Por Stakeholders
Lectura de:
Por: William Campbell
Miembro del equipo gestor de Ayuda en Acción Perú
Una persona en condición de discapacidad tiene una gama de posibilidades para desarrollarse y cumplir un rol dentro de la sociedad, en la medida que reciba el apoyo adecuado en las distintas etapas de su vida. Desafortunadamente, según datos oficiales observamos qué de un universo de 1.6 millones de personas con alguna discapacidad, el 92% se encuentra en edad de trabajar, pero solo el 21.7% está inserta en la PEA (INEI, 2012).
En diciembre del año 2012 se aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973), que promueve entre otros temas, el acceso a personas excepcionales al mercado laboral. Desde entonces se esperaba un despegue en la empleabilidad de este grupo poblacional, pero a pesar de las obligaciones que recaen en las instituciones públicas y privadas a fin de que realicen ofertas de empleo y contrataciones, todo hace suponer que no hay mayores avances. Según la Ley N° 29973, las instituciones públicas están obligadas a contratar personas en condición de discapacidad en un número no menor al 5% del total de su personal; en el caso de empresas con más de 50 empleados en planilla, la cuota se reduce al 3%. El Estado ha brindado un tiempo de adaptación a la ley hasta finales del año 2015 y aunque recién se conocerán los resultados de las fiscalizaciones, según registros actualizados del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), solo el 14% de empresas inscritas acceden a su bolsa de trabajo para contratar a personas con discapacidad.
Hace falta mucho más que una cuota de empleo
Es evidente que una ley o las buenas intenciones de instituciones públicas y privadas no son suficiente para generar empleabilidad en las personas con condición de discapacidad. Erróneamente hemos trasladado la carga de este proceso a los empleadores, cuando se trata de una responsabilidad compartida que recae en varios actores, que tienen un rol y liderazgo que reforzar. El CONADIS vela por la integración social de la persona con discapacidad, pero también están las instituciones educativas que tienen que ampliar su política de inclusión y favorecer el acceso de niños y niñas con discapacidad, en la educación básica regular. En la etapa de juventud y vida adulta son los Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO), quienes deben tomar la posta para la formación técnica y ajuste de capacidades, con especial énfasis en las personas en condición de discapacidad moderada o leve, para su inserción laboral. La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS, 2012) evidencia limitaciones en este aspecto: 2 de cada 3 personas con discapacidad no han alcanzado ningún nivel educativo o apenas tienen educación primaria, mientras que solo 1 de cada 10 personas tiene estudios a nivel superior (universitaria o técnica).
Por otro lado, es vital reconocer a la familia y afianzar su rol de acompañar y empoderar a sus miembros con esta condición. Las empresas tienen un amplio espacio para invertir responsablemente en el fortalecimiento de habilidades emprendedoras o para la inserción laboral de personas con discapacidad, pero si todos estos actores no apuestan en conjunto por la inclusión social -en territorios urbanos y rurales- los objetivos que motivaron la creación de la ley jamás prosperarán. La sociedad civil en su conjunto debe consolidar su avance en los procesos de formación con grupos especiales de protección.
La Fundación Ayuda en Acción viene haciendo su parte desde hace 23 años junto a su aliado local Yancana Huasy, en San Juan de Lurigancho. Precisamente, Yuliana León, una joven beneficiaria de las 1,200 familias que atendemos con nuestros proyectos solía decir: “discapacidad no es falta de capacidad, sino que es hacer las cosas de manera diferente, y en determinadas tareas, hasta mejor”. Este pensamiento nos reta para cambiar estereotipos y hacer de esta comunidad tan empleable como el resto de ciudadanos.
