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Tecnología: Motor esencial de la inclusión de personas con discapacidad

Por Stakeholders

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Un significativo y poco favorecido sector de la población depende de la tecnología para desarrollarse humana, social y profesionalmente. Sin embargo, aún el escenario está bastante hostil y lejos de ser el más óptimo.

Por: Chriss Ríos
crios@stakeholders.com.pe

ESCENARIO SOCIAL

El Perú es un país del tercer mundo. Por esta razón, aún presenta un modelo incompleto de desarrollo que se enfoca solo en la estabilidad económica del país, sin darle la real y justa importancia a problemáticas de carácter estructural, como lo es la equidad en todas sus formas. De acuerdo con el ensayo de Héctor Lamas Rojas llamado “La situación de los discapacitados en el Perú: exclusión/inclusión de personas con discapacidad”, vivimos en un mundo de violencia imperante, el cual es producto de una crisis política, social y económica que, en consecuencia, castiga y excluye cruelmente a los sectores más vulnerables de la población, encontrándose entre ellos los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.

El planteamiento primario de la sociedad es que está construida para personas “normales”, sostiene Lamas Rojas, lo que a su criterio ya representa desde su concepción una lógica exclusionista que niega la calidad de las personas que resulten diferentes; quedando invisibilizadas y relegadas a una especie de “no ciudadanía”. La sobreprotección de esta gente, si bien cuida y aleja del sufrimiento, también termina por anular e impedir su desarrollo e independencia.

Alberto Casas Gerente General de Fais Perú.
Alberto Casas
Gerente General de Fais Perú.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EL PERFIL

Las personas con discapacidad son un grupo muy diverso. Pueden contar con deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales. Es decir, pueden estar conformadas por ciegos, sordos, personas en silla de ruedas, personas con Síndrome de Down, con autismo, con enanismo, etcétera. El real problema radica en que ellos enfrentan duras barreras sociales que no les permiten hacer pleno uso de sus derechos.

Esta realidad hace urgente un cambio de paradigma, el cual debe dejar de considerarlos una carga y comenzar a verlos como las personas con prioridad de derechos que son.

CARACTERÍSTICAS DE ESTA POBLACIÓN

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2015, en el Perú 1 millón 575 mil 402 personas padecen algún tipo de discapacidad, cantidad que representa el 5.2% de la población nacional. De este porcentaje total, el 52.1% (820.731) son mujeres y el 47.9% (754.671) son hombres, evidenciándose una mayor prevalencia de discapacidad en el género femenino.

Las ciudades de Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y la Provincia Constitucional del Callao, son las que presentan mayores porcentajes de poblaciones con discapacidad (por encima del 6.0%). En contraparte, Loreto, Amazonas y Junín registran las menores poblaciones con esta incidencia (por debajo del 3.5%).

Del total de personas a nivel nacional que tienen alguna discapacidad, el 64% estudió hasta primaria y el 22.4% hasta secundaria. Solo el 6.9% tiene educación superior universitaria, el 4.7 superior no universitaria y el 1.7 educación básica especial. En lo que respecta al área urbana del país, de la población discapacitada el 57.2% estudió hasta primaria, el 26.2% hasta secundaria, el 8.6% hasta superior universitaria y el 5.6% hasta superior no universitaria.

En el ámbito rural, hay mayor proporción de personas que estudiaron primaria (88%), un 9.2% alcanzó secundaria y solo un 0.9% alcanzó superior universitaria y un 1.4% superior no universitaria.

Según la condición de ocupación de esta población, los resultados indican que de cada 100 personas de 14 y más años de edad con alguna discapacidad, 22 se encuentran trabajando o buscando trabajo, es decir son parte de la Población Económicamente Activa (PEA); mientras que el 76.8% corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Un 1.5% no especificó su condición de ocupación.

En relación a los problemas que experimentan, el 29.3% tiene dificultades de ingreso y/o desplazamiento en establecimientos de salud. El 23% en paraderos, el 21.3% en mercados, el 18.9% en centros de rehabilitación y el 18.8% en bancos y entidades financieras. Asimismo, el 88% de personas discapacitadas a nivel nacional no recibe tratamiento.

