¿Puede el Estado resolver la inseguridad?

Jorge Melo Vega
– Presidente de RESPONDE

Hace varios años que venimos discutiendo sobre la inseguridad ciudadana y en el camino se han ido cambiando ministros del Interior, directores generales de la Policía, se ha incrementado el número de policías, sus sueldos, equipamiento, patrulleros, modificado el sistema laboral, incrementado las penas y se han acelerado los juicios si es que se les falta el respeto a los agentes del orden. Probablemente en los últimos años se ha hecho mucho más por la policía que en 50 años. Sin embargo, la delincuencia ha llegado a cifras inimaginables y hoy es el primer problema nacional.

Es inobjetable la incapacidad del gobierno para afrontar esta crisis y lo que no nos debe sorprender es que nos mostrará maravillosos indicadores de gestión en la mejora de la función policial, pero sabremos que eso no es cierto. Todos hemos tenido una experiencia de violencia próxima nunca antes experimentada. El tema se agrava más aún porque en el reciente proceso electoral hemos visto que todos los grupos políticos han insistido en asociar inseguridad con más y mejor policía; esto es más de lo mismo.

En un artículo anterior hemos insistido en la necesidad de generar incidencia, desde la sociedad, para abordar problemas ciudadanos que el Estado y las leyes no pueden resolver porque si es un tema de la sociedad, es ella la que debe actuar. El gobierno puede ayudar con esta problemática e incluso -si cuenta con el suficiente liderazgo- fomentar y facilitar, pero no podrá resolverlo si la propia ciudadanía no se hace cargo.

Miremos sino escenarios cotidianos en algunas zonas donde los delincuentes son protegidos por los propios vecinos: “si tú eres del barrio o vas acompañado por un vecino no te pasa nada” o en circunstancias donde llega la policía para detener a un sospechoso de algún delito y son los vecinos los que salen en defensa de “su delincuente” (incluso agrediendo a la autoridad). Lo que es peor, si el Estado actúa con firmeza y con excesos, por falta de la cooperación ciudadana y por sus propias limitaciones, se vuelve represivo y pierde legitimidad.

En contraposición a lo mencionado, hemos visto en algunas experiencias de aquí y afuera cómo es que los propios vecinos se cuidan, organizándose, formando cuadrillas y haciendo turnos de vigilancia para cuidar sus espacios. Pasean de día y noche, incluso a altas horas de la noche y ponen alertas a su serenazgo o policía sobre la presencia de personas sospechosas, salen a caminar o correr. Son vecinos que controlan el espacio público. Los delincuentes saben que en dichos espacios no pueden actuar y se van a otro lado o se abstienen de delinquir, que es la mejor opción para la sociedad. Esto es tolerancia cero frente al delito y sus operadores, la delación es lo cotidiano y no se es permisivo con nadie. No cabe el “es apenas un chico” ni el “no seas abusivo, solamente fue un celular”.

Es la oportunidad de las municipalidades para reencontrarse con los vecinos, hay distritos que están organizados por zonas o barrios e incluso con dirigentes zonales elegidos, los hay en distritos de bajos ingresos como en los de mayores ingresos: San Isidro, San Borja o Miraflores, con sus juntas vecinales. Se trata de capacitar y organizar estructuras existentes para emplearse en estos fines, en coordinación con la comisaría y serenazgo. No hay posibilidad que la delincuencia encuentre facilidades en estos nuevos espacios con rondas urbanas.

Pero hay siempre un riesgo para nuestras autoridades porque la organización ciudadana no siempre es bien aceptada cuando obtiene poder. Finalmente, es el abc de la ciencia política, una población organizada limita el poder absoluto del gobernante, sea este grande o pequeño.