Por Stakeholders

Lectura de:

Javier Abugattás
– Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)

El año pasado se discutió el desafío de construir una Visión Concertada de país como paso indispensable para contar con políticas públicas y planes coherentes y factibles al 2021, 2030 y más. Es un camino difícil que exige actualizar políticas y planes de múltiple nivel en el contexto internacional de la Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas) y a las mejores prácticas como las de los países miembros de la OCDE.

El camino iniciado en agosto de 2016 con la política general de Gobierno, la revisión de tendencias al 2100 y escenarios contextuales de futuro se continuó el 2017 con la presentación al Foro del Acuerdo nacional de una pre imagen al 2030 para iniciar la búsqueda de acuerdos consensuados. Este proceso está en marcha a través de diversos mecanismos de consulta y diálogo social acerca de la Visión Concertada con sociedad, el Estado y los partidos políticos.

Javier Abugattás – Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento
Javier Abugattás – Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento

Los elementos para la Visión exigen integrar políticas económicas, sociales, ambientales y contar con la capacidad institucional para lograr los resultados que se propongan. En resumen los elementos incluyen: lograr que todas las personas desarrollen su potencial como seres humanos, gestionar los riesgos de desastres y el cambio climático, mejorar la competitividad y la calidad de empleo, lograr una sociedad pacífica y alianzas internacionales que aseguren esto. En este sentido, se requiere orientar las políticas nacionales sectoriales hacía la visión de futuro del país, articulando en el territorio las intervenciones en los tres niveles de gobierno a través de los planes de desarrollo concertado.

En la práctica esto debe significar cosas tan concretas como la erradicación la anemia (como un referente de evitar daños en el potencial humano), cerrar los déficits de infraestructura y calidad de servicios públicos en cada provincia del país y mejorar sustancialmente la productividad y la institucionalidad. En lo público esto también exige el seguimiento, evaluación y mejora continua en 2500 entidades públicas. Para el 2018, se espera que las 196 municipalidades provinciales hayan elaborado planes operativos que apunten a esos resultados definiendo acciones prioritarias y los costos necesarios para realizar esas acciones en colaboración con el nivel nacional, regional y local.







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