Sergio Claux Director Ejecutivo de Fundades.
Sergio Claux
Director Ejecutivo de Fundades.

MARCO NORMATIVO

En el año 2008, el Estado peruano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD), el cual lo obliga a respetar, proteger y realizar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En términos legales, la norma de mayor importancia en materia de discapacidad es la Ley N 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad publicada en el 2012, que reconoce que “la persona discapacitada tiene los mismos derechos que el resto de la población”, y que el gobierno debe garantizar “un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación”.

Los derechos más relevantes reconocidos en esta ley son los siguientes:

  • El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por motivos de discapacidad.
  • A vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
  • A participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás.
  • A acceder, en igualdad de condiciones, al entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible.
  • A gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, así como a prestaciones de salud integrales y de calidad.
  • A recibir una educación inclusiva de calidad.
  • A trabajar con igualdad de oportunidades y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, incluyendo ajustes razonables.
  • A la protección social, incluyendo pensiones de orfandad, pensiones no contributivas por discapacidad severa, jubilación adelantada y acceso a programas de salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados.
  • Siendo este el fundamento legal establecido “sólido en apariencia”, surgen las siguientes interrogantes: ¿Se ejecutan realmente estas leyes? ¿Hay medidas y planes de acción que aún hacen falta para lograr una auténtica inclusión? ¿Cuál es el panorama actual que atraviesan estas personas?

SITUACIÓN ACTUAL

Sergio Claux, Director Ejecutivo de Fundades, alega que en el Perú se ha avanzado considerablemente en materia de inclusión de personas con discapacidad durante los últimos 15 años, sin embargo aún estamos lejos de tener el escenario más óptimo. Existe más accesibilidad en lo que concierne a espacios públicos, pero son pocos los distritos los que manejan estas acciones de manera articulada. “Como resultado tenemos que muchas personas con discapacidad quieren trabajar y llevar una vida autónoma, pero la ciudad no se los permite”, puntualizó Claux.

Al respecto, Sarah Moll, psicóloga organizadora de la Makeathon de la PUCP (evento que impulsa la tecnología en favor de la discapacidad), remarca que existen leyes en nuestra constitución que dejan en claro el derecho de personas con discapacidad a ser incluidas en todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo lo que es en extremo deficiente es la fiscalización y supervisión del cumplimiento. Es decir, hay teoría pero no práctica. Al igual que Sergio Claux, ella sostuvo que el Perú se encuentra encaminado, pero que aún falta un largo trecho por recorrer y agregó que si la sociedad no discriminara, la discapacidad simplemente no existiría. “Es la misma sociedad la que te vuelve discapacitado”, sentenció.

José Antonio Ísola Director de Sociedad y Discapacidad (SODIS).
José Antonio Ísola
Director de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

Alberto Casas, Gerente General de Fais Perú (empresa social que brinda soluciones inclusivas y sostenibles a las organizaciones), explicó que existen tres fases importantes que han atravesado las personas con discapacidad y que determinan su situación. La primera es la exclusión, en la que a hombres y mujeres de esta condición se les aislaba y ocultaba del resto o, en el peor de los casos, se les eliminaba. La segunda fase es la segregación, es decir, estas personas ya no eran aisladas sino agrupadas entre ellos, lo que dio lugar a la formación de las primeras organizaciones de personas con discapacidad.

La tercera fase es la integración y es la que, a criterio de Alberto Casas, estamos viviendo en la actualidad y que consiste básicamente en “admitir” que estas personas convivan junto a nosotros, derivándoles funciones y papeles específicos para ellos.

Lo que ha hecho la sociedad es confundir esta integración con la inclusión, puesto que no es lo mismo que un grupo de gente “esté dentro” de la sociedad (integración) a que verdaderamente “forme parte de” ésta. “El Perú aún no llega a la tan ansiada fase de la inclusión, la cual consiste en generar un sistema ciudadano que sea funcional para absolutamente todos: gestantes, niños, adultos mayores, personas con o sin discapacidad, etcétera”, manifestó el vocero de Fais Perú.

