Museo de la Mineria

Por Stakeholders

Lectura de:

Por: Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde

La gestión de la sostenibilidad es un tema transversal a toda la organización y no de acción social, ese es el postulado que escuchamos en nuestras tareas con mayor énfasis en los últimos tiempos. Sin embargo, son diversas las formas en que se operan los proyectos de responsabilidad social y debemos reconocer que existen circunstancias especiales, como las vinculadas a la comunidad para las empresas extractivas y también de tipo regulatorias, que obligan a las empresas a desarrollar iniciativas sociales, las mismas que no podemos encuadrarlas como acción social. Vale la pena revisar, entonces, con una nueva mirada estos casos sobre el desempeño de estas empresas en su relación con sus vecinos y comunidades.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de observar proyectos sociales en los que la empresa es el actor protagónico y ha tenido especial cuidado de involucrar al Estado en el acompañamiento del proceso. No olvidemos que en los casos de las operaciones extractivas es indispensable que las empresas cuenten con un Estudio de Impacto Social y Ambiental (EIA), en el que hay que levantar la información detallada de ambas dimensiones y explicar la forma que la empresa va a abordar estos potenciales impactos en los que se espera, más que una remediación, una compensación.

De allí que resulta peculiar que la mejor información sobre la situación social y ambiental de muchas regiones del Perú se encuentre en el Ministerio de Energía y Minas. Ese sólo dato nos indica el poco conocimiento que tiene el Estado sobre sus territorios y ciudadanos. Son las empresas extractivas las que proveen al Estado de la información detallada y sensible, información que luego se emplea para la fiscalización. La línea de base y el desarrollo posterior de las intervenciones corre por cuenta del operador.

Ante ese escenario se entiende mejor la posición que adquiere el poblador rural sobre el rol que le corresponde a la empresa y al Estado para impulsar su desarrollo social y económico. A ellos, quienes los conocen son los relacionistas comunitarios y los operadores sociales con quienes se vinculan cotidianamente. Son estos relacionistas, los que en el día a día conocen sus necesidades y expectativas: el nombre de su perro, cuantas gallinas y cuyes tienen y cómo se distribuyen los espacios en su vivienda. Esa proximidad no la llega a tener el Estado y por eso es que se logra conseguir relaciones de confianza entre la comunidad con la empresa.

Cuando escuchamos en algunas zonas sobre situaciones de conflictividad, estas no ocurren en el escenario de esta relación próxima, sino más bien se presentan en el segundo anillo de influencia; la ciudad, el espacio urbano, allí donde no se llega a generar estos vínculos de proximidad y existen actores políticos y económicos con otra agenda. Un caso es el de los pretendidos proveedores locales.

Pero volvamos a la relación. Lo objetivo es que en el espacio rural no existe el Estado y las empresas apoyan en sus zonas de influencia al desarrollo educativo, agrícola, ganadero, de empleabilidad de los comuneros, entre otras acciones; pero no con el interés de sustituir al Estado, sino más bien para mejorar la calidad de vida de los pobladores y ayudar al Estado local a desarrollar capacidades. De esa manera, son las empresas las que están atrayendo al Estado e incorporándolo en la relación.

Hemos notado que las empresas extractivas entienden cada vez mejor el rol que les compete y actúan en consecuencia, pero ahora su nuevo reto, es más bien, ayudar al posicionamiento del Estado. Buscan que la población lo acepte como autoridad y auténtico responsable del desarrollo de la zona. No es una tarea sencilla, ya que los pobladores que estaban acostumbrados a un vínculo más próximo con la empresa no confían mucho en esa nueva relación de ciudadano – Estado.

Resulta paradójico, pero es el Estado el nuevo invitado en la relación. Frente a un proyecto social exitoso y sostenible gestionado por la empresa en los últimos años y ante su inminente transferencia a la municipalidad, con los recursos y la experiencia ganada; el testimonio que hemos recogido es enfático: “que siga la empresa dicen”.







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