Por Stakeholders
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Una economía pequeña como la del Perú, calificada así en términos relativos de la economía global, se ve sensiblemente afectada por los choques internacionales (p. ej. subida abrupta de las tasas de interés internacionales) y las tendencias globales (p. ej. digitalización de la economía por el cambio tecnológico). Los ciclos económicos de aceleración y desaceleración recientemente experimentados son prueba de ello.
Pero esto no resta efectividad a las políticas domésticas que se implementen. Por el contrario, no implementarlas deja al país sin márgenes de maniobra ante eventos externos no controlables. La tarea de un buen Gobierno es, precisamente, buscar que las personas disfruten de una mejor calidad de vida. Y las políticas públicas (económicas, educativas, laborales y de empleo) operan como medios hacia el logro de ese objetivo.
Si el medio que permite a las personas obtener los ingresos necesarios para vivir mejor es el trabajo, no queda duda de que este será central para la construcción de una imagen futura de país de cara al Bicentenario: un país con más trabajo decente, un objetivo sin duda lograble en el mediano plazo.
¿Qué significa más trabajo decente? Quiere decir más empleo formal, mejores ingresos, cierre de brechas de género, fuerza laboral con más, mejor y pertinente formación técnica. Significa también mayor productividad laboral, aparato productivo diversificado, pymes más integradas a cadenas de valor y con menores brechas de productividad respecto el sector más dinámico de la economía. Lo anterior, en un escenario de libertad sindical, de extensión de la negociación colectiva y mayor diálogo social, expresión, por lo demás, de organizaciones de empleadores y de trabajadores fuertes y con mayor posicionamiento.
Las diversas políticas públicas tienen un rol que cumplir en esa orientación, al igual que las políticas laborales y de empleo, que son las que concentrarán nuestra atención. Se podría decir que el mercado laboral se encuentra, hoy, en una suerte de equilibrio precario (con 73 % de empleo informal, p. ej.) pero mejor que hace quince años. Evidencia de ello es la disminución en cerca de nueve puntos del empleo informal —asalariado y no asalariado—. Hay un trecho por recorrer si se aspira a un equilibrio en el que la formalidad sea la característica típica del trabajo en el país. La Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una buena guía en dicha dirección y supone entender que la formalización empresarial y la laboral no son procesos lineales, ni determinados por una sola variable y, menos aún, necesariamente superpuestos y no reversibles. Lo complejo de su abordaje llama, necesariamente, a una política intersectorial que alinee incentivos y sanciones en el aliento de ambos procesos de formalización.
Avanzar hacia un país con más trabajo decente supone, también, poner atención a políticas laborales y de empleo concentrada tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda de las empresas. En el primer caso, la tarea crucial es reducir la inadecuación ocupacional y mejorar la transición de la escuela al trabajo, particularmente de las mujeres jóvenes. Es decir, buscar que los primeros empleos sean formales, ya que ello asegura una continuidad laboral en esas condiciones e institucionalizar un diálogo permanente entre las empresas y las entidades formativas para asegurar pertinencia en las competencias adquiribles por los jóvenes. Por el lado de la demanda de las empresas, la innovación, la formación para el trabajo y la diversificación productiva con valor agregado se convierten en elementos a reforzar y fortalecer.
Si lo anterior se permea con más y mejor calidad del diálogo social, se estará contribuyendo a la construcción conjunta de ese futuro con más trabajo decente: desafiante pero alcanzable.