De igual manera, el Director de Sociedad y Discapacidad (SODIS), José Antonio Ísola, también sostuvo que si bien existen mejoras en el rubro, éstas son parciales y no totales. Sin embargo, él recalca un hecho muy relevante, y es que a su modo de ver las cosas, ha cambiado de manera muy positiva la actitud de las personas con discapacidad frente al sistema y a la vida. Él cuenta que hasta hace unos años, este grupo de gente pensaba así: “Yo tengo que recuperarme para llegar a tener las oportunidades que tienen los demás”. Pero hoy por hoy, ellos piensan: “la ciudad tiene que amoldarse a mí, no yo a la ciudad. Igualmente, mi centro laboral tiene que amoldarse a la forma en la que yo estoy en capacidad de trabajar”.

Fuente: INEI
Fuente: INEI
Fuente: INEI
Fuente: INEI

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Para Sergio Claux, la tecnología es una herramienta clave que genera que las personas con discapacidad interactúen mucho mejor con su entorno, siendo incluidos de una manera real y haciendo visible a la ciudadanía que la situación de discapacidad no es una barrera permanente ni invencible. Por su parte, Sarah Moll destaca la fructífera vinculación entre tecnología e impacto social, puesto que los talentos potenciados en las universidades pasan a generar cambios positivos en poblaciones vulnerables.

Lo que se hizo en la PUCP resulta bastante interesante. Esto se basa en la organización de la “Makeathon”, iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en el campus universitario y fusiona discapacidad con tecnología e inclusión social. Su propuesta de valor radica en el componente participativo, pues se incluye a personas con discapacidad como investigadores y guías del proceso, para que así las propuestas tecnológicas estén basadas en necesidades reales. “Más que desarrollar productos tecnológicos modernos, el objetivo es crear productos económicos, funcionales y accesibles”, puntualizó Sarah Moll.

Lastimosamente, tecnologías multifuncionales para este sector de la población, representan un costo bastante alto. Alberto Casas sostiene que en el Perú la situación de discapacidad es sinónimo de pobreza, pues la mayoría de estas personas no han tenido formación académica ni inversión en su desarrollo profesional, por lo que no son parte del sistema laboral y conforman el 77% de la Población Económicamente Inactiva (PEI), como indican las cifras del INEI. En pocas palabras, estas soluciones tecnológicas quedan fuera del alcance de ellos, dentro de un entorno ciudadano agreste y poco amigable que no les da las facilidades que, por derecho, les corresponden.

¿QUÉ DEBE HACERSE?

“El primer gran paso es que el gobierno comprenda que invertir en inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, disminuye notablemente los costos de programas de asistencialismo social y sobre todo, aumenta el PBI, pues estas personas estarían en capacidad de trabajar y aportar a la economía nacional”, planteó Casas. Para él es esencial entender también, que medidas como el establecimiento de semáforos sonoros, rampas, infraestructura amigable y tecnología accesible, les sirve no solo a las personas con discapacidad, sino a madres gestantes, niños, adultos mayores y a toda persona en general. “En esta transformación nadie sale perdiendo, todos ganamos”, enfatizó.

Por su lado, Sarah Moll manifestó que los prototipos funcionales que se desarrollaron en la Makeathon podrían ser de enorme utilidad para las personas con discapacidad, pero que la problemática empieza cuando estos deben ser comprados por empresas que los mejoren, les otorguen garantías y certificaciones de calidad. Hecho que generará un gran aumento en el precio y los ubicará en el terreno de lo inaccesible. Siendo así, lo que el Estado puede hacer es buscar la forma de subvencionar estos productos para abaratar costos, ya que al igual que Alberto Casas, Sarah sabe que la población con discapacidad pertenece, en su mayoría, a la pobreza y pobreza extrema. José Antonio Ísola siendo consciente de los altos precios de las denominadas “tecnologías inclusivas”, hizo ahínco en que, mientras esa situación persista, el Estado tiene la obligación de permitir que toda tecnología necesaria para personas con discapacidad, entre al país sin pagar un centavo de impuestos y aranceles.

