Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Casandra Llosa
Colaboradora especial de la Revista Stakeholders
La violencia contra la mujer es indudablemente un asunto público. Por lo que le corresponde al Estado enfrentarlo y al sector privado aliarse en esta tarea, es decir nos implica a todos. En el Perú, el 66.4% de mujeres ha sufrido algún caso de violencia psicológica ejercida por su pareja y el 33.4% de violencia física (INEI:2016). Ante este escenario nos preguntamos ¿Qué rol juegan las empresas en la lucha contra la violencia hacia la mujer?
Tal como indica el MIMP la empresa puede “promover la igualdad y la no violencia contra las mujeres dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno como parte de la Responsabilidad Social.”
En primer lugar, tengamos claro lo que consideramos como enfoque de género para el diseño de programas de Responsabilidad Social (RS): éste implica el reconocimiento y valoración de las diferencias de género, para así focalizar programas según cada género, a partir de sus limitaciones y potencialidades. Segundo, consideramos importante tener en cuenta el enfoque de integridad que “reconoce que la violencia de género es multicausal y contribuyen a su existencia factores que están presentes en distintos ámbitos: a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Lo que hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles.”
A partir de este marco conceptual, es medular contemplar en el Plan de RS programas para atender esta problemática. Primero, alguno específico de prevención y atención de casos de violencia contra la mujer y, luego, otros que promuevan la equidad de género de modo que brinden oportunidades para salir del circulo de la violencia, tales como proyectos de generación de renta, de desarrollo de capacidades y educación equitativa.
Así, un programa puede enfocarse en la lucha contra la violencia hacia la mujer en alianza con el MIMP, específicamente para contribuir en cumplir las metas que el Perú ha trazado para el 2021, particularmente las de reducir la violencia física o sexual ejercida por la pareja en los últimos 12 meses de 11.7% a 7.7%, así como la reducción del índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar dirigida a las mujeres de 54.8% a 51.6%. Cabe destacar que este tipo de programas ayudan a que las mujeres se encuentren en mejores condiciones para aprovechar plenamente del beneficio de otros programas sociales.
Además, es clave contemplar programas para el fortalecimiento de capacidades y generación de renta para las mujeres. Existen evidencias que la independencia financiera empodera a las mujeres tales como el estudio de caso del programa Juntos, donde se encontró que las “transferencias a los hogares tienen un impacto significativo en la reducción de la violencia doméstica y que el impacto se refuerza si la mujer percibe ingresos adicionales por trabajo remunerado” (Grade: 2014). Conclusiones similares se podrían lograr con programas de generación de renta, desarrollo de capacidades e inclusión laboral en el marco del plan de RS de una empresa.
Adicionalmente, es fundamental contemplar programas de educación que promuevan que las niñas concluyan la secundaria en edad oportuna, considerando que “a nivel global el 5% de las mujeres que han concluido la secundaria toleran la violencia, mientras que en quienes no han concluido el colegio la cifra se eleva al 65%.” (Grupo Banco Mundial: 2014).
El sector privado cuenta con la oportunidad de construir espacios y entornos seguros para las mujeres, a través de planes de Responsabilidad Social que tomen acciones concretas respecto a la violencia contra la mujer. Así lograremos alcanzar una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y solo así estaremos hablando de equidad de género y más aún de pleno desarrollo.
