamos en este momento en particular, en lo que estamos viendo ahora, es decir, el periodo de crisis, lo que ocurre es que en realidad no solamente los protagonistas son la empresa minera y la comunidad, sino también definitivamente el Estado.

«¡El Estado está en el medio de la disputa también! De hecho, tiene un papel decisivo vinculado al tema de la conversión del camino comunal que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba, en una carretera de alcance nacional», explicó.

En tanto, Roger Merino se mostró totalmente en desacuerdo con la afirmación de que el conflicto es netamente entre privados, porque esto sería reducirlo a un simple problema de interés económico de algunos dirigentes que manipulan a los comuneros y/o la poca o mucha responsabilidad social de la empresa.

«En realidad, el conflicto tiene un componente ambiental, uno social y otro de política de desarrollo, en los cuales el Estado tiene mucha responsabilidad. El primer componente tiene que ver con la flexibilización de la normativa ambiental, representada en la simplificación del procedimiento de modificación de un EIA; el segundo tiene que ver con la forma cómo el Estado ha venido reprimiendo desde el 2015 a la gente de la zona que está reclamando por cuestiones laborales y por la forma en cómo se traslada el mineral; y el tercero tiene que ver por cómo el Estado está concibiendo el desarrollo de una comunidad cuyo tejido social es totalmente transformado por un gran proyecto de inversión», explicó.

Por su lado, Luis Oré señaló que si se enfoca el problema únicamente desde la perspectiva de que la comunidad quiere que le paguen una servidumbre por el pase por esta vía sobre el territorio que la empresa le entregó, sí podría ser que este problema sea entre la empresa y la comunidad; no obstante, el problema también pasa por cómo se ha hecho el cambio de clasificación de la vía.

«Ahí hay un procedimiento que ha sido de acuerdo a la directiva del sector correspondiente. Esto no es tan simple de decir que este tema es entre la empresa y la comunidad, porque este es un conflicto de dimensión social, dado que ha habido acciones y decisiones administrativas del Gobierno que nos ha puesto en la situación en la que estamos», precisó.

Asimismo, Roberto Tello dijo que todo conflicto social involucra siempre a los tres principales actores, en este caso a la comunidad de Fuerabamba, a la empresa MMG y de todas maneras al Estado, que cumple un rol importantísimo en fomentar la inversión privada, en dar las facilidades y en establecer una legislación apropiada, por lo cual no puede ser ajeno a un conflicto social.

«Esta debe ser una oportunidad para que el Estado, aparte de restablecer el Estado de derecho, busque nuevas oportunidades para ordenar el tema que corresponde a los fondos sociales por conceptos de canon minero, regalías, impuestos, inversión de Obras por Impuestos (OxI) y proyectos de desarrollo económico y social. El Estado no puede ser ajeno a este problema, que si bien puede tener un aspecto legal que involucra a dos privados, tiene un origen parcialmente público por su propia mano», subrayó.

 ¿Cómo bajar las revoluciones?

Para Marlene Anchante, en esta dinámica del conflicto en Las Bambas toca intervenir en la crisis, manejándola para evitar que esta escale a hechos de violencia, teniendo en cuenta cuál es el objetivo que se quiere para establecer la comunicación entre los involucrados y reconstruir la confianza entre todas las partes.

«Hay que retomar el proceso de negociación, pero ¿cómo hacerlo en situaciones de crisis? Eso se hace en base a gestos de confianza mutuos de los que están implicados. Solamente de esa manera vamos a bajar las tensiones y abriremos paso a la posibilidad de un diálogo objetivo, respetuoso y de buena fe, que deje de lado por su puesto las amenazas y confrontaciones agresivas», recomendó.

Por su parte, Roger Merino dejó en claro que las autoridades deben dejar de lado el discurso estigmatizador, alentado por malos periodistas y políticos, según el cual los comuneros son manipulables o extorsionadores.

«Los términos de la conversación deben cambiar radicalmente. Deben admitir que aquí el Estado ha fallado en los aspectos ambiental, social y de política de desarrollo, y debe proponer medidas concretas para abordar cada uno de estos puntos. Si en vez de enfrentar estas cuestiones con un diálogo verdaderamente respetuoso, se lleva la discusión a un plano estrictamente monetario, el conflicto podrá tener solución en el corto plazo, pero permanecerá latente», recalcó.

De igual forma, Luis Oré aseveró que los conflictos complejos no se pueden solucionar con una perspectiva puramente legal ni desde el ejercicio del poder, sino a través del diálogo, que puede ser indirecto,  es decir, mediante una negociación, o participativo, esto es, en donde intervenga un mediador o tercero neutral.

«En estos diálogos las personas hablan sobre sus intereses, preocupaciones, aspiraciones, temores y terrores. La cosa es cómo hacer para abrir los canales de comunicación para que haya un diálogo. En un diálogo, las partes deben verse como socios para generar confianza y desarrollo. Hay que tender canales de comunicación para diseñar un camino adecuado para solucionar este conflicto», destacó.

Por último, Roberto Tello fue enfático en que el Estado, la comunidad y la empresa dialoguen para definir planes de desarrollo territoriales con objetivos, fechas e hitos bien establecidos, y reconocer responsabilidades en el origen del conflicto, desterrando la idea de que esto es solo una simple entrega de dinero.

«Como a nivel regional y local existen los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), que en algunos casos están alineados con el Plan Bicentenario, resulta clarísimo que un actor que debe estar presente en la negociación es el Ceplan (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico). Ojo: la solución de este conflicto no solo pasa por dialogar, sino también por definir planes de desarrollo territoriales con objetivos, cronogramas y entregables bien establecidos», finalizó.