“Si es que ello significa para una persona con discapacidad la diferencia entre salir a la calle o no, entre tener un empleo o no, será injusto y cruel que el Estado no lo esté facilitando”, señaló el Director de SODIS. En su opinión, si es que se quiere establecer una verdadera igualdad, debes darle los medios necesarios a los grupos que más carecen de ello.

Finalmente, todos los expertos coincidieron en que la solución más factible es el diálogo entre sector privado, Estado, academia y sociedad civil, enfocado en esta problemática puntual. El sector privado para contribuir económicamente, el Estado para subvencionar, generar proyectos y fiscalizar, la Academia para realizar investigación científica y la sociedad civil para darle consciencia y sostenibilidad a este cambio. En opinión de Sarah Moll, deben realizarse campañas de sensibilización, pero no con enfoque asistencialista y generador de lástima, sino con uno centrado en el fortalecimiento de capacidades, las mismas que no son mejores o peores que otras, sino que simplemente son distintas. La concepción de lástima hacia estas personas viene de la casa y de la escuela, por ello es que desde allí se debe iniciar el cambio.

SOBRE EL TRANSPORTE

Acerca del transporte público peruano, José Antonio Ísola puso de manifiesto su indignación. “Los microbuseros ven a una persona con discapacidad en el paradero y no paran. Hay pocos que sí lo hacen, pero las circunstancias que se generan son de mucha demora e incomodidad”, contó. Agregó que esa situación hace imposible que una persona con discapacidad trabaje, pues nadie le garantiza un medio seguro para ir y regresar del trabajo, sin que se gaste aproximadamente el 40% de su sueldo en el uso diario de taxis seguros.

“Las políticas de transporte inclusivo son nulas, y lo que a mí me enerva es que se están comprando buses nuevos y ninguno incluye un elevador. Nadie comprende que para establecer la igualdad se tiene que partir de algo tan básico como el transporte”, señaló Ísola.

Sarah Moll Docente de la PUCP.
Sarah Moll
Docente de la PUCP.

CONCLUSIÓN

Sergio Claux cree firmemente que las personas con discapacidad son parte de una temática social que requiere ser conocida desde una visión más real, humana y también técnica. No se debe luchar solo por los derechos de estas personas, sino que también se debe encontrar soluciones tecnológicas y sostenibles para ellos. “La tecnología es un catalizador de la inclusión y por ende es indispensable promoverla desde todos los ámbitos”, formuló Claux y acotó que en relación a la discriminación, hay que difundir en la colectividad, que si bien estos grupos tienen necesidades, también tienen fortalezas.

La cuestión, para Alberto Casas, es que todos los actores de la sociedad (Estado, empresa, academia, sociedad civil) esclarezcan de forma sólida los conceptos y entiendan que la inclusión (en todas sus formas) de personas con discapacidad es algo completamente rentable. “Invertir en accesibilidad y tecnologías es aumentar el PBI, reducir costos en programas de asistencialismo y sacar de la pobreza a estas familias, el argumento ya no solo tiene base humana sino económica, ¿hace falta algo más para convencerlos?”, planteó.

José Antonio Ísola, por su parte, definió al Perú como un país extraño que avanza aceleradamente en algunos rubros y que en otros se estanca completamente. Manifestó su queja contra el gobierno saliente de Ollanta Humala, alegando que fue de un total estancamiento y corrupción con respecto a este tema, e hizo pública su esperanza con el gobierno actual debido a que ve a sus miembros mucho más sensibilizados y dispuestos a ceder. “Igual hay que seguir con la concientización y hacerles saber a todos que nadie se encuentra libre de pasar por una situación así, y no te querrías ver a ti mismo o algún familiar pasando momentos tan duros en la lucha por hacer valer los derechos que, por ley, les corresponden”, culminó el Director de Sodis.

Las cartas están puestas sobre la mesa: Estado, Empresa, Academia y Sociedad Civil en conjunto, tienen en sus manos el logro de una sociedad inclusiva y próspera, la cual solo estableciendo como base de sus cimientos a la equidad, dará lugar al auténtico desarrollo peruano en todas sus formas.